Sin arrepentidos ni detenciones, el juez federal Sebastián Casanello procesó a ex funcionarios y empresarios en una causa donde se investigan maniobras y sobornos para la contratación de las obras de dos plantas depuradoras por parte de Aysa. El juez atribuyó pagos ilegales a los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini –nombres conocidos también en la causa de las fotocopias de los cuadernos–, a Jorge “Corcho” Rodríguez lo señaló como intermediario, y como beneficiarios de coimas identificó al ex ministro Julio De Vido, a su número dos, Roberto Baratta, al ex secretario de Obras Públicas, José López, además del ex presidente de Aysa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo. También pidió la extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y Camargo Correa, que participaban de la construcción como socios extranjeras. El fallo estableció embargos de 511 millones de pesos para todos, e incluso para las empresas. Es el monto que se calcula que se pagó en coimas.

La investigación estuvo enfocada en las obras de la “Planta Depuradora Paraná de las Palmas”, adjudicada a una unión de empresas entre la brasileña Odebrecht y las locales Benito Roggio e Hijos, Supercemento y José Cartellone (donde aparece Biagini) y la obra de la “Planta Depuradora Berazategui”, adjudicada a un consorcio integrado por Esuco (de Wagner) y Camargo Correa.  Durante la pesquisa se detectó, según surge de la resolución, el direccionamiento de las obras a la firmas en cuestión, el otorgamiento de ventajas en las condiciones de desarrollo de las obras y los plazos, el otorgamiento de presupuestos extra, entre otras cosas.  Según Casanello, los pagos ilegales se hicieron en dos etapas distintas: en la primera, el interlocutor y supuesto partícipe del pago era Wagner (ex titular de la Cámara del a Construcción, arrepentido en la causa de los cuadernos donde mostró tener un papel de similares características); luego de la muerte de Néstor Kirchner, según el juez, empezó a funcionar como intermediario  el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, que presuntamente recibía pagos de Odebrecht a través de una sociedad uruguaya llamada Sabrimol. Hasta ahora el juez había dictado procesamientos por administración infiel, pero esta vez dio por probados los sobornos.

En los inicios de la pesquisa, en la que interviene también el fiscal Federico Delgado, se analizaron documentos para establecer los rasgos irregulares de las contrataciones. Para seguir la pista de las coimas, el juzgado se basó en testimonios de arrepentidos de Odebrecht en Brasil aportados por el periodista Hugo Alconada Mon (ya que el famoso convenio de cooperación entre ambos países, que incluso pidió el juez, no terminó de plasmarse al menos en este caso) que reconocen pagos de coimas, como es el caso de Luiz Antonio Mameri, quien señaló pagos de al menos 2,9 millones de dólares y habría apuntado a Rodríguez en relación a estas obras. El “Corcho”, como le dicen al empresario, niega haber sido intermediario o haber tenido participación alguna. Pero el juez sostuvo que hay prueba complementaria de una cuenta vinculada  una sociedad off shore con asiento en Uruguay, llamada Sabrimol, a la que Odebrecht derivaba coimas desde un grupo de otras sociedades off shore, a través de su división de “operaciones estructuradas”. Rodríguez insistió siempre en que esa sociedad era manejada por dos uruguayos y que no veía reparos legales. También fueron procesados contadores  argentinos y tres uruguayos.

Casanello le pidió a Delgado que avance en el proceso de cooperación con los brasileños. El hecho de que no haya arrepentidos responde a una política de la fiscalía. De todos modos, indican los investigadores, la prueba necesaria en esta etapa de la causa se juntó. Quedan pendientes también los pedidos de extradición de brasileños.

“Es posible identificar en los actos reseñados y en el precio pagado, el perjuicio al Estado,  y las ganancias ilícitas de las empresas –concluyó Casanello–. El por qué del comportamiento infiel por parte de los funcionarios que debían defender el interés estatal se explica través de un acuerdo espurio que precedió a la publicación de los procesos de licitación y que se mantuvo en el tiempo. Ese acuerdo tuvo como contrapartida, conforme a lo que se ha podido demostrar en esta etapa preliminar, la entrega de sobornos -dinero en concepto de dádivas”. En dólares el cálculo de sobornos es 13 millones.