Julio Novo, el suspendido fiscal general de San Isidro y hombre vinculado a Sergio Massa

El fiscal procesado por encubrir narcos

La jueza Arroyo Salgado procesó por encubrimiento agravado y abuso de autoridad, entre otros delitos, al durante años jefe de todos los fiscales de San Isidro. Cuando PáginaI12 publicó denuncias en su contra, Massa salió en su defensa.
Julio Novo, durante años un mandamás del Poder Judicial de San Isidro.Julio Novo, durante años un mandamás del Poder Judicial de San Isidro.Julio Novo, durante años un mandamás del Poder Judicial de San Isidro.Julio Novo, durante años un mandamás del Poder Judicial de San Isidro.Julio Novo, durante años un mandamás del Poder Judicial de San Isidro.
Julio Novo, durante años un mandamás del Poder Judicial de San Isidro. 

Julio Novo, el suspendido fiscal general de San Isidro, fue procesado en una causa en la que se los investiga por el encubrimiento de crímenes relacionados con el narcotráfico. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lo acusa de “encubrimiento agravado” y también por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”. Novo es un hombre cercano al líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, que llegó a defenderlo después de que este diario publicara los cuestionamientos en su contra: “Es el fiscal general, tiene vínculo con los municipios y hace bien su trabajo”, dijo en julio de 1013. 
También fueron procesados, por los mismos delitos, cuatro colaboradores de Novo: los fiscales adjuntos también suspendidos Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y sus secretarias, Mariana Busse y Melisa Rey.
Las primeras denuncias contra Novo y sus asistentes fueron publicadas por PáginaI12, que reveló que una de las secretarias de Novo fue defensora de Gustavo Juliá, condenado por contrabando de droga a España, y por esa razón obstruyó la investigación sobre crímenes que podían involucrar a su representado.
El procesamiento de Novo y su gente había sido solicitado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien el año pasado los había citado a indagatoria. El mismo tiempo se conformó un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios y la Suprema Corte de Justicia bonaerense los suspendió por 120 días. En reemplazo de Novo, Caro y Vaiani, la Procuración General de la Corte provincial nombró a Beatriz Molinelli como fiscal general y a John Broyard como su adjunto.
La principal acusación contra Novo y sus colaboradores está relacionado con un presunto encubrimiento del doble crimen de los ciudadanos colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner, de 35 años, y Héctor Edilson Duque Ceballos, 35, acribillados a balazos en 2008 en el Unicenter Shopping. Se cree que el hecho fue planeado por Gustavo Juliá. En la causa, además de la actuación de Novo, se analiza la posible vinculación de los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, condenados por narcotráfico en España.
Para el fiscal federal Domínguez, los imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo” de la investigación por el doble crimen, a cargo de los instructores judiciales Luis Angelini y Diego Grau. Los ahora procesados habrían tenido la finalidad de “brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter.
Entre las maniobras denunciadas por el fiscal federal figuran “la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, la quita o no asignación de personal y recursos, las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral y filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias”.
A estas medidas, el fiscal federal le sumó “el impedimento” de que Angelini y Grau “viajasen a Colombia a producir prueba” y “la instauración de un sistema de persecución” hacia el primero de ellos a través de “una ingente cantidad de sumarios administrativos en su contra”. Domínguez consideró que “Novo, Vaiani, Caro y Rey” primero “desplazaron paulatinamente” al primer fiscal de la causa Unicenter, Grau; para colocar en su lugar a Angelini “con en el entendimiento de que podrían manejarlo conforme sus intereses” hasta que la detención de Juliá en 2011 en España “impuso un nuevo escenario (…) puesto que su vinculación con el narcotráfico pasaba a ser incuestionable”.
“Fue en ese momento cuando Busse abandona el estudio de su actual esposo, (el abogado) Carlos Broitman, para regresar al Ministerio Público provincial como secretaria de gestión de la fiscalía de Angelini”, indicó el fiscal federal, que recordó que dicha imputada es “ex defensora sustituta de Juliá”. Por su parte, Broitman fue el defensor particular de Juliá en el juicio que se llevó a cabo en 2013 en Barcelona y en el que los dos hermanos, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, recibieron penas de 13 años de prisión por el envío de casi una tonelada de cocaína a esa ciudad española a bordo de un jet privado.
Actualmente, Broitman es abogado defensor de Ibar Pérez Corradi (38), imputado en el triple crimen de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), y quien está próximo a ser juzgado por tráfico de 14 toneladas de efedrina. En su momento, la jueza federal Arroyo Salgado allanó la fiscalía general de San Isidro. En una de las notas publicadas por este diario se informó que la pareja de Novo mantuvo contacto con un sicario de Unicenter y un testigo del fiscal es pariente político de Juliá.

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