La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó al Gobierno nacional y a través de él al estado bonaerense la adopción de medidas urgentes en 15 comisarías de la provincia donde verificó la existencia de riesgo para la vida y la integridad física de los detenidos.
El organismo internacional se pronunció así tras receptar las graves denuncias realizadas de manera conjunta por la Comisión provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación provincial.
En 2016, la CIDH dictó una serie de medidas cautelares solicitadas por la CPM y la Defensoría de Casación por el riesgo de vida de las personas alojadas en seis comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza.
En el 2018, las dos instituciones requirieron, junto con el CELS, la ampliación de estas medidas a partir de lo que denunciaron como un incremento exponencial del hacinamiento y las diez muertes en el incendio en una comisaría de Esteban Echeverría, la peor masacre en la historia de las comisarías argentinas, que se suman a la responsabilidad estatal sobre otras siete personas muertas en circunstancias similares en la comisaría 1ª de Pergamino.
En el pedido, los tres organismos reclamaron una intervención urgente del Estado por las condiciones en que se encuentran las personas detenidas, que “ponen en permanente riesgo su vida”.
La CIDH, tras evaluar la prueba recibida por parte de los tres organismos, solicitó al Estado argentino entre otras “la adopción de medidas para preservar la vida y la integridad, tomando en consideración grupos particularmente vulnerables, como mujeres y personas mayores”.
También reclamó reducir estadías prolongadas y bajar los índices de hacinamiento, dijeron las fuentes.
La CIDH inscribió lo resuelto en un marco de “crisis estructural del sistema penitenciario” caracterizado por las desmedidas tasas de prisionización, el hacinamiento, las inhumanas condiciones de detención y la tortura sistemática.
