En línea con la política de apoyo incondicional a las fuerzas policiales que viene manifestando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Ministerio que comanda creó el “Programa Restituir”, con el objetivo de restablecer la carrera, remuneración y reputación del personal que haya sido sobreseído o absuelto tras ser acusados de un “presunto exceso en el uso de la fuerza”. El miércoles, el mismo día que se publicó en el Boletín Oficial la resolución que puso en marcha el programa, Bullrich recibió a once efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería que fueron restituidos en sus cargos, algunos de ellos incluso sin sentencia firme, contradiciendo la propia resolución. La decisión levantó críticas en organismos de derechos humanos que advirtieron que la medida tiene como finalidad meter presión a la justicia y garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad. Para Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), uno de los peligros que entraña el mensaje es la creación de “cierto sentido común en la sociedad” de que el accionar violento policial “es correcto y que está bien”.
Del encuentro participaron, además de Bullrich, los jefes de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, y de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero. Bullrich explicó que con este acto se buscar “revertir una cuestión de fondo: el hecho de que un funcionario policial sea acusado cuando lo que hizo fue haber cumplido con su deber”. Y agregó: “En el transcurso de las causas, muchos padecen una disminución en las posibilidades de sus carreras, como ascensos”.
Los uniformados restituidos son diez miembros de la Policía Federal y un integrante de la Gendarmería Nacional que se vieron implicados en distintos casos entre 2000 y 2017. Los efectivos atravesaron procesos judiciales durante los cuales revistaron en servicio pasivo, según dispone la Ley para el Personal Oficial de la Policía Federal Argentina que, además, establece que durante el proceso judicial el personal bajo proceso cobre “el 50 por ciento del total de las remuneraciones correspondientes al servicio efectivo”.
El Programa Restituir (resolución 1015/2018), que estará bajo la órbita de la dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad, busca reestablecer la carrera del personal que “hubiera resultado sobreseído o absuelto con sentencia firme y sobreseído en la correspondiente investigación administrativa instruida por la Fuerza”.
Sin embargo, el programa incumplió sus propias normas en el estreno. Una de las uniformadas recibidas por Bullrich, Carla Céspedes, la mujer policía que mató en 2016 por la espalda a Ariel Santos, un ladrón que desarmado intentaba huir en su moto, no tiene sentencia firme. La madre de Santos, Adriana Rodríguez, confirmó a este diario que su abogado apeló el fallo del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital que en noviembre pasado absolvió por mayoría a Céspedes. En ese fallo, la jueza Beatriz Bistué de Soler, consideró que la policía debía ser condenada, no dio por probada la situación de amenaza que dijo escuchar Céspedes, que la habrían llevado a disparar cinco veces. Y calificó la conducta de la mujer policía como “constitutiva del delito de homicidio doloso cometido en exceso del ejercicio de su cargo y del cumplimiento de su deber”. Además del recurso de Casación de la querella, el fiscal Fernando Klappenbach también recurrió el fallo.
La nueva herramienta administrativa, de la ministra que tiene como bandera la doctrina Chocobar, entró en vigencia un mes después de que implementara un nuevo protocolo para la utilización de armas letales destinado a las fuerzas federales de seguridad, que legaliza el gatillo fácil policial.
Para la abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, el Programa “va en el mismo sentido que la resolución 956/18 que habilita el gatillo fácil, y con lo que viene haciendo Cambiemos con el caso Chocobar. Quieren dar un mensaje bien fuerte a las fuerzas de seguridad: hagan lo que les decimos que estamos para bancarlos. Y para disciplinar al Poder Judicial, aunque no es a través de los diarios que operan sobre este sector sino de sus operadores. Pero al igual que con la habilitación de las armas de fuego, lo que hacen es poner en papel lo que vienen haciendo. El policía Chocobar fue reinstalado en sus funciones pese a que va a juicio este año. En todo caso, lo que viene diciendo Bullrich, y que es política del gobierno, es asegurarles a las fuerzas de seguridad que no van a tener consecuencias por su accionar”. Un mensaje que resulta preocupante en un país que, según el último informe de Correpi, durante el gobierno de Cambiemos murió una persona cada 22 horas por balas policiales.
Según Cipriano, el nuevo programa es “una expresión que tiene que ver con la perspectiva ideológica de la ministra. Es coherente con todo lo que viene haciendo, actuando en favor de los intereses de los miembros de las fuerzas de seguridad y justificando la violencia. Es un mensaje claro de apoyo al despliegue policial en los territorios sin importar si es legal o no, estimulando la violencia”.
“El problema es que se parte de apoyar de forma incondicional el accionar policial. No es una perspectiva de respetar los derechos humanos. También es una política de presión judicial, como los discursos del presidente y de Bullrich que van en ese sentido. Chocobar es el caso más claro, está procesado por una resolución de la Corte y lo bancan para generar impunidad”, agregó.
“Bullrich, contra lo que piensan muchos, trabaja muy bien lo simbólico para crear un cierto sentido común, que considera que el accionar violento está bien. Y no sólo hay un mecanismo burocrático sino que hay una decisión política para que estos cuadros policiales vuelvan a la institución”.
