Edith estuvo diez meses en pareja con A.. Cuando quedó embarazada empezaron los insultos y amenazas. El agresor tiene 26 años; ella, 22 y un nene de siete meses. Pese a la separación y a las siete denuncias que hizo en su contra, él sigue hostigándola. "El próximo es tu hijo", fue la última amenaza que recibió de parte de un amigo del acusado. En el Ministerio Público de la Acusación "no dan respuestas, ni siquiera un botón de pánico", lamentó la joven, que pidió ayuda a la organización Ampliando Derechos. Se trata de un colectivo de voluntarias (hay algunos varones, también) que acompaña a las víctimas en el camino hacia una vida sin violencia machista y buscan que reciban contención social. "Actualmente, estamos acompañando a unas 20 víctimas", reveló la referente, Nora Giacometto. Durante 2016, trabajaron con 60 casos. "Hemos tenido que escuchar y soportar que la fiscal Raquel Almada diga en una audiencia oral que tiene dudas sobre nuestro acompañamiento a las víctimas. La ley 26.485 habla del apoyo a las mujeres y eso es lo que hacemos", protestó Giacometto, quien lamentó que la Unidad Fiscal de Violencia de Género tiene causas "cajoneadas".

Nancy, María del Luján, Bibiana y Analía son algunas de las víctimas de violencia machista a las que acompaña el equipo de Ampliando Derechos. "Hay mujeres que sufren una doble opresión, y son la gran mayoría de las víctimas a las que acompañamos: ser mujeres y pobres", lamentó Mailén Milocco, una de las voluntarias.

En diálogo con este diario, Edith relató su calvario. "Yo me quedé embarazada a los pocos meses; él se automedica y consume estupefacientes. Es uno de los organizadores de picadas en La Florida. Cuando estaba de cinco meses y medio decidí terminar la relación. El se violentó, me rompió a patadas la puerta de casa y me puso un cuchillo al cuello para que abortara. Le pusieron una perimetral en el Colegiado de Familia 5º y no la cumplió. Después de esa denuncia, hice siete más. Donde me ve, me tira el auto encima, o su amigo me amenaza. El tiene armas. Donde yo voy, él siempre aparece para provocarme, pasa tres veces por semana con su auto por la puerta de mi casa", dijo la joven de barrio Echesortu. Aunque desde Fiscalía le prometen citarlo, ella lo sigue padeciendo, y no sabe si está imputado. La última vez, las amenazas fueron hacia su hijo.

En tanto, el agresor de María del Luján, cuya historia contó este diario en julio pasado, fue condenado en noviembre a una pena de 2 años y ocho meses, de cumplimiento condicional, pero "desde la Fiscalía nunca se le avisó a la víctima. Incluso, este tipo entró a robarle hace pocos días". Se trata de José Adolfo Villa, de 23 años, que fue a vivir con la mujer y sus tres hijos, en 2015, pero la violencia machista se adueñó rápidamente de la humilde vivienda de Lavalle al 4200. Incluso, el imputado llegó a prenderle fuego parte de la casa. "Sigue amenazándola después de condenado. Fue a pedir ayuda a la Fiscalía, y no le dan respuestas", dijeron desde la organización.

Las voluntarias de Ampliando Derechos son 10 y tienen varios casos abiertos. Se trata de un apoyo social, económico y penal. Desde el Consejo Nacional de las Mujeres también reciben ayuda para brindar el acompañamiento; y esperan la llegada de talleres para que las víctimas logren su independencia económica. Mailén relató que "el acompañamiento  con el Poder Judicial es como de gladiadoras; incluso cuando vamos a presentar denuncias nos encontramos con más casos que nos solicitan acompañamiento". Nora agregó que durante la feria les tocó esperar "más de tres horas" para hacer una presentación. "Las causas de este mes nomás son media docena". En Las Flores sur se reúnen con varias mujeres, una vez por semana. "Tenemos un grupo territorial y Atajo (Acceso Comunitario a la Justicia) nos brinda el espacio para armar la red de contención, donde la violencia de género es grande. Tenemos pensado armar una cooperativa de trabajo, pero estamos organizándolo", adelantaron. Las historias en esa zona postergada de la ciudad son increíbles. "Tenemos el caso de una mujer a la que el marido le vendió la casa a unos vecinos, y ella es tan buena gente que se quedó sin nada, pero no quiere decirle nada a sus vecinos porque dice `son pobres como yo'". "Hay mujeres que van a hacer una denuncia y ni siquiera les dan una copia de la misma; en muchos casos ni las escriben y se trata de una violencia tremenda, con 15 o 20 denuncias anteriores, que nadie investiga; y nos preguntamos ¿por qué? ¿porque son pobres?. El boca en boca permitió que muchas sepan que nosotras vamos los jueves", señalaron.

Analía también hizo unas 14 denuncias en tres meses. "Aún no podemos saber quién tiene su caso, porque no la llamaron desde Fiscalía. Intentamos contenerla en sus necesidades sociales, con la ayuda de la concejala María Eugenia Schmuck. Le entregaron un botón, pero no la volvieron a llamar y le desestimaron denuncias", lamentó Giacometto, a pesar de que la víctima tiene testigos.

En cuanto al caso de Bibiana, señalaron que tiene varias denuncias hechas, y "Almada le dijo que a su caso no lo puede atender ella, sino un juzgado de Familia, desentendiéndose de amenazas de muerte y golpes a la mujer", lamentó Giacometto.

Sobre esos casos, las referentes denunciaron que "están cajoneados". La historia de Nancy también es contundente: "Su caso se cerró con un abreviado a poco más de dos años (condicional), en 2014 y ella se enteró por los diarios de la condena al agresor. En abril de 2016, éste le secuestró uno de los chicos de la casa, por unas horas. Hasta ahora, ella no tuvo respuestas", aseguraron. "Las historias que nos llegan alcanzan a toda una familia: en el caso de Luján, su hija adolescente fue su apoyo y no iba a ir a la escuela los últimos días del año pasado porque no tenía plata para cargar la tarjeta de colectivo y se estaba por quedar libre, pese a que tenía muy buenas notas. No quería pedir plata para eso", relató María Eugenia, otra de las acompañantes. "La contención a los hijos de víctimas es nula", aseguraron.