Es vital notar que los antagonismos crónicos entre la educación pública y la privada han quedado sin resolver. Pero hoy no vivimos simplemente un crecimiento de la educación privada tradicional sino una invasión de intereses espurios. Un fenómeno mundial, como lo denunciaron la Internacional de la Educación (representante de 400 organizaciones de docentes de 177 países) y la propia Unesco. Las convocatorias de los gobiernos nacional y de las provincias al capital internacional para dirigir y gestionar la educación, avalada por las resoluciones de la OCDE, son actos de entrega de la soberanía inéditos en nuestra historia.

Finalizado el lapso de políticas educativas inclusivas y de fortalecimiento del sistema de educación pública de los gobiernos kirchneristas, la asunción de Cambiemos produjo un cambio cualitativo en la relación entre el Estado y los intereses educativos privados. La Argentina quedó colocada en la agenda de las corporaciones dedicadas a la mercantilización y comercialización de la educación pública y privada. La operación de volver el país “al mundo” incluye subordinar su educación a la creciente concentración internacional de empresas que trabajan en el rubro. El interés es vender y ganar, no enseñar, para lo cual necesitan bajar los costos en infraestructura, reducir la cantidad de docentes y flexibilizar su contratación. Reformular radicalmente el perfil, el rol y la imagen social del educador es una de las estrategias principales de los nuevos inversores en educación (propietarios de cadenas de escuelas, productores de contenidos y todo tipo de materiales instruccionales, corporaciones informáticas, editoriales y tecnológicas). 

El programa “Leadership&Innovation” de la Fundación Varkey (como lo explica Myriam Feldfeber en esta edición) está a la cabeza de la formación de líderes entre directivos de escuelas públicas para configurar una vanguardia de la mercantilización educativa. El gobierno nacional de Cambiemos, y varios gobiernos provinciales, ya han entregado aspectos estratégicos de la educación a la fundación Varkey y a otras semejantes.

Hasta la década de 1990, sólo excepcionalmente penetraron acciones privadas en las escuelas públicas. Durante el gobierno de Carlos Menem, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo intervinieron en la política educativa argentina al punto de instalarse físicamente dentro del Ministerio de Educación. Otorgaron préstamos que engrosaron la deuda externa para programas de fortalecimiento de la educación pública pero que no surtieron efectos positivos y cuyos fondos tuvieron un destino incierto. Como parte de los acuerdos con los bancos, se hicieron cambios legislativos que abrieron brechas en el sistema de educación pública para la intervención privada mediante el cobro de aranceles, matrículas y otros aportes en los distintos niveles educativos y se inauguró una nueva modalidad llamada “tercerización”. Un ejemplo de esta última fue la Red Nacional de Formación Docente, programa del Ministerio de Educación de la Nación que derivó la tarea a universidades públicas y privadas, grupos privados de educadores, o particulares, produciendo un “shopping” de cursillos por los cuales otorgaba puntaje de incidencia en el salario de los docentes. Otro ejemplo fue la habilitación de locales comerciales en los establecimientos públicos: las “escuelas shopping”.

En tanto, fundaciones privadas de interés social o comercial en la educación se instalaban o fortalecían en el país. La reforma educativa fue asesorada por fundaciones neoliberales como FIEL, que fuera asesora de la dictadura militar y es hoy consultora del Ministerio de Hacienda. Las entidades financieras privadas avanzaron sobre las “cuentas sueldo” de universidades públicas, como luego lo harían sobre los campus informáticos, los contenidos de la enseñanza y la investigación. Tomaron el timón de varias privadas e impulsaron el crecimiento del circuito de educación superior empresarial, donde se formó la élite dirigente que está actualmente en el poder y despliega este nivel inédito de integración con las corporaciones internacionales.

* Pedagoga. Junto con Myriam Feldfeber, Susan Robertson y Miguel Duhalde es coautora de la investigación “La privatización educativa en Argentina”, trabajo impulsado por Ctera y la Internacional de la Educación.