Vecinos de Villa Crespo celebran el amparo, aunque no suspenda las obras
Un microestadio muy liviano de papeles
Por la falta de estudio de protección ambiental, un juez porteño suspendió la explotación económica del Buenos Aires Arena.
La Nación y AEG World Wide no hizo el procedimiento completo de evaluación ambiental.La Nación y AEG World Wide no hizo el procedimiento completo de evaluación ambiental.La Nación y AEG World Wide no hizo el procedimiento completo de evaluación ambiental.La Nación y AEG World Wide no hizo el procedimiento completo de evaluación ambiental.La Nación y AEG World Wide no hizo el procedimiento completo de evaluación ambiental.
La Nación y AEG World Wide no hizo el procedimiento completo de evaluación ambiental. 
Imagen: Sandra Cartasso

La Justicia consideró ilegales los certificados presentados para autorizar la obra del Microestadio Buenos Aires Arena dentro del Club Atlanta por parte de la Agencia de Protección Ambiental, que determinaba que la obra carecía de impacto relevante, y frenó de esta manera la explotación económica de este espacio construido por el diario La Nación y AEG World Wide.

El juez Aurelio Luis Ammirato dio lugar a la medida cautelar presentada por la Fundación Ciudad y el jueves pasado anunció la suspensión de la explotación económica del Microestadio.

Además, el fallo prohíbe la inauguración del Arena estadio hasta tanto se realice el procedimiento técnico administrativo completo de evaluación de impacto ambiental, según establecen los artículos 8 y 26 de la ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Una vez terminados esos informes, el Estado deberá realizar una audiencia pública con las partes involucradas.

El amparo ambiental fue presentado por la Fundación Ciudad junto a “Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo contra el Megaestadio Arena”, con el patrocinio de Jonatan Baldiviezo, del Observatorio Derecho a la Ciudad, quien explicó que el cese de la explotación económica “no consiste en suspender las obras, ya que el estadio se va a seguir construyendo a riesgo de la empresa y del gobierno (de la Ciudad), pero sí ordenó que no se pueda hacer ningún evento cultural, deportivo ni musical”.

“La ilegalidad es manifiesta, porque les dieron un permiso con el mismo procedimiento de habilitación que si fuese un kiosco”, dijo Baldiviezo.

El secretario de Gestión Ciudadana del gobierno porteño, Facundo Carrillo, mantuvo dos reuniones con los vecinos implicados. En el primer encuentro, que se realizó el 31 de enero, se ofreció a ser interlocutor por parte del Estado para mediar entre la Empresa (La Nación y AEG Worldwide) y los vecinos autoconvocados. Pero en el segundo encuentro, según los vecinos, “de funcionario pasó a ser vocero de la empresa. Dijo que estaba muy enojado por el amparo presentado por la Fundación Ciudad y que si se había elegido la vía judicial, ellos no tenían por qué tener ninguna consideración con los vecinos”.

Ingrid de Jong, integrante de Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo contra el Megaestadio Arena, dijo a PáginaI12 que el 8 de marzo, Carrillo los acusó de estar “jugando a dos puntas, repartiendo volantes y hablando con los medios por un lado y sacando un recurso de amparo y que por el otro queríamos dialogar con ellos”, y en ese sentido, agregó que el funcionario porteño les pidió “ofrecer una muestra de voluntad bajando el recurso de amparo”.

No obstante, Carrillo, consultado por PáginaI12, negó las acusaciones de los vecinos. “De ninguna manera fue así. Fui un interlocutor designado por los vecinos”, agregó el funcionario.

“Me senté en esa mesa con los desarrolladores en búsqueda de soluciones concretas. Ellos plantearon que varias cuestiones excedían lo que marca la normativa. Propusieron que los vecinos tengan la misma buena voluntad que ellos en la búsqueda de un acuerdo que conforme a todos”, precisó Carrillo.

Baldiviezo sostuvo: “Hay que ver cómo actúan el gobierno y la Empresa, si deciden apelar esta orden o deciden cumplirla y comenzar a hacer el procedimiento de estudio de impacto ambiental y que si lo hacen llevará un par de meses”. 

El fallo sostiene que la factibilidad de la provisión de servicios de agua, cloacas, gas y luz no es compatible con el tamaño de la obra. A AYSA se le solicitó una factibilidad de provisión de agua y cloacas para una obra de 19.840 metros cuadrados de superficie, siendo que la que se está construyendo es de 28.715 metros cuadrados. La distribuidora Edesur tampoco acreditó garantizada la provisión del suministro de energía eléctrica.

La empresa Metrogas consideró que la provisión del servicio de gas no abastece el caudal solicitado, ya que “en el requerimiento de suministro (para autorizar la obra) se declaró un uso residencial del servicio, que no reflejaría en principio el uso de los locales gastronómicos que estarían proyectados”. 

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