La respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la marcha de las organizaciones sociales contra las políticas de hambre de Cambiemos, fue la realización de multas a los 95 colectivos que transportaron a los manifestantes. Los multaron por “transporte indebido”, que asciende a 32.100 peses, pero además también le aplicaron una penalidad 2.140 pesos por estar mal estacionados sobre la Avenida 9 de Julio e inmediaciones. Por lo tanto, las infracciones implican la friolera de 3.329.840 de pesos. Pero no termina allí la tirria que los gobiernos de Cambiemos le tienen a las organizaciones sociales. Por caso, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para despojar de los planes sociales a todas las personas o agrupaciones que, durante los piquetes, corten el tránsito o dañen el espacio público.