Línea quemada
TRABAJO | Tras la declaración deThelma Fardín, las denuncias a la línea 144 se triplicaron. Si bien hay otros recursos estatales para contener a las víctimas de abusos sexuales y violencias machistas, los medios de comunicación replican exclusivamente éste, dependiente de la INAM y con competencia en toda la provincia de Buenos Aires. Lo que pocxs saben es que las trabajadoras de la línea viven persecución gremial y precarización laboral, es decir, las encargadas de atender a quienes llaman al 144 son ellas mismas violentadas por el Estado.

“¿Por qué no le hacés una torta?”, le dijo un policía a una mujer que denunció maltratos físicos por parte de su pareja y llamó a un patrullero como primera señal de auxilio que pudiera resguardarla. Mientras lo esperaba, encerrada en el cuarto de su hijo, prendió la televisión y vio el graph de la línea 144. Llamó y empezó a hablar con una operadora, una persona entrenada para contener y encausar la necesidad de alguien que sufre maltrato, que fue abusada, golpeada, insultada, acosada en la calle, en su casa, en el trabajo o en la escuela o lo está haciendo en el momento mismo del llamado. Y la operadora escuchó la llegada del patrullero, le pidió a la víctima que no dejaran de hablar. El oficial le preguntó brevemente a la víctima el motivo del llamado y después de un largo suspiro lanzó esa frase, como un puñal: “¿Por qué no le hacés una torta?” o lo que es lo mismo “¿por qué no nos dejás de joder?” Esto ocurrió la semana pasada, en el contexto de mayor demanda de la línea 144 desde el 3 de junio de 2015, cuando el grito colectivo de Ni Una Menos copó las calles de todo el país. De ese día, de esa semana, de ese mes, las trabajadoras que aún están en la línea no se olvidan, porque estallaron los teléfonos, pero desde que Thelma Fardin denunció a Darthes por una violación ocurrida cuando ella era menor, el fenómeno volvió a repetirse. Y las frases comunes volvieron a estallar en sus oídos. Como una suerte de recrudecimiento de las respuestas de las fuerzas de seguridad al constante descrédito y menosprecio a las víctimas. ¿Es verdad que siempre que se acude a una comisaría por violencia machista la respuesta es de este tenor? La mayoría de las veces bordea esta narrativa y las operadoras de la 144 (dependiente del INAM, con un presupuesto cada vez más magro para atender las violencias machistas que se cobran la vida de una mujer, lesbiana, trans o travesti cada día) pueden dar cuenta de esa revictimización. Pero como si fuera poco ser testigas de esas violencias, ellas mismas son violentadas. Las12 dio cuenta de la situación que viven desde 2016 el año pasado, pésimas condiciones laborales y un espacio de trabajo minado por obstáculos y empobrecimiento de recursos y este año que termina, no solo no mejoró sino que empeoró. A principio de mes, seis trabajadores fueron notificados de la no renovación de sus contratos. Algunas de estas personas tienen modalidad contractual monotributista y otras, planta transitoria. 

Malena Maturano, delegada del Instituto de Género y Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que es de donde depende la línea 144, y coordinadora de turno de la 144, cuenta a Las12 el recorrido de esta precarización que no da tregua. Maturano explica que se trata de una tarea que tiene un nivel de alto desgaste, que siempre hubo mucha rotación de personal y que también siempre hubo muchas demanda de las trabajadoras pero que la situación de acoso y persecución laboral comenzó a ocurrir desde la gestión de gobierno de Mauricio Macri, que cambió las autoridades de ambos organismos responsables de la línea. Sobre esa base de dificultad, más la de gestionar una línea que abarca toda la provincia de Buenos Aires con el caudal de llamadas que eso implica, es la tercerización de la empresa que emplea a sus trabajadoras. Alrededor de 70 operadoras de la línea telefónica (que son diez por turno y cinco en los turnos nocturnos) deben dirigir sus demandas a la empresa privada Provincia Net (del Banco Provincia) en vez de hacia su patronal real, la que les da órdenes laborales de cómo atender y cuándo trabajar, que es la Secretaría de Derechos Humanos. “Nosotras, las trabajadoras de la línea, tanto como les trabajadores de la secretaría en general, siempre cuestionamos esta decisión porque una empresa privada no puede entender de derechos de perspectiva de género ni de cuidado de las trabajadoras en esta tarea: piensa con una lógica económica y esto está atravesando este conflicto. Para el Estado esto no es efectivo en términos presupuestarios, porque el Estado ahora además de pagar el sueldo de las trabajadoras y del presupuesto para las mujeres está destinando una parte de su dinero a pagar el supuesto servicio que la empresa daría que es esta gestión del personal, la gestión del recurso humano, como dice ellos, así como la gestión de los insumos y la tecnología que usamos para atender”, explica Maturano. Si la secretaría lo hiciera directamente, con la oficina de personal que tiene, con los técnicos informáticos que tiene, en realidad el Estado se ahorraría toda esa tajada de dinero que se está llevando Provincia Net, y no se puede saber el monto exacto porque a las trabajadoras nunca se les permitió acceder al convenio que se firmó hace años, cuando debería ser de orden público. Ha habido legisladoras que han presentado informes pidiendo saber sobre la situación de la línea, como Florencia Saintout, Vanesa Siley y Fernanda Raverta, y aun así no han podido acceder a los términos exactos de esa negociación. En una maniobra que tiene el perfume al neo liberalismo del ajuste y flexibilización laboral, no es extraño pero no por eso menos desesperante.  

La línea empezó a funcionar con este formato tercerizado a partir de octubre de 2016. Lo que pasó durante este año, 2018, es que además de las operadoras de turno que ya estaban contratadas por la empresa privada, empezaron a estar contratadas también por Provincia Net las coordinadoras de turno, que son ocho. Maturanoes la única trabajadora de planta permanente en la línea telefónica en sí, y a partir de la última elección de junta interna tiene fueros gremiales pero en realidad la gestión pretendía que todas las coordinadoras de turno estén contratadas a través de Provincia Net. “Nosotras siempre resistimos la tercerización, y teníamos demandas de cuidado y de derechos laborales. Este año tuvimos una situación de crisis bastante importante porque para Semana Santa hubo muchas enfermedades que tenían un origen laboral y llegó a estar la mitad del personal de la línea con carpeta médica con distintas patologías que tenían que ver con el trabajo, muchas con problemas auditivos”. Las trabajadoras no tenían vinchas individuales sino que las compartían según el uso en cada turno, y eso produjo un contagio de distintas enfermedades entre ellas. Provincia Net quiso ahorrarse el insumo para su protección. “Resolver esto tenía un costo de 35 mil pesos, era muy barato para ellos pero no lo hacían. Según el discurso de la gestión, este es el tipo de cosa que tendría que solucionar la empresa privada, pero esto evidentemente no ocurre”. Por otro lado, el Equipo de Seguimiento de Casos, donde está el personal con más antigüedad en la línea, en planta permanente y con mucha participación gremial, es el equipo más aguerrido y con más posibilidades de disputar estas luchas. Ellas, que estaban en situación de monotributo, se sumaban a la lucha por la estatización de la línea, pero este año cuando tuvieron que renovarles el contrato, les comunicaron que no les iban a renovar porque ellas hicieron paro y la gestión entendía que había distintas concepciones en cómo había que atender a las mujeres en situación de violencia de género. “Las compañeras son extremadamente comprometidas y en todo caso pedir la estatización de la línea tiene que ver con el compromiso con la atención de quienes acuden a ella. La atención telefónica sería mejor si se entendiera desde la lógica de los derechos y de la política pública en vez de la lógica del lucro. Fue una situación clara de persecución gremial, con el objetivo de desorganizarnos, y de las cinco compañeras que fueron despedidas en ese momento logramos dos reincorporaciones y seguimos peleando pero tenemos claro que la tarea que estas compañeras hacían es necesaria: una de ellas es abogada y las demás son trabajadoras sociales. Y hoy la secretaría está haciendo una búsqueda interna en la planta del Estado a trabajadoras sociales para el Equipo de Seguimiento de Casos, pero a ellas no las quieren reincorporar, de manera que es claramente un caso de disciplinamiento, un meter miedo”. Cuando fueron los despidos, la secretaría se organizó, hubo permanencias pacíficas en el edificio, se hizo paro total, empezaron a articular con las organizaciones de mujeres, con otros espacios sindicales, hubo costos grandes también porque tanto el personal de planta como el personal tercerizado sufrieron descuentos muy grandes por hacer paro. “A las compañeras del fin de semana, cobrando 12 mil pesos por mes, les descontaron la mitad. Y fue muy difícil sostener la lucha con represalias tan grandes. La articulación con Ni Una Menos fue una manera de seguir en la lucha. Y con esto logramos las reincorporaciones.” 

El caudal de llamadas se triplicó desde la denuncia de Thelma Fardin a Darthes y aumentaron la cantidad de llamadas que tienen que ver con abuso sexual en la infancia particularmente. Aquello que antes se consideraba un drama individual ahora parece algo a colectivizar, a poner en palabras. Pero la 144 no es una línea específica de abuso sexual infantil como sí lo es la 102, sin embargo es casi la única que el Estado sociabiliza para difundir en los medios. “En la 102 también faltan trabajadoras. Es el Estado quien debería ocuparse de difundir las otras líneas y de llenarlas de recursos para que efectivamente funcionen porque entonces nosotras terminamos recepcionando nuestra demanda y la de otras líneas. Algo que muchas veces se mal informa sobre la línea es el envío de móviles: sí articulamos con el 911, que nos transfiere llamadas y acompañamos a la mujer en la espera del móvil e informamos sobre lo que el móvil tiene que hacer por protocolo, pero no somos la policía. Y otro error frecuente es pensar que la línea recibe denuncias. La línea brinda herramientas pero no es una línea de denuncia. En este momento nosotras podríamos tener 10 operadoras más en cada turno para contener la demanda. En este contexto, tal como pasó en 2015 con la explosión de Ni Una Menos, debería entenderse que hay una demanda que hay que responder en la sociedad, ampliando la línea” explica. 

  ¿Qué otras medidas de cuidado reclaman?

En algún momento tuvimos supervisión externa y es algo que reclamamos. Es una instancia que te permite trabajar las situaciones de de estrés laboral que se generan al trabajar con esta temática. Hoy no hay nadie. También está reducido el horario de lactancia que prevé la ley y no hay guardería ni lactario y el derecho de cuidado de familiar enfermo, las chicas no pueden tomárselo, les están poniendo peros aun cuando se trata de sus propios hijes, y son licencias relativas al cuidado que en nuestra sociedad patriarcal recaen sobre las mujeres y que nosotras reivindicamos que tienen que poder ser accesibles. Trabajamos en condiciones bastante insalubres, no hay ascensor por ejemplo.       

El miércoles los y las trabajadoras del INAM reclamaron la renovación de los contratos de todos los trabajadores que viven cada fin de año con la incertidumbre de qué pasará el año próximo. Bajo el lema “En el INAM no sobra nada” ponen el cuerpo por las violencias machistas pero además dan cuenta de la precariedad laboral de las  políticas públicas para asistir a mujeres, lesbianas, trans y travestis en situación de violencia. Si la calle estalla pero el Estado no acompaña, las herramientas de ayuda y contención se empobrecen al máximo.

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