Cuatro años de gestión económica de la alianza Cambiemos
La saqueada herencia
El gobierno de Macri ha comprometido la soberanía política y la independencia económica por una deuda que alcanzará casi el tamaño del PIB, con vencimientos de corto plazo que condicionarán el futuro gobierno.
Mauricio Macri, presidente de la Nación.Mauricio Macri, presidente de la Nación.Mauricio Macri, presidente de la Nación.Mauricio Macri, presidente de la Nación.Mauricio Macri, presidente de la Nación.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. 
Imagen: Leandro Teysseire

Argentina se aproxima al cierre institucional del primer período de la Alianza del PRO, la UCR y otros partidos menores, con un gobierno sumido en una profunda crisis, sólo mitigada en la apariencia por el control mediático de la agenda pública. Su crisis se expresa, en parte, en la frecuencia con la que han cambiado las autoridades de diferentes espacios de la administración pública que, con independencia de la idoneidad de sus funcionarios, tiene directa vinculación con el eclecticismo de su política internacional. 

A nivel mundial, han carecido de una visión estratégica que permita leer el conflicto principal, pasando de apoyos explícitos a la globalización financiera, incluyendo un público e inusual apoyo al Partido Demócrata de Estados Unidos, hasta las elecciones presidenciales. Luego, han pretendido una aprobación por parte de la actual administración estadounidense, como así también de China. El gobierno no ha sabido, entre otras cuestiones, conducir a nivel local esas relaciones globales de fuerza y ha quedado a merced de la inestabilidad mundial de esta época, con severas consecuencias para el país. Vale imaginar entonces qué dejará su paso por la conducción institucional del Estado para dimensionar la magnitud de los problemas en el futuro próximo.

Saldo

Con independencia de una mejor evolución de algunas pocas variables económicas durante 2019, es claro que el período cierra con:

  • Déficit fiscal global (incluyendo provincias) de 12 puntos del PIB.
  • Déficit externo de cuenta corriente anualizado mayor a 30.000 millones de dólares y más del 5 por ciento del PIB.
  • Niveles de consumo y de inversión en declive.
  • PIB global en dólares un 8 por ciento menor al de 2015. 

En resumen, en estos cuatro años de gobierno se habrá visto comprometida severamente la soberanía política y la independencia económica, fundamentalmente por una deuda que alcanzará casi el tamaño del PIB con vencimientos de corto plazo que condicionarán el margen de maniobra del futuro gobierno. 

Todo ello, sumado a una fuerte caída de los ingresos de la población de menores recursos con pérdidas del salario promedio del sector privado de aproximadamente 22 puntos respecto de 2015 y de jubilaciones y pensiones del 18,5 por ciento. 

Así, se conjuga una regresiva redistribución del ingreso que se suma a la fuerte caída del PIB per cápita que es de un 50 por ciento si se compara 2018 contra 2017. La inflación acumulada será cercana al 200 por ciento, el alza del tipo de cambio rondará el 300 por ciento, y la fuga de capitales sumará aproximada unos 60 mil millones de dólares.

Esto es lo que luego se expresa en las tasas de pobreza e indigencia que, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, alcanzan el 33,6 y 6,1 por ciento, respectivamente, siendo éstos las cifras más elevadas de la década. Son 1 millón más de desocupados que hace apenas tres años y probablemente empeore en 2019, como también, unos 13,6 millones de personas sumidas en la pobreza.

Improvisación

Evidentemente, la eliminación de la emisión monetaria como modo de financiar el déficit existente y la apertura de importaciones no resultaron herramientas efectivas para combatir la escalada de precios. Por el contrario, la dinámica inflacionaria se agudiza impactando sobre la producción, el poder adquisitivo y el empleo.

El valor del dólar, el precio de los combustibles, las tarifas y la tasa de interés arrinconan la tasa de ganancia de los segmentos productivos, principalmente de aquellos que dependen del mercado interno. Si deciden elevar los precios para no perder rentabilidad, se quedan sin demanda dada la merma en el poder adquisitivo. Si no lo hacen transfieren toda su plusvalía a aquellos segmentos muy ligados al poder político. 

Aún con una inflación proyectada del 30 por ciento para el año próximo, las tasas continúan cerca del 60 por ciento anual, ahogando al sector productivo y con la alarma encendida permanente de una nueva corrida del dólar. 

Como resultado de este proceso, el corazón del agregado de valor, la industria manufacturera, vio cerrar sus puertas a más de 10.000 pymes y destruirse más de 107 mil puestos de trabajo industriales. En la medida en que el desempleo crece, y crece aún más en los sectores productivos, más cae la creación de riqueza, demostrando la vigencia de la teoría clásica del valor, que bien podría servir de guía a la improvisación de encumbrados funcionarios.

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En suma, la desconfianza del mundo se acrecienta, complicando aún más el contexto nacional. Pasada la fiesta del G20, la economía mundial considera que Argentina entrará en cesación de pagos: el riesgo país ya superó los 800 y el gobierno comienza a suspender los programas de obras de Participación Público-Privada (PPP), casi la única herramienta con la que la Alianza Cambiemos buscaba reactivar la economía. 

En cuanto a la y la “cosa más simple”, la inflación, será la más alta de América del Sur, luego de Venezuela. Justamente serán Argentina y Venezuela los únicos dos países en América del Sur que registrarán caídas consecutivas en su actividad económica en 2018 y 2019, visibilizando que el complejo internacional no es suficiente para justificar la preocupante situación económica que atraviesan ambas naciones. 

La evidencia histórica es contundente. Los actores locales e internacionales, políticos, económicos y sociales lo saben: el mismo gobierno (que autogestó los problemas que dejan una herencia saqueda), no puede ser quien los resuelva. La profundización de la crisis económica y social va trascendiendo a la órbita político-institucional. Por eso, el gobierno intenta adelantar elecciones en la provincia más castigada por el ajuste 

* Economistas.

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