Correpi dice en su informe que, desde 1983, los casos de gatillo fácil tenían como víctimas –por lo general– a varones y de manera excepcional a mujeres. Sin embargo, “la cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones”. Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992 y desde entonces el índice fue creciendo entre los casos de victimarios con uniforme hasta llegar en la actualidad “a 349 casos sobre un total de 596 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans”. Las cifras “convierten a los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”.
En el informe se dice que hasta fines de 2018, según los registros nacionales, “una de cada cinco mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género”, fueron a la vez “víctimas de la violencia estatal” por el uso del arma reglamentaria de un uniformado. En 2019, ese índice de uno cada cinco (20 por ciento) creció porque “de los primeros 15 femicidios registrados en enero de este año, cuatro fueron cometidos por integrantes del aparato represivo estatal”. Correpi sostiene que “eso da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal”.
