El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)junto al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y la Fiscalía General de Chihuahua anunciaron ayer la identificación de restos de 15 personas desaparecidas en la ciudad de Cuauhtémoc, el estado de Chihuahua entre 2007 y 2015. Por la mañana hubo una ceremonia dedicada a los familiares en el auditorio municipal y por la tarde Mercedes Doretti, miembro fundadora del EAAF, el fiscal César Augusto Peniche y el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado ofrecieron una conferencia de prensa. 

La investigación comenzó hace dos años luego de la firma de un convenio entre el EAAF, el Cedehm y la Fiscalía de Chihuahua, que previamente había encontrado en 43 contenedores restos óseos severamente multifragmentados. Los primeros desaparecidos se registraron en 2007, a los se sumaron varios más a lo largo de los últimos años. El pico más alto fue en 2011, algo que Olaya Dozal, madre de una niña desaparecida, relacionó con la falta de gobernabilidad de aquellos años. En conversación con PáginaI12, Olaya denunció la impunidad de las bandas de crimen organizado que explicó que actúan, por lo general, por ajuste de cuentas o incluso porque se confunden de personas. Además destacó que la mayoría de los desaparecidos son jóvenes. “Es el grupo más vulnerable, y además el más visible”, reflexionó. 

Tanto la antropóloga Doretti como Dozal destacaron el compromiso del gobernador Jurado en la búsqueda de justicia. “Es un logro de las familias, de la agrupación del Cedehm, del equipo argentino de antropología forense y también del gobierno que por primera vez hizo lo que tenía que hacer. Antes de su llegada, en 2016, nosotros no hacíamos más que buscar y tocar puertas pero no conseguíamos apoyo en el estado”, relató Olaya. 

En los últimos años en la ciudad de Cuauthémoc se denunciaron 500 casos de desaparición forzada. Sin embargo la investigación que lidera el equipo argentino está en la búsqueda de 140 personas y para ello analizó 43 contenedores con los restos que encontró la fiscalía y que los forenses confirmaron que estaban severamente afectados por el calor. Por este mismo motivo, relató Doretti, las muestras fueron analizadas en el laboratorio de Genética Forense del EAFF en Córdoba porque se especializa en muestras degradadas, muy fragmentadas y alteradas por el calor. “De estas muestras es muy difícil obtener el ADN”, lamentó. 

El material óseo y las cenizas fueron encontradas en los contenedores de tres ranchos: Dolores, Mortero, y Brecha El Porvenir, que fueron utilizados como centro de inhumación clandestina por integrantes del crimen organizado. De allí se lograron analizar 163 muestras que ofrecieron 117 perfiles genéticos correspondientes a 29 perfiles destinos. Con esto los antropólogos pudieron asegurar con certeza que en esos tres ranchos estuvieron al menos 29 personas. En un siguiente paso compararon los perfiles con los de los familiares y ahí lograron empatar los datos y dieron con la identificación de 15 personas, todos hombres. 

La investigación se extendió a lo largo de dos años e implicó la revisión de archivos, localización de familias recolección de datos físicos en cada caso, así como la toma de muestras de para análisis genéticos de 363 de sus familiares, según explicó Doretti en la conferencia.  “Para nosotros la identificación de restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos es la vuelta a la sociedad de las personas desaparecidas. Al sacarlos de las fosas clandestinas podemos darles un entierro digno con sus familiares y con su comunidad. Además estamos aportando evidencia para el sistema judicial. Somos forenses por lo tanto somos técnicos pero tenemos en claro que trabajamos para ayudar a identificar vidas de los desaparecidos”, concluyó Doretti, pero sin antes agradecer y renovar su compromiso con las familias que aún esperan justicia: “También nos falta dar respuesta a las 135 familias a las que no encontramos. Quisiera agradecer a las familias de los desaparecidos de Cuauthémoc, al Cedehm que nos trajo aquí y que también confió en nosotros y en la fiscalía del estado. Hace 14 años que nosotros trabajamos en México y tenemos que reconocer cuando el trabajo forense puede realizarse con apoyo del estado”, finalizó. 

La mañana de ayer, los familiares se reunieron para despedir y homenajear a los 15 desaparecidos. “Tengo sentimientos encontrados. No podemos decir que estamos contentos pero si agradecidos. Porque este antecedente marcó el camino. Son muchos para nunca haber logrado nada pero pocos por todos los que faltan”, consideró Olaya. 

Al tiempo que el auditorio municipal se iba llenando, los familiares prendieron velas y dejaron flores junto a las fotos de los desaparecidos. Más tarde se celebró una misa a la que asistieron todos los miembros del colectivo de derechos humanos y funcionarios de Chihuahua. “Vivir en Cuauthémoc es vivir en la inseguridad constante, en la zozobra y en la preocupación. Es tremendo no saber si tus hijos van a volver o no de la escuela”, relató Olaya y agregó que a pesar de la buena intención que ve en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, considera que la inseguridad está muy arraigada y que será difícil de revertir la situación. A menos de un mes de su asunción el nuevo mandatario anunció la creación de una Comisión de Investigación para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, una decisión que fue bien recibida por los familiares que durante años denunciaron la complicidad del estado con grupos narcotraficantes. La desaparición forzada en México es una práctica que tiene larga data. Comenzó a finales de la década del 60’ bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Según señala la politóloga  Pilar Calveiro, en aquellos años habría sido un práctica incidental que luego se convirtió en una acción sistemática de Estado entre 1974 y 1978 años que coinciden con la conocida “guerra sucia”. Desde entonces la desaparición se sostuvo consistentemente. En 2088 tuvo su primer escalamiento en las cifras con la intervención militar en la guerra contra el crimen lanzada por el ex mandatario Felipe Calderón. Y el segundo aumento de las cifras se dio a partir de 2013 con la llegada de la administración del saliente presidente Enrique Peña Nieto, donde los números aumentaron un 40 por ciento. Y si hay algo que atraviesa la historia de las desapariciones es la falta de registros y una base de datos completa. Esta misma semana, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) anunció que el número de personas desaparecidas ascendió a 40 mil 180, 2 mil 695 más que hace tres meses. Al respecto, Roberto Cabrera, responsable de la CNB señaló que la situación es preocupante y que tienen dudas acerca de la exactitud de los datos disponibles al tiempo que alertó sobre procesos de búsqueda y entrega de restos que se hicieron mal de origen. “En muchas entidades se han entregado familiares que no corresponden”, dijo Cabrera.   

Informe: Sofía Solari.