El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, opinó sobre el caso de la cesárea a la niña de 12 años que quedó embarazada producto de una violación. “Se ha cumplido con la ley, con la voluntad de la niña, de la madre”, aseguró. El gobernador radical, ferviente opositor al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), agregó ahora que se “tendría que haber dado un paso” para la legalización del aborto. Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito lo criticaron duramente. “Las declaraciones de Morales son totalmente desa- certadas. Eso no fue una interrupción legal del embarazo, fue una maternidad forzada”, dijo a PáginaI12 Andrea Territoriale, docente, politóloga e integrante de la Regional Jujuy de la Campaña.

“En lo personal estoy en contra del aborto, pero se tendría que haber dado un paso hacia la legalización, en particular en muchos casos de adolescentes o situaciones injustas que no debieran penalizarse”, expresó Morales. Sin embargo, el gobernador no tuvo en cuenta que el aborto en Argentina es legal en caso de violación en el Código Penal desde 1921. “Estamos hablando de cuestiones que ya están legisladas, que han sido debatidas y adheridas por los protocolos correspondientes. El gobernador y el ministro no pueden desconocer la ley y los protocolos que firmaron”, acusó Territoriale.

El gobernador radical se mostró tranquilo y afirmó “haber tomado la decisión correcta”. Pero la integrante de la campaña denunció que “el Estado tendría que haber garantizado los derechos de la niña y no lo hizo”. “Hubo una intención política de que la ILE no se llevara a cabo por la dilación que hubo del proceso desde que la menor ingresó al Hospital de San Pedro”, opinó, ya que, de acuerdo al protocolo provincial, se tendría que haber realizado la interrupción del embarazo que la niña y su familia solicitaron desde un principio. “Esa dilación se desencadenó en lo que todos sabemos”, lamentó.

Para Territoriale, Morales “tiene una responsabilidad de todo lo sucedido” porque definió “los ministros que conforman su cartera”. Gustavo Bouhid, ministro de Salud de Jujuy, fue quien hizo pública información sobre la niña. “Se vulneró toda una serie de derechos. Nosotros pedimos la remoción del ministro y de los responsables porque la cadena de responsabilidad es mucho más amplia que la del gobernador y Bouhid. Intervinieron terceras personas en la voluntad de la menor cuando todos sabemos que desde un inicio la niña y la familia pidieron una ILE”, afirmó.

La niña ingresó al hospital de San Pedro y tanto ella como su madre manifestaron su voluntad de no continuar con el embarazo de 23 semanas producto de una violación. Sin embargo, los profesionales de la institución no le realizaron la práctica y, luego de unos días, fue trasladada a la maternidad en San Salvador. Allí, los médicos, entre los que había objetores de conciencia, determinaron que la mejor forma de interrumpir el embarazo era mediante una cesárea. La bebé que nació permaneció internada durante varios días y falleció el martes pasado.

“Si bien existió el consentimiento para una cesárea, no le garantizaron el aborto a la niña cuando entró al sistema de salud. Dilataron tanto la cuestión que observaron como alternativa posible la cesárea”, afirmó Territoriale. “Dilatar el proceso desde que la niña ingresa al sistema de salud claramente ha sido un proceso de tortura y deshumanización”, opinó.

Según señaló, el caso de la niña y las declaraciones de Morales sientan “un antecedente muy peligroso”. “Venimos de un año de debatir la IVE y el mensaje que se da a la sociedad es muy peligroso porque se está alejando a las mujeres de la posibilidad de acceder a la salud física y psíquica. ¿Qué familia va a pedir un aborto después de lo que pasó con esta niña? Esto colabora para que las mujeres sigan abortando en la clandestinidad”, manifestó.

Informe: Ludmila Ferrer.