El combo de quita de subsidios al transporte, la liberación del precio del combustible y los tarifazos disparó una medida de fuerza de la UTA en los colectivos de media y larga distancia de todo el país desde ayer a la noche, que se prolongará hasta la medianoche de mañana. El gremio comenzó los paros parciales, de 22 a 6, ante la falta de acuerdo con la cámara del sector, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que afirma que no puede enfrentar el pago del bono de 5 mil pesos acordado a fines de 2018 si no se regulariza el pago de subsidios que el Gobierno nacional transfirió el año pasado a las provincias y municipios como parte de las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2019. 

"Es una situación muy improvisada la del traspaso de los subsidios. Acá hay una responsabilidad de los gobiernos nacional, provinciales y muncipales", apuntó el gerente de la FATAP, Marcelo Hasse, horas antes de que comenzara el segundo día de paro en todo el país, a excepción de la Ciudad de Buenos y 42 municipios del Conurbano, con los cuales el Gobierno mantiene el régimen anterior, distritos a los que se deberían agregar Córdoba capital y Mendoza, por la escasa penetración la UTA en dichos territorios. 

Según el dirigente de la FATAP, el Gobierno nacional cuando decidió eliminar los subsidios a las provincias eliminó, entre ellas, la tasa por combustibles, el ingreso más significativo. Además, Hasse precisó que el acuerdo para este año mantenía implicaba que el gobierno nacional se haría cargo de solo el 25 por ciento de los costos, las provincias absorbieron un 50 por ciento de los costos y el 25 por ciento restante debía transferirse a los pasajeros a través de la tarifa. "Es imposible trasladar ese costo, que permitiría adecuar el impacto por los salarios, porque la gente ya no puede pagar más aumentos", advirtió Hasse, en diálogo con C5N 

La UTA advirtió el lunes que la modalidad de los paros de 22 a 6 continuará hasta el miércoles en la previa de la nueva reunión que el gremio mantendrá con la FATAP en la Secretaría de Trabajo nacional, pero agregó que, en caso de no encontrar respuesta, las medidas se intensificarán. "El paro afectó de Ushuaia a La Quiaca", graficó el representante del sector empresario. 

El sector empresario sostiene que no puede continuar transfiriendo a la tarifa los costos del servicio, debido a la serie de aumentos que fueron aplicados en los últimos tres años, que en 2018 fue del 66 por ciento. El transporte público de colectivos alcanzó, por ejemplo, 19 pesos en Corrientes; 19,50 en Santiago del Estero; 23,17 en Rosario; 25,25 en Bahía Blanca y 27 pesos en Bariloche. 

A las provincias o municipios que aceptaron acompañar el ajuste propuesto por el Gobierno nacional y dejar de recibir las compesaciones al transporte, hay sumar situaciones particulares, entre ellas las de Santa Cruz, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, La Pampa y San Luis, que no aceptaron el traspaso. La situación es distinta en la Ciudad de Buenos Aires y los 42 municipios del Conurbano, donde los choferes de colectivo recibirán el bono de 5 mil pesos en dos cuotas, el 20 de marzo y el 20 de abril.

La tensión por la suba de tarifas se cristalizó hoy en el Consejo Deliberante de Mar del Plata, donde el oficialismo, que responda al intendente de Cambiemos Carlos Arroyo no consigue aprobar el aumento del boleto 13,55 a 18,81. La bancada oficialista fracasó por falta de quórum y evaluaba convocar a una sesión extraordinaria para traspasar la facultad del aumento de tarifas al intendente directamente. 

Otra de las dificultades que enfrentan las empresas de transporte es la liberación del precio de combustible, que se suma a la quita de subsidios. A principios de mes, la Cámara de Empresas de Autotransporte de Chubut (CEAP) declararó la emergencia del servicio y advirtió al gobierno provincial que suspenderían los viajes en caso de que no se regularizara la deuda de dos meses.