“No es el 20 por ciento, sino el 6 por ciento la población migrante detenida el país. El 94 por ciento de las personas detenidas son nacionales. Menos del 0,3 por ciento de la población migrante de Argentina está detenida... Y se está poniendo todo el acento pensando en la población migrante y extranjera. Claramente no hay interés en modificar nada, sino distraer la atención”. La cita es de Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), que en esta entrevista hace un recorrido histórico de las políticas de migración en el país, desarma los argumentos del gobierno para endurecer las medidas y explica las contradicciones de un sistema que, mientras persigue a los y las migrantes, les pone cada vez más trabas para regularizar su situación. 

Liguori estudió Trabajo Social en la UBA y trabaja en Caref desde 1995. Hace doce años es coordinadora general de la organización, conformada por iglesias protestantes históricas de Argentina.

–Este gobierno tomó una serie de medidas que endurecieron las políticas migratorias. ¿Cuáles son las más importantes?

–Existe una ley migratoria de 2003, la 25.871, que modificó el marco que regía previamente. Esta ley estableció una serie de criterios que fueron de avanzada en términos de derechos humanos y regulación migratoria. La ley se basa en dos lógicas muy importantes. Una es la de la consideración del migrante como un sujeto de derechos y de la migración como un derecho humano. El otro pilar es el de la integración regional, entendiendo que la dinámica migratoria actual de nuestro país responde a población de la región. Esta ley estableció que las personas migrantes de países del Mercosur, solo por su nacionalidad, pueden acceder a una residencia. Esto abrió las puertas a la posibilidad de que muchos que antes no podían regularizarse, porque no cumplían con los requisitos, pudieran hacerlo. Junto con eso se llevaron adelante una serie de programas, como el de Abordaje Territorial, con el que Migraciones facilitaba el acceso a la información. Desde 2015, empezó a haber cambios en la aplicación de la ley. El Programa de Abordaje Territorial dejó de existir. Se incrementaron las acciones de Migraciones vinculadas al control de permanencia de las personas, en la calle, en el trabajo. 

–¿Pararlos y pedirles documentos?

–Sí. Y si no tenían documentación, intimarlos a que se regularizaran y si al tiempo de esa regulación no se regularizaban iniciar una orden de expulsión. Junto con este incremento, lejos de facilitar el acceso a la documentación para que la gente no tuviera estos problemas, el acceso se fue restringiendo. Por ejemplo, por el incremento de las tasas migratorias que pasaron de costar para los migrantes del Mercosur de 600 pesos en 2015, a 1000 en 2016 y 3000 en 2018. Para quienes no son del Mercosur es el doble. Lo llamativo es que dicen que necesitaban incrementar los ingresos. Pero en una de las disposiciones, junto con los incrementos para Mercosur y extra Mercosur, dispusieron que ya no se le iba a cobrar la tasa de reciprocidad a algunos de los países que nos cobran visa como EE.UU. 

–Selectivo.

–Selectivo y poniendo la carga en los grupos más vulnerables. Otra de las cosas es que empezaron a demorar muchísimo para otorgar los turnos para iniciar el trámite: seis meses, ocho meses y hasta un año.

–¿Se dan turnos a un año?

–Ahora peor. Hay un nuevo sistema que se llama Radex, radicación de extranjeros a distancia. Ese sistema implica que hay que hacer todo el trámite por internet. No hay a quien hacerle una pregunta. Después de todo eso, dan un turno. Estamos acompañando algunos casos y todavía no hemos llegado a esa instancia. 

–¿En cuánto tiempo?

–No hay claridad, no se sabe. No hay posibilidad de tener un acceso directo a gente de Migraciones. Por otro lado, el sistema Radex no tiene la opción de la eximición de tasa, otro de los obstáculos.

–¿Cómo evalúa el decreto 70/2017?

–Eso fue la primera puñalada para quienes venimos trabajando en esto. Claramente todo nos remite a la ley Videla, a los ‘90, poner a los migrantes como chivos expiatorios, los que tienen la culpa de todos nuestros problemas: de la inseguridad, de la falta de trabajo, de los delitos graves. Lo que está en riesgo es la ley migratoria.

–¿Cree que ese es el objetivo?

–A mí me preocupa. El decreto modifica muchos aspectos de la ley migratoria que para nosotros son inconstitucionales y por eso iniciamos el amparo colectivo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Colectivo para la Diversidad (Copadi). El decreto muestra que cualquier persona migrante y/o extranjera que cometa cualquier tipo de delito, aun una resistencia a la autoridad, puede entrar dentro de esta categoría de expulsión sumarísima en el plazo de tres días. Y según el tipo de delito ni siquiera el arraigo o tener hijos en este país es un motivo para discutir la permanencia. Pero es un decreto que tiene muchísimos aspectos que vulneran derechos esenciales de migrantes y de sus familias. 

–¿La perspectiva del migrante como responsable de los delitos del país es una construcción?

–Migrante es aquel que cruza una frontera con intención de permanecer y de vivir en un país que no es en el que nació. Extranjero que comete un delito es cualquiera que no tiene intenciones de vivir en el país. Hay muchos delitos con la lógica de zonas de fronteras, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas. Claramente esos delitos tienen una representación mayor de personas extranjeras. ¿Qué viene haciendo el Ejecutivo, Patricia Bullrich a la cabeza? Viene utilizando de manera sesgada únicamente los datos del Sistema Penitenciario Federal (SPF), donde están los presos condenados o procesados por delitos de carácter federal. Los delitos transnacionales en general son federales. Entonces, claramente dentro del SPF, si se mira a los no nacidos en Argentina hay un número que es más o menos del 20 por ciento (que es lo que ella dio y lo que está en los argumentos del decreto). Pero si se mirá el Sistema Penitenciario global, donde están el federal más todos los de las provincias, donde están los delitos comunes, como estafa, homicidios, robo, eso baja al 6 por ciento. 

–¿Pero la política que plantea el Gobierno es para todos?

–Para todos y para cualquier tipo delito. Vemos en el DNU una contradicción. En la argumentación habla de delitos mayores. Algo que ya estaba en la ley, no hacía falta modificar nada, porque cualquier delito mayor a tres años ya implicaba la posibilidad de iniciar una orden de expulsión, pero había que llegar a la condena. Pero en el articulado se ve que ampliaron al mundo y sus alrededores. Por ejemplo, la resistencia a la autoridad, lo que está pasando con los senegaleses, puede ser una causal para que inicien una orden de expulsión. Claramente las cosas se están tergiversando. Con la irresponsabilidad de que estas tergiversaciones generan muchos padecimientos en las personas migrantes por el solo hecho de ser migrantes.