Opinión
185 puñaladas

La historia de Paola Córdoba condensa todo lo que hace mal el Estado --en sus distintas caras-- con las víctimas de violencia machista. Paola tiene 39 años y está privada de su libertad desde la madrugada del 9 de marzo. Ella llamó al 911 y contó lo sucedido.

Horas después de que la enorme ola feminista colmara las calles en distintos puntos del país, en el Tercer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, ella fue aprendida y luego detenida junto a su hija de 18 años, Milagros. La adolescente pudo recuperar su libertad. Paola sigue presa. Está encerrada en la Alcaidía N° 3 de La Plata, lejos de sus cuatro hijos, los más chicos, de 6, 9 y 13 años.

No hace falta hacer eventos pomposos para diagnosticar los avances y las deudas en relación a las respuestas que el Estado (no) les brinda a mujeres que conviven con parejas violentas, como ella. Solo basta con escuchar a Paola, o leer el expediente judicial que la tiene como imputada --junto a su hija mayor-- del delito de homicidio agravado por el vínculo. 

Paola denunció innumerables veces a su pareja y padre de sus cuatro hijes, Alberto Elvio Naiaretti, con quien convivió por más de veinte años. Y digo “innumerables” porque el equipo de defensores públicos que la está representando, del departamento judicial de San Martín, sigue encontrando denuncias, diseminadas en distintas fiscalías, que ella hizo contra Naiaretti: de 2003, de 2010, de 2012; esta última recayó en la misma fiscalía que hoy la acusa del asesinato. 

No solo denunció en la Justicia --adonde el Estado invita a denunciar--, sino que además pidió ayuda en organismos municipales. En uno y otro lugar, siempre le dieron la espalda. Nunca le tendieron una mano ni le dieron respuestas eficaces y oportunas. Ahora, ya presa, Paola contó que hace alrededor de dos años fue a un refugio de mujeres de Morón. La recibieron. Pero cuando dijo que vivía en José C. Paz, le dieron 200 pesos y la mandaron de vuelta. 

Ese mismo día, recordó en una de sus declaraciones, fue a la Dirección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) de José C. Paz: ella estaba con su hija menor, entonces de 7 años. Era vísperas de un fin de semana largo. Le ofrecieron ir a un refugio, pero cuando ingresó se encontró con que había dos varones, uno de ellos, el portero. Y ante la presencia masculina no se quiso quedar. Tuvo miedo, contó. Ese día tenía la cara marcada con los golpes que le había dado Naiaretti.  

También denunciaron a Naiaretti las autoridades de la escuela a la que van les hijes de Paola, cuando se enteraron por una de las hermanas más chicas, que Milagros había sido sometida a un simulacro de tortura por su padre: Naiaretti le colocó el cable de la planchita alrededor del cuello. Eso fue hace un año y medio aproximadamente, cuenta a este diario uno de sus defensores oficiales, Andrés López. La escuela hizo la denuncia en la DINAF de José C. Paz, agregó López. ¿Qué hicieron? “El organismo municipal llamó a Naiaretti y le notificó de la presentación pero no tomó ninguna medida de protección con la hija, sus hermanos y la madre. Milagros contó que ese día su padre la molió a palos y a la noche la dejó desnuda en la terraza de la casa y le tiró baldes de agua fría. Era invierno”, detalló el defensor público. 

Varias veces Paola quiso dejarlo y se fue de la casa en la que convivían. Pero no tenía recursos para irse con los cuatros hijxs. Se escapaba con uno y los demás la llamaban desesperados porque el padre los amenazaba con hacerles daño. Y Paola volvía. Estaba atrapada. 

El 8 de marzo Naiaretti la obligó, como lo venía haciendo hacía años, a prostituirse, contó ella. La llevó contra su voluntad hasta la ruta 8 para que vendiera su cuerpo. Intentó resistirse pero la zamarreó de los pelos. “Hoy termino con vos y los chicos”, le advirtió cuando volvieron, declaró la mujer. Paola quería dormir con sus hijes pero él no la dejó. Paola temblaba. “Paoooo, no te duermas...”, contó ella que le decía Naiaretti, en tono amenazante y burlón, a la vez. Así la amedrentó entre las 9 de la noche y alrededor de la 1 de la madrugada. Cuando él se durmió, ella buscó un cuchillo. Él se despertó, la vio, forcejearon y se lo puso en el estómago a ella. Según el relato de Paola, se defendió, junto a su hija que escuchó los gritos: se defendieron de dos décadas de violencia y amenazas. Le dieron 185 puñaladas. Y lo mataron.

La defensa pública de Paola, que está encabezada por Javier Chirinos, pidió que se apliqué el artículo 34 del Código Penal, que habla de la no puniblidad cuando se actúa en legítima defensa, y solicitó la excarcelación extraordinaria de madre e hija, por el contexto de violencia de género en el que vivían. El juez de Garantías N° 4 de San Martín, Alberto Brizuela, fijó una audiencia en la que hablaron ambas imputadas y también a la directora y a docentes del colegio donde van los hijos. Paola y Milagros dijeron que había sido la primera vez, en tantos años, que sintieron que las escuchaban. La fiscal de la UFI 23 de Malvinas Argentinas, Silvia Bazzani, a cargo de la acusación, no estuvo presente. No las escuchó. Pero igual se opuso a la excarcelación extraordinaria y mantiene su acusación, que podría derivar en una condena a cadena perpetua para las dos. Bazzani argumentó que las denuncias previas --algunas recibidas en su propia fiscalía-- “no reflejan la gravedad que dicen las imputadas vivían desde hace años", ni justifican un homicidio. 

Ahora la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín fijó una audiencia para el lunes próximo a fin de resolver si accede a liberar a Andrea, mientras avanza el juicio.

Milagros pudo recuperar su libertad. Tenía puesto un pantalón de la hija de una socióloga y docente universitaria feminista de La Plata, que junto con otras mujeres se conmovieron con su historia, y le alcanzaron ropa, artículos para la higiene y hasta un libro, El amante japonés, de Isabel Allende. El caso, como otros en los que el Patriarcado se ensaña de manera tan brutal con mujeres, movilizó a otras mujeres de distintos espacios para acompañar a Paola y a Milagros y reclamar por su libertad y su absolución. 

Que quienes tienen poder de decisión en el Estado --en gobiernos Nacional, provinciales, municipales, en la Justicia--, dejen de llenarse la boca con anuncios rimbombantes de medidas contra la violencia machista --que finalmente no llegan efectivamente a quien las necesita--, mientras reducen presupuestos, y conozcan la historia de Paola. Ella les puede contar todo lo que está (o hacen) mal.

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