La empresa brasileña Odebrecht demandó al Estado nacional por discriminación frente a otras firmas luego de que suspendiera a la compañía en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC). La compañía brasileña sostuvo que el Estado argentino la discriminó porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales ante la Justicia argentina.
La demanda de Odebrecht tiene como eje la suspensión que el gobierno nacional le impuso, a mediados de 2017, de manera preventiva en el registro que reúne a las compañías habilitadas para participar de la obra pública nacional. Según la información reproducida por el diario La Nación, esa sanción le impidió desde entonces competir en nuevas licitaciones basado en los casos de corrupción que las empresas protagonizó en Brasil y en los balances de la empresa, cosa que no habría ocurrido con otras compañías implicadas en casos de corrupción y defraudación al Estado.
Odebrecht se quejó de que mientras continúa suspendida el Registro no ha “generado hasta el momento ningún acto concreto” sobre las empresas involucradas en la causa por presuntas coimas en obras públicas que sigue el juez federal Claudio Bonadio por las confesiones de sus propios dueños y algunos de sus máximos ejecutivos y sostuvo así que el “doble estándar existente”.
En la presentación judicial, que tuvo su precuela en julio pasado con una medida cautelar solicitada en el fuero Contencioso Administrativo, Odebrecht reclamó que levanten su suspensión, le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública.
