Comprometido con el Fondo Monetario Internacional a avanzar con la reforma previsional en su último año de gestión, el gobierno de Mauricio Macri se dispone a fortalecer su blindaje judicial con el nombramiento en la Cámara Federal de la Seguridad Social de tres jueces que dieron muestras de su voluntad de fallar contra los intereses de los jubilados. Así surge del informe que Miguel Angel y Facundo Fernández Pastor, abogados especialistas en temas previsionales, distribuyeron entre los senadores que deberán analizar los pliegos de Alicia Braghini, Adriana Cammarata y Fernando Strasser (juez subrogante que saltaría sin escalas de secretario a camarista), los candidatos que la “mesa judicial” de Cambiemos enviará a la Cámara Alta, que tendrá la última palabra sobre las designaciones. “Si se cambia la integración, poniendo jueces que en sus sentencias violan la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales incorporados a ella y la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia desde el fallo ‘Chocobar’ a esta parte, lo que se logrará es que cambien la jurisprudencia de las salas y con ello se garanticen que la nueva reforma previsional que les exige el FMI esté blindada no sólo en los medios sino también en la justicia”, explican los especialistas. Para la aprobación de los pliegos será clave el apoyo al gobierno del bloque del PJ Federal que encabeza el senador Miguel Angel Pichetto, con quien se reunieron durante la semana el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

La “mesa judicial” definió en los últimos días los nombres de 25 candidatos a jueces, camaristas y defensores públicos para enviar al Senado, donde el gobierno buscará la aprobación de más de 120 pliegos a partir de las sesiones extraordinarias de febrero con el objetivo de superar los 350 nombramientos durante la gestión de Macri al frente del Ejecutivo. La lista se terminó de definir en una reunión en la que participaron Garavano, el asesor presidencial José Torello, el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, el funcionario y consejero de la magistratura Juan Bautista Mahiques, y el radical Luis Naidenoff, jefe del bloque de senadores de Cambiemos. Uno de las vacantes en disputa dentro de la alianza Cambiemos –tal como informó ayer PáginaI12– está en la Cámara Nacional Electoral, tribunal clave en el control de las elecciones, donde el Ejecutivo pretende instalar a Hernán Gonçalves Figueiredo y los radicales a Alejandra Lázzaro, ambos secretarios del mismo tribunal.

En el caso de los candidatos a camaristas de la seguridad social, en cambio, no parece haber objeciones de ninguna las tres patas que conforman la alianza Cambiemos, que incluye también a la Coalición Cívica de Elisa Carrió. “El gobierno ve a ellos con buenos ojos –anticipó Clarín en referencia a Braghini, Cammarata y Strasser– a partir de las posturas que adoptaron ante distintas iniciativas como la Reparación Histórica o la reforma previsional”. Según Fernández Pastor padre e hijo esas dos leyes son “piezas de un engranaje que tuvieron el mismo objetivo: disminuir los beneficios de la seguridad social presentes y futuro y llevar al sistema previsional a la capitalización individual”.

Los candidatos

“El caso del juez subrogante Fernando Strasser es el más desopilante”, sostienen ambos abogados al recordar que el Senado aprobó tiempo atrás el pliego del secretario para transformarlo en conjuez de Cámara como premio a su decisión de declarar a su juzgado como “fuero de atracción”, a pedido de la Anses, de todos los amparos colectivos contra la reforma previsional, que luego rechazó por una cuestión de forma. Strasser resolvió que el amparo no era la vía idónea y que debían volver a iniciarse como un proceso ordinario, lo que implicó que los expedientes que habían caído en su juzgado (amparos de la CTEP, ATE, la Asociación Bancaria, los defensores del pueblo de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que podrían haber tenido un efecto sobre los 18 millones de beneficiarios de la seguridad social) se atrasaran para cumplir con la ordinarización del proceso. Ese no es su único pergamino a los ojos del macrismo. Ante otro amparo que los Fernández Pastor presentaron contra la ley de Reparación Histórica, que recayó en su juzgado luego de que la Anses recusara a una jueza, Strasser, sin evaluar ninguna prueba, lo rechazó por una cuestión forma: una supuesta “falta de legitimación activa” reconocida sin embargo por la fiscal actuante y el juez que otorgó la medida cautelar. “Lo que se premia, en este caso, es la violación al derecho de defensa, al debido proceso y, en definitiva, el servilismo al gobierno, en contra de los beneficiarios de la seguridad social”, advierten los abogados en su informe.

La jueza Adriana Cammarata, ironizan, “creó la doctrina según la cual, si te torturan un poquito o te secuestran un ratito, no tenés derecho a reclamar ante los tribunales”. Según esta magistrada, el Gobierno reconoció y ella misma pudo establecer que el derecho humano a la seguridad social se encuentra violado por la Ley de Reparación Histórica, pero esa violación, a su entender, no era lo suficientemente grave como para dictar su inconstitucionalidad. “Lo que quieren premiar aquí es que Cammarata fue en contra de todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia en la materia, que sostienen que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son de aplicación obligatoria, o sea que violó su obligación de aplicar las normas superiores (la Constitución Nacional en este caso) y proteger los derechos de los más vulnerables para satisfacer el deseo del gobierno de robarle a los jubilados más de 100 mil millones de pesos con la reforma previsional y hacerles perder más de 14 mil pesos durante 2018 con el cambio de fórmula de movilidad”, explican.

Finalmente. en el caso de Alicia Braghini, destacan que, contrariando la jurisprudencia de las tres salas de la Cámara, obligó a los jubilados y pensionados que hacían juicio para cobrar el 100 por ciento de lo que por derecho les correspondía a aceptar la quita que estableció la Ley de Reparación Histórica para aquellos que aceptaran el acuerdo transaccional. “El reciente fallo ‘Blanco’ de la Corte Suprema demostró que Braghini, entre otros jueces, aplicaban resoluciones inconstitucionales, interpretaban la Ley de Reparación Histórica de manera perjudicial para el beneficiario que nunca aceptó el acuerdo, todo ello para beneficiar al organismo administrador y, como vemos, para que ello repercutiera en un premio por buen comportamiento”, advierten.

El objetivo del gobierno con el nombramiento de jueces afines no es otro que cambiar la jurisprudencia de la Cámara Federal de Seguridad Social en temas sensibles a los dictados del FMI para evitar que se repitan situaciones como la que derivó en el fallo “Blanco” de la Corte Suprema. Si bien en primera instancia (donde actúan los candidatos) el macrismo logró sentencias que permitían aplicar ilegalmente el índice menos favorable a los jubilados, las tres salas de la Cámara acordaron revocarlas. La Corte sólo confirmó esa posición y le dio más fundamentos. Con tres camaristas sumisos “lo que se logrará es que cambien la jurisprudencia de las salas y se garanticen que la nueva reforma previsional que les exige el FMI esté blindada no sólo en los medios sino también en la justicia”, señalan los Fernández Pastor. “El gobierno no sólo persigue y enjuicia a los jueces que no hacen lo que quiere, también premia a los que hacen lo que las corporaciones y los organismos de crédito necesitan. Más que una justicia macrista, lo que ha construido y pretende dejar es una justicia neoliberal. Eso en materia de seguridad social es muy peligroso porque es el fuero que como principio fundamental debe defender a los más vulnerables”, concluyen.

El Senado tiene ahora la palabra. Si el pliego es enviado en los próximos días, hará falta una sesión para que tome estado parlamentario y pueda ser girado a la comisión de Acuerdos que preside el peronista salteño Rodolfo Urtubey. Luego correrá una semana de plazo para presentar avales e impugnaciones, y se realizará la audiencia donde el postulante deberá responder preguntas a los senadores. Cuando la comisión emita su dictamen, deberá pasar otra semana para se analice en el recinto del Senado, donde Cambiemos necesitará imperiosamente contar con el apoyo de la bancada que preside Pichetto.