Rechazo de los defensores de Menores al proyecto de fijar la edad en 15 años
Pulgar abajo para la baja
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales criticó la intención del Gobierno de bajar la edad de punibilidad a 15 años. Consideran que la modernización es posible y necesaria sin necesidad de modificar la edad.
La baja de la edad no es necesaria para modernizar la ley y es contradictoria con los tratados internacionales.La baja de la edad no es necesaria para modernizar la ley y es contradictoria con los tratados internacionales.La baja de la edad no es necesaria para modernizar la ley y es contradictoria con los tratados internacionales.La baja de la edad no es necesaria para modernizar la ley y es contradictoria con los tratados internacionales.La baja de la edad no es necesaria para modernizar la ley y es contradictoria con los tratados internacionales.
La baja de la edad no es necesaria para modernizar la ley y es contradictoria con los tratados internacionales. 

El gobierno nacional presentó un anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil y las críticas no tardaron en llegar. La iniciativa, que presentaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años. Según el Gobierno, el objetivo es adecuar la normativa a los tratados internacionales firmados por Argentina. Sin embargo, desde el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales hicieron críticas al anteproyecto porque, argumentan, reducir la edad de punibilidad va en contra de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.

“Es cierto que hay que modificar la ley, pero no tiene asidero bajar la edad de punibilidad”, dijo a PáginaI12 Maximiliano Benítez, defensor general de Entre Ríos e integrante del Consejo Federal de Asesores. El organismo, integrado por representantes de todas las provincias, entregó un documento al Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez, en el que señala que el anteproyecto tiene “una inocultable tensión” entre la decisión de bajar la edad de imputabilidad penal a 15 años y “el reconocimiento pleno de los derechos y garantías” de niñas, niños y adolescentes.

Según el defensor entrerriano, organismos internacionales como Unicef le han exigido a Argentina que modifique su ley de responsabilidad penal juvenil ya que, actualmente, rige el decreto-ley 22.278, sancionado durante la última dictadura cívico-militar. “En algunas provincias, los jueces actúan según los tratados internacionales, pero tener una ley para la niñez es una deuda de la democracia”, explicó Benítez. “Sin modificar la ley podemos aplicar las convenciones internacionales porque tienen nivel constitucional”, agregó.

El martes, Garavano sostuvo que el anteproyecto que enviará al Congreso el presidente Mauricio Macri en marzo tiene como objetivo “sacar al joven del mundo del delito”. De aprobarse, los adolescentes de 15 años serán penalmente responsables “si se comete un delito cuya pena máxima posible es de 15 años de prisión o más (robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas)”. “El concepto general de este proyecto es que haya menos delincuentes y no más presos. Queremos impedir que los jóvenes tengan como opción de vida una carrera delictiva”, afirmó Bullrich.

Sin embargo, el documento del Consejo Federal afirma que, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la edad mínima de responsabilidad penal debe ser lo más alta posible “y nunca con la disminución de esa con el objetivo de ampliar la operatividad del sistema penal juvenil”. “En un informe del año pasado, el Comité le dice a Argentina que tiene que modificar su ley de responsabilidad penal juvenil, pero que esa modificación no debe incluir la baja de la edad. Entonces, estaríamos desoyendo las recomendaciones de ese organismo internacional”, señaló Benítez. 

Además, el defensor general de Entre Ríos argumentó que en todo el país es muy baja la cantidad de jóvenes de quince años que cometen delitos. Y, en el caso de que la ley se apruebe y sean privados de su libertad, “los organismos de protección de derechos de la niñez de las provincias no estarían en condiciones de hacerse cargo de esos niños”. “El sistema de protección de derechos de niños, que no están preparados para satisfacer las necesidades que puede tener un niño en conflicto con la ley penal porque están abarrotados con problemas existenciales”, afirmó Benítez.

El anteproyecto fue creado con los aportes de miembros de Justicia 2020, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo coordinador general es Ricardo Gil Lavedra, quien también estuvo presente en la presentación de Bullrich y Garavano. Para Gil Lavedra, la iniciativa busca tener “un tratamiento tendiente a la recuperación de los jóvenes” y es “flexible con múltiples salidas: principio de oportunidad, mediación, suspensión de juicio a prueba, acuerdos restaurativos, con un sistema gradual de imposición de sanciones y revisión de la pena cada ocho meses por el juez”.

Benítez y sus colegas del Consejo Federal destacaron que el anteproyecto tiene modificaciones sustanciales “algunas saludables y, por ello, plausibles”, como la prohibición terminante de privar de su libertad a menores de quince años. “Hay que introducir institutos que hacen a la justicias restaurativas y límites a las prisiones preventivas, cosas que actualmente no existen”, sostuvo Benítez. Aun así, remarcó la gravedad de bajar la edad de imputabilidad porque “todos los especialistas en niñez lo desaconsejan”. “Mientras más podamos alejar al niño del sistema penal, mejor”, aseguró.

Informe: Ludmila Ferrer.

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