La Cámara Federal de Casación Penal debe definir si el ex vicepresidente Amado Boudou vuelve a prisión, como reclaman las querellas que responden al gobierno, o si continúa en libertad con tobillera electrónica como estableció el Tribunal Oral Federal 4. Ayer, durante la audiencia para escuchar los argumentos de las partes, tanto el abogado del ex funcionario como el fiscal Javier de Luca destacaron que ese acto no debió realizarse porque las querellas no están habilitadas a apelar una excarcelación. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción, que gestiona Laura Alonso, no fueron a fundamentar su pedido de prisión.
Boudou fue condenado el 7 de agosto a cinco años y diez meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros. El tribunal decidió que siguiera en prisión preventiva con el argumento de que en libertad podía obstaculizar la investigación de primera instancia. En diciembre, tras los procesamientos sin prisión preventiva en esa causa, sus abogados reclamaron su libertad porque los supuestos riesgos se habían extinguido. Entonces el tribunal autorizó su excarcelación, decisión que apelaron las querellas que responden al gobierno.
“Esta audiencia debió haber sido rechazada sin más”, señaló ayer el abogado Alejandro Rúa, defensor del ex vicepresidente, ante los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos. “Boudou no tiene problema en cumplir una condena si le corresponde, si le dicen que está confirmado que cometió un delito”, agregó. Remarcó que su libertad está condicionada por la tobillera electrónica, una caución millonaria y la prohibición de salir del país, y que las querellas no explicaron por qué esas medidas son insuficientes.
A su turno, el fiscal De Luca dijo que no expondría sobre el fondo de la cuestión pero que alcanzaba con señalar que en lo formal existe una “expresa prohibición que tienen las querellas a presentar recursos de apelación contra las resoluciones de excarcelación”. La Cámara de Casación tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para definir si revoca o no la excarcelación.
