En una sesión atravesada por tensiones y reclamos, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta aprobó el presupuesto para el ciclo 2025. La votación cerró con 21 votos afirmativos, 5 negativos y 2 abstenciones. Se rechazó la propuesta de continuar el debate en otro momento y postergar la resolución.
Con esta decisión, la UNSa contará con un total de $65.707.025.029,78 para cubrir gastos operativos y de inversión. Se prevé una revisión en agosto, la Secretaría Administrativa deberá elevar un informe sobre el déficit, que permitiría ajustar la asignación de partidas.
El pedido del estudiantado logró que se incluya de forma expresa la asistencia del merendero central en el rubro del comedor universitario. A su vez, por iniciativa de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Teodelina Zuviría, el rector Miguel Nina confirmó que se duplicarán los fondos destinados a prácticas curriculares, con el fin de fortalecer la formación que se vincula con el trabajo y los territorios.
Al finalizar la sesión, el rector expresó a través de un parte de prensa: “Hemos podido darle a la Universidad una herramienta institucional muy importante como es la distribución presupuestaria para el ejercicio 2025”.
“Tenemos una hoja de ruta que es fundamental. En este sentido quiero hacerle saber a toda la comunidad que vamos a seguir trabajando por la UNSa que queremos. (...) Hemos prometido tener un presupuesto, y hoy, después de dos años, lo tenemos", aseguró.
Disidencias
Desde el inicio de la sesión, la dinámica estuvo marcada por intentos de limitar el debate: una moción de orden impulsada por el decano de Tartagal, Carlos Manjarres, acotó la lista de oradores y redujo su tiempo a cuatro minutos por intervención. Esta decisión fue cuestionada por la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, Cristina Sanz, quien alertó sobre la imposibilidad de debatir profundamente un presupuesto en esas condiciones.
El debate también tuvo otras restricciones. Aunque dos dictámenes fueron elevados desde la Comisión de Hacienda, el segundo, de minoría, no fue leído al inicio y solo se le dio lectura por insistencia de Sanz.
"Me parece que es importante que conozcamos también el proceso que se dio en la comisión y el análisis que necesitamos antes de proceder a votar. Fundamento esto porque nosotros, quienes compartimos este dictamen, pedimos mucho más tiempo para analizar, para discutir, para revisar, y por lo tanto entendemos que antes de votar debemos dar un debate al respecto", dijo la consejera.
El dictamen de minoría proponía una redistribución presupuestaria con enfoque político y de justicia institucional. Reconocía el impacto del ajuste nacional, incluía el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, y reclamaba un abordaje equitativo frente al déficit salarial. Solicitaba dividir el Canon Banco Patagonia en partes iguales entre el rectorado y las sí, facultades, incorporar remanentes de obras y economías institucionales al Fondo de Emergencia sin comprometer partidas académicas, mejorar la asignación para contratados y centros estudiantiles, garantizar horas extras para funciones esenciales, y encomendar al rectorado nuevas gestiones que permitieran ampliar los recursos disponibles para atender necesidades prioritarias.
El desfinanciamiento "tiene nombre y apellido: Javier Milei"
“Es un momento muy difícil para la universidad pública, y cuando tenemos que salir a la calle a defenderla, salimos todos y todas juntas. Parece que queremos defenderla, pero a la hora de tener gestos verdaderamente de unidad, no los tenemos", manifestó Diego Maita, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), en su intervención. De esta manera cuestionó los cercenamientos a la participación y las negativas iniciales a leer el dictamen de minoría.
Asimismo, Maita denunció el tratamiento “exprés” del presupuesto, la falta de un tratamiento público y democrático y la falta de una explicación formal sobre el déficit proyectado. Criticó que no se haya explicado públicamente el origen del déficit de casi $1.000 millones en el primer cuatrimestre.
Maita propuso que se postergue la aprobación y se convoque a una reunión abierta para que toda la comunidad universitaria pudiera conocer el proyecto y evacuar dudas. Además, señaló que el presupuesto implica un recorte promedio del 23% en partidas no salariales, sin que se haya aclarado si ese porcentaje contempla inflación o no.
Un presupuesto "no es neutral", "ni aséptico", sostuvo. "No podemos presuponer por qué no tenemos plata. Hay que dejarlo explícitamente (...) ¿Por qué no hay plata? Tiene nombre y apellido. Javier Milei. Nada más", cerró.
"La situación que vivimos es dificilísima"
El consejero estudiantil Elías Rachuan expuso cómo el contexto económico hoy afecta al estudiantado, reclamó presupuesto y realizó también propuestas.
"La situación que vivimos (...) es dificilísima, es muy dura. No podemos hablar de de relación académica, no podemos hablar de relación política ni nada, porque lo primero que llega a la puerta del estudiante hoy es el hambre y nada más que eso", expresó.
Solicitó que en el ítem 5 del Anexo 5, donde figura “Comedor universitario estudiantil”, se incluya explícitamente el merendero universitario, para garantizar su continuidad en el segundo cuatrimestre. Señaló que esta política de bienestar se implementó desde la gestión anterior del rectorado y llegó a asistir a más de 600 estudiantes. Asimismo, adhirió a un pedido de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas para que se duplique la partida destinada a las prácticas curriculares.
Además, reclamó que se revise el monto asignado para los centros de estudiantes que en la actualidad es de $350.000 anuales, por considerarlo insuficiente para sostener actividades básicas.
El rector Nina respondió al planteo estudiantil, respecto al "tema de prácticas ya está el compromiso", sostuvo. Por otro lado, "para tranquilidad de Elías, en ese monto que está previsto en el presupuesto, según la información que a mí me dieron del área de presupuesto, estaría contemplado lo que es el sistema de merendero, para los centros y el merendero central", afirmó.
Preocupación de los trabajadores contratados
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se planteó darle la palabra a los trabajadores contratados de la UNSa. El rector había sostenido que por tratarse de una sesión extraordinaria no se podía tratar sobre tablas y propuso que le hicieran llegar una nota.
Sin embargo, la consejera Estela Picón insistió para que se les diera la palabra a los contratados, tras considerar que son uno de los grupos más vulnerables además del estudiantado. Tras su moción, el Consejo votó de forma afirmativa y habilitó la intervención de Mario Díaz, quien habló en representación de los contratados universitarios.
Díaz denunció condiciones laborales de extrema precariedad: pagos por debajo de la categoría no docente más baja, montos proyectados que no alcanzan ni para cubrir gastos básicos, y una reducción encubierta a través de asignaciones inferiores a las vigentes. Según especificó, solo en monotributo, pago de rentas y transporte, los trabajadores y las trabajadoras contratados/as gastan más de $102.000.
"Según la proyección, cada unidad académica podría contar con un máximo de ocho personas contratadas con un monto mensual que estuvimos calculando que sería inferior a los que nos pagan actualmente. Y este valor no solo es inferior a la canasta familiar, sino que también está por debajo del salario correspondiente en cargo de categoría no docente de categoría 7", dijo Díaz.
"Nosotros consideramos que esta situación no solo profundiza nuestra precarización laboral, sino que además desvaloriza el trabajo que realizamos cotidianamente", expresó y pidió que se vuelvan "a contemplar las condiciones necesarias para asegurar una retribución digna y acorde" a las responsabilidades que desarrollan.
El rector respondió que "este presupuesto no avanza con ninguna reducción de contratos". También explicó que habrá una continuidad del esquema habitual en que cada facultad administra los montos asignados.
"Usted debe saber que en el rectorado hasta hasta el 31 de mayo se pagaban $239.000 los valores de los contratos (...). Hoy están recibiendo otro monto con este presupuesto, pero no hay ninguna reducción. Acá el procedimiento era que se asigna a cada facultad un monto equivalente de contratos y cada facultad resuelve", dijo Nina.
Preocupación por horas extras y concursos
La secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa), Stella Mimessi, comenzó su intervención denunciando que se estaba “coartando, ajustando, la participación de la comunidad universitaria”. También señaló las responsabilidades del Gobierno nacional en el desfinanciamiento y consideró que el presupuesto es una herramienta política.
“Cuando en la universidad pública se decide poner 5 pesos más a un ítem de estudiante o 5 pesos menos a un ítem de estudiante, es una decisión política”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó los tecnicismos con los que se abordó el presupuesto y advirtió que la redacción del artículo 14 podría condicionar la posibilidad de pagar horas extras o continuar con concursos. "Si el argumento es que los cargos no están financiados, quiere decir que no vamos a poder llamar a los concursos debido a que se pondría en peligro este equilibrio. Simplemente quiero que el Consejo, la Comisión o el rector nos indique si se pueden pagar horas extras a los compañeros y si se pueden continuar con los llamados a concurso", expresó.
