El Gobierno abrió el paraguas ante un posible fallo de la Corte Suprema a favor de los jubilados con el argumento de que la decisión judicial que dará a conocer mañana el máximo tribunal respecto al índice de movilidad en los haberes estará “acotada a un caso”, el de Lucio Orlando Blanco. En ese tono, el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica afirmó que “eso no cambiaría las condiciones” y estimó que el dictamen "no debería tener impacto desde el punto fiscal y económico" en las arcas del Estado. 

En medio de los rumores sobre un potencial fallo adverso en la sentencia de mañana, Sica se refirió a la posibilidad de que la Corte cambie el índice y confirme un cálculo superior por considerar que el actual afecta el poder adquisitivo de los jubilados. “Pensamos que es un fallo que en principio estaría acotado a un caso individual y eso no cambiaría las condiciones sobre las que nos estamos manejando ni impactaría sobre las previsiones que tenemos respecto al equilibrio presupuestario”, puntualizó en conferencia de prensa al término de la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

Si bien afirmó que para dar mayores precisiones hay que esperar a la sentencia del tribunal, el ministro insistió: "Pensamos que es un fallo que en principio está acotado a un caso individual." Aunque no lo mencionó, estaba hablando del caso de Blanco, que podría marcar un antes y un después sobre los reclamos de actualización de haberes jubilatorios. En 2012, el hombre reclamó que se le aplicara una fórmula que la propia Corte había establecido para mejorar los haberes iniciales y que tomó como base el índice conocido como Isbic (Indice de Salarios Básicos en la Industria de la Construcción). Anses pretende en cambio que se valide el coeficiente de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Con este cálculo, la jubilación es alrededor de 60 por ciento inferior.

La sentencia que emitirá mañana la Corte impactará en todos los juicios en trámite en los juzgados de la seguridad social de todo el país que no tengan sentencia firme. Más de 7000 expedientes de jubilaciones ya tramitan allí. Mientras que los cálculos de especialistas apuntan a que en todo el sistema judicial habría unos 150.000 reclamos.

Casi un mes antes de la sentencia, el presidente Mauricio Macri se reunió personalmente con los jueces Carlos Ronsenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Todos los magistrados habían sido invitados, pero sólo se presentaron ellos dos. También participaron de esa reunión el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. El mandatario dejó trascender, a través de Garavano, que se trató de una reunión en el marco de la asunción de las nuevas autoridades.