Rafael Levy, de 66 años y nacido en Catamarca, comenzó su carrera como empresario textil y más tarde se convirtió en inversor inmobiliario. En 1976 abrió su primer local en la calle Viamonte, en Once. Allí comenzó una serie de negocios que irían desde la empresa de indumentaria femenina Etam hasta el complejo donde funcionó el boliche “República Cromañón” y otros inmuebles sobre esa misma manzana. Sin embargo, ninguno de esos edificios figuraba a nombre de Levy sino de empresas radicadas en el exterior. 

En 2005, a raíz de una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ) se conoció que Levy era el hombre detrás de cinco sociedades off shore: National Uranums Corporation, Nueva Zarelux SA, la Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales (Caecsa), Financiera Rucas SA y Eficrown SA. Esas firmas se habían traspasado entre sí la titularidad de Cromañón en reiteradas ocasiones. 

Según la reconstrucción realizada por la IGJ, en 1998 Nueva Zarelux S.A compró el edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 3000 por 620 mil dólares a National Uranums Corporation, otra de las sociedades de Levy que tenía domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. A su vez, National Uranums había pagado cuatro años antes más de 2 millones de dólares por ese edificio a la Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales (Caecsa), otra de las sociedades que Levy tenía en Uruguay junto a su socio y amigo personal Raúl Vengrover. 

Al momento de la tragedia, la titularidad del complejo donde funcionaba Cromañón, el hotel “Central Park”, un estacionamiento, un kiosko y una cancha de fútbol estaba en manos de Nueva Zarelux S.A. Cinco meses después del incendio y a raíz de la investigación de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, por entonces titular del organismo, denunció la nulidad de las personas jurídicas a nombre de Levy argumentando la “simulación y abuso del derecho” de esas sociedades “detrás de las cuales se ocultaron sucesivamente los verdaderos propietarios del inmueble donde funcionó República Cromañón”. Esa investigación fue fundamental para comprobar que el propio Levy era el dueño del boliche y que se lo pudiera llevar a juicio oral por su responsabilidad en el incendio del 30 de diciembre de 2004. 

Así fue como el 13 de julio de 2012, casi ocho años después de la masacre, Levy fue condenado a 4 años y medio de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 de la Capital Federal, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de incendio culposo calificado”. Levy fue responsable de “haber provocado, con acciones u omisiones, la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1400”.