Menos del uno por ciento de las personas migrantes tuvo conflictos con el sistema penal. Además, el porcentaje de personas extranjeras encarceladas en establecimientos federales y provinciales es entre el 4,9 por ciento y el 6 por ciento, y –de acuerdo con los registros– en los últimos quince años no hubo un aumento significativo en la cantidad de extranjeros privados de su libertad en Argentina. Los datos fueron dados a conocer por un conjunto de organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), para desmentir que exista una relación directa entre los extranjeros y el aumento del crimen. “El gobierno busca asociar migración con delito, pero los datos lo desmienten”, aseguró el conjunto de ONG.
Según relevaron las organizaciones, gran parte de la información que circula sobre las personas migrantes –el 5 por ciento de la población total del país– contiene “datos falsos o tergiversados”. Por esta razón, iniciaron la Campaña Migrantes #NoticiasVerdaderas para “hablar con datos verdaderos para no caer en la trampa de las #FakeNews” en medios y redes sociales.
La Ley de Migraciones 25.871 establece que el Estado debe garantizar que los trámites de radicación sean simples y tengan costos accesibles. Sin embargo, las organizaciones señalan que la ley no se cumple y que las personas migrantes que quieren regularizar su situación se encuentran con muchos obstáculos. Las tasas migratorias aumentaron 1000 por ciento; el nuevo sistema para iniciar el trámite es complejo y dificulta el acceso a personas de bajos recursos y, además, el Gobierno cerró un programa de asesoramiento a personas migrantes.
Las organizaciones aseguran que “hay una constante persecución a migrantes en situación de irregularidad” y que entre 2016 y 2018 aumentaron más de un 500 por ciento las expulsiones a estas personas.
