Denuncia por violencia policial contra un adolescente en Quilmes
Lo molieron a palos y ahora lo amenazan
La golpiza fue filmada y el video se viralizó en octubre. Ritondo dijo que iba a separar a los dos policías, pero terminó poniéndoles abogado oficial. Y el joven es amenazado.
Imagen del video: uno de los golpes, en este caso en la cabeza.Imagen del video: uno de los golpes, en este caso en la cabeza.Imagen del video: uno de los golpes, en este caso en la cabeza.Imagen del video: uno de los golpes, en este caso en la cabeza.Imagen del video: uno de los golpes, en este caso en la cabeza.
Imagen del video: uno de los golpes, en este caso en la cabeza. 

El 18 de octubre de 2018, varios uniformados de la 7ª de Quilmes hicieron una demostración de cuál es el criterio de tratamiento diferencial hacia los adolescentes. A dos de ellos, Marcelo Ampuero y Guzmán Ezequiel, se los ve en un video moler a patadas a Pablo Fernández –un pibe de 17 años que trabaja como cartonero junto a su familia–, uno de ellos cuando el chico ya estaba esposado, mientras la agente Marisol Pasarello contempla la escena. Las marcas de la suela de la Bonaerense en su rostro trascendieron sólo porque había alguien que filmó con el celular y lo subió a las redes. El video se viralizó un par de días después y obligó al ministro de Seguridad Cristian Ritondo a decir que había apartado a dos de los polis (los que se ven en el video). No lo suficiente: el miércoles 13, la familia del chico, acompañada por cartoneros del MTE/CTEP, y con la presencia de concejales, referentes de los DD.HH., sociales, religiosos y políticos del distrito denunciaron que el pibe era amedrentado, filmado, igual que a sus familiares por los muchachos de la 7ª, reclamaron que se efectivice la custodia y que en la investigación por apremios y vejaciones no investiguen los colegas de los denunciados.

El caso recayó en la fiscalía 1 de Quilmes a cargo de Ariel Rivas. Seis días después, el 24 de octubre, la propia madre del chico, Alicia Sena, se presentó en la Oficina de Asistencia a la Víctima, de la fiscalía 1, para pedir protección por las amenazas que estaban recibiendo. Desde ese momento, la familia y la propia víctima empezaron a recorrer el calvario de las diferencias de criterio y presupuesto en la balanza de la Justicia y del gobierno. Mientras que la custodia nunca llegaba por falta de recursos, el Ministerio de Seguridad ponía a disposición de los acusados un abogado de la institución, Darío Paladino.

“No es cierto que no haya recursos. Hay recursos y hay un criterio de dónde se ponen”, explicó a    PáginaI12 la abogada del CIAJ, Sofía Caravelos, quien junto a Gabriela Carpineti da apoyo a la víctima y su familia. “Poner a un abogado de la institución a defender a policías acusados de violencia institucional es un mensaje muy claro, es decir ‘los bancamos’, es sostener que lo que hicieron estuvo bien y los van a defender. Si no estuviera ese abogado, los policías tendrían que salir a buscar un defensor que les cobre si no quieren tomar la defensa oficial, a la que tienen derecho. La víctima y su familia, en cambio, están representados por un fiscal que no es especializado en violencia institucional y que tiene como instructores habituales a la propia policía que ahora tiene que investigar”. No existen en la provincia fiscalías especializadas en violencia institucional, “pese a que así lo indica la ley”, sostuvo Caravelos.

En enero, una vez más, la familia reclamó custodia. Recibió la misma respuesta. Para colmo, el fiscal Rivas realiza este tipo de trámites a través de la propia comisaría 7ª a la que le pide que cumpla la solicitud al ministerio.

La dificultad en la que se encuentra el fiscal Rivas para investigar en profundidad a sus habituales “brazos derechos de la ley”, se puede reconocer en las indagatorias a los dos denunciados. Mientras que en el video se notan las tremendas patadas que le dan al pibe, en las indagatorias, los policías sostienen que le dieron “un cachetazo”, obligados porque el joven aseguraron que se negaba a mostrar sus manos (aunque en el video se ve que muestra ambas y después recibe una tremenda patada) y temían que tuviera un arma oculta. La incongruencia no tuvo un pedido de aclaración de Rivas. El fiscal le llegó a pedir a Ampuero “que diga si parte de su entrenamiento policial implica tener siempre a la vista las manos de los sujetos con los cuales trabaja”, una pregunta con la respuesta incluida.

En la conferencia, en el Concejo Deliberante de Quilmes, además del propio Pablo, su familia y trabajadores cartoneros organizados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE/CTEP), participaron la concejal de Unidad Ciudadana Eva Stoltzing; Ezequiel Arauz, del Frente Patria Grande; Walter Ormazábal, del Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia y la APDH; Nora Huertas, de la LADH; Laura Leonardi, de la CTA; el pastor de IAPI, Iván Carrillo, y José Estevao, subsecretario de Derechos Humanos del municipio.

“No puede ser que la investigación quede en manos de los policías que fueron compañeros de los denunciados, eso habilita este tipo de hostigamiento que queremos hacer visible”, sostuvo Stoltzing, mientras que Ormazábal dijo que “no podemos dejar que se naturalicen y se asuman como corrientes estas prácticas abusivas por parte de la policía, que es alentada y premiada por estas actitudes desde lo más alto del gobierno nacional”.

En la conferencia sostuvieron que los hechos fueron denunciados ante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria adhirió y sigue el caso desde el inicio.

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