La Fiscalía solicitó la nulidad de la pericia contable elaborada por la Policía Federal que indicó que la diputada Aída Ayala no cometió lavado de dinero ni se enriqueció de manera ilícita. Según el planteo de fiscal Patricio Sabadini, el informe “adolece de serias falencias al encontrarse desprovisto de datos y elementos que permitan efectuar un análisis jurídico, fáctico y valorativo” de los hechos que se supone debería haber evaluado. Además, solicita a la jueza de la causa, Zunilda Niremperger, que extraiga información del expediente para investigar al perito César Azpiroz por haber violado el secreto profesional al divulgar a la diputada investigada los resultados del informe que se le encargó antes de haberlo presentado a la Justicia, lo cual demuestra, según Sabadini que Ayala “estando en libertad, puede obstaculizar el trámite del proceso”. 

Según el planteo presentado por Sabadini a la magistrada hace dos semanas, hubo una “deliberada omisión” de parte de Azpiroz en no analizar “elementos con los que contó desde un primer momento” para elaborar el informe pericial contable con el que favoreció a Ayala en la causa que se la investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero mientras fue intendenta de Resistencia. Además, el fiscal puntualizó que las conclusiones a las que arribó el perito de la Federal “en modo alguno se compadecen con los puntos de pericias ordenados por el tribunal”.

Por otro lado, solicitó a la jueza que investigue a Azpiroz por haber presuntamente filtrado el informe pericial a Ayala antes de haberlo incorporado en el expediente. En variadas entrevistas ofrecidas a medios locales e incluso nacionales, la diputada investigada y al borde del desafuero adelantó que la pericia contable policial la beneficiaría y el fiscal encuentra verificada la “seria sospecha” de que efectivamente Ayala accedió al informe por intermedio del perito.  

En ese punto, consideró que “se sigue reforzando la idea de que la imputada Aída Ayala, estando en libertad, puede obstaculizar el trámite del proceso y, por ende, se hace necesaria su privación de libertad a título cautelar”.