Once millones de personas utilizan cada día el transporte público para viajar en el AMBA, la zona urbana común integrada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia, desde Campana, en el norte, hasta  La Plata en el sur, de acuerdo a los datos del sistema SUBE. El traspaso de los subsidios desde la Nación a las provincias y municipios alcanzará a 32 líneas de recorrido estrictamente porteño y muchas más provinciales: hay 256 colectivos exclusivamente bonaerenses y municipales.  Para sus usuarios, que utilizan los servicios primordialmente para ir y volver del trabajo, el traspaso de los subsidios tendrá un impacto seguro. La experiencia habla de un camino que desemboca en la reducción de frecuencia de las líneas de colectivos menos rentables  y en la consolidación de un modelo que dará lugar a nuevos reajustes de las tarifas.

Lo que está en juego son 4100 millones anuales en CABA y 25 mil millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, cuyo pago para este año está comprometido por esos distritos, pero que de cara al futuro habrá que ver si cada jurisdicción va a mantenerlos o disminuirlos progresivamente. Vale marcar que además del traspaso de subsidios, también hubo una reducción en el marco del ajuste presupuestario que el gobierno viene realizando desde la firma del acuerdo de consolidación fiscal con el FMI.

"Lo que estamos viendo hoy es que el impacto del aumento de las tarifas del transporte superó por mucho a la actualización de los salarios. Si se hace un seguimiento del boleto mínimo de colectivo, podemos ver que pasa de 8 pesos en marzo de 2018 a 18 pesos en marzo de 2019, lo que supone un aumento del 125 por ciento. Con respecto al arranque del año, cuando valía 6 pesos, el aumento todavía mayor: del 200 por ciento", señaló Federico Conditi, director de Transporte de la Defensoría del Pueblo CABA.

Para Conditi, "las subas del transporte no deberían definirse sin la previa realización de una audiencia pública para el área metropolitana, tal como se realiza en el caso de las tarifas de la electricidad y el gas, porque hay que evaluar la totalidad de los costos que supone el manejo de cada servicio y la formación tarifaria, que no puede pensarse de forma estanca, es decir sin considerar el impacto que va a tener sobre los otros medios. De hecho, cuando el colectivo decide aumentar también lo hace el subte, esto es lo que se acaba de anunciar. Nuestra preocupación es que aumentar las tarifas sin presentar costos hace que el entendimiento del proceso sea más oscuro, más obtuso, difícil de analizar. Por eso consideramos que así como se hacen audiencias públicas para la electricidad y el gas, debería haber audiencias públicas para las tarifas del transporte público en la región metropolitana".