El país

¿Será justicia?

Federico Wagner, en un círculo. El hombre de Gil Lavedra en la querella de Morales contra Milagro Sala, y el mail en el que coordina con la presidente del Superior Tribunal de Justicia como engañar a la CIDH.

El viernes, Milagro Sala y el diputado del Frente Unidos y Organizados Juan Manuel Esquivel, presentaron a la Legislatura de Jujuy la solicitud de juicio político contra la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Clara De Langhe de Falcone, por incumplimiento de los deberes de su cargo, causal de remoción según el artículo 203 de la Constitución Provincial. La presentación se basa en los mails del lunes 9 de enero de 2017, en los que el apoderado del gobernador Gerardo Morales, Federico Wagner, planteó a De Langhe de Falcone y al fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda (ambos dirigentes de la UCR local), coordinar la presentación de testigos contra Milagro Sala durante la visita que la CIDH realizará al país en mayo, “tal como hablamos en diciembre”. Para ello Wagner, Falcone, Miranda y el representante para Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, volverán a reunirse en febrero, dijo Wagner. El objetivo es que las declaraciones de esas personas “sirvan para justificar la privación de la libertad que me tiene como víctima”, dice Milagro. De ese modo se pone en funcionamiento “un mecanismo de trabajo destinado a engañar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ésta concurra a la Argentina, a fin de impedir que observen con nitidez las ilegales y arbitrarias condiciones bajo las cuales me hallo detenida”. El abogado patrocinante, Luis Paz, sostiene que la actitud de la jueza es “contraria a las garantías más básicas de los ciudadanos, cuya misión es resguardar. Ello debido a que de los mails surge la intención de De Langhe de Falcone de justificar una detención de forma parcial, a través de una concepción de un derecho penal de autor y no de acto. La aversión hacia la persona de Milagro Sala que denota la participación de la Presidenta del Superior Tribunal en conversaciones dirigidas a justificar su detención supone su desentendimiento del deber de imparcialidad que debe regir toda actuación de un magistrado”. Esa operación también “muestra un grave desconocimiento de la división de poderes” ya que con los mails la Presidente del Superior Tribunal de Justicia es “instruida por un apoderado del titular del Poder Ejecutivo respecto de cuál debe ser la vía a seguir en una tarea que por naturaleza le corresponde al Poder Judicial, como lo es informar a un organismo de Derechos Humanos sobre el estado de una causa que tramita ante los estrados de la justicia de la cual ella es actualmente la máxima representante”. El artículo 145 de la Constitución Provincial establece que “el Poder Judicial es independiente de todo otro poder y sostendrá su inviolabilidad como uno de sus primeros deberes” y que “ninguna otro autoridad puede ejercer sus funciones”. Pero De Langhe de Falcone “mantiene diálogos con el gobernador Morales para planificar decisiones en las que no debería inmiscuirse persona alguna ajena a la estructura del Poder Judicial”. De este modo “se conduce de forma contraria a los objetivos de la Constitución Nacional” dado que “si se permite que los magistrados, ya sean federales, nacionales o provinciales, defrauden a los Organismos Internacionales de los que Argentina es parte, la voluntad de la ciudadanía, expresada a través de sus representantes, se verá sistemáticamente desconocida”.

Federico Wagner es abogado del estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, cuyo aporte a la persecución de Milagro Sala no se agota allí. En cuanto asumió, Gerardo Morales dispuso la creación de una fiscalía anticorrupción, en la que designó a un asesor de Gil Lavedra durante su desempeño en la Cámara de Diputados en 2006 y 2007, el abogado Joaquín Millón Quintana, joven retoño de una familia de la nobleza colonial, de la que le quedan los aires de superioridad. Al mismo tiempo, Millón trabajó en el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, cuyo titular Carlos Rosenkrantz fue designado juez en comisión de la Corte Suprema de Justicia por el presidente Maurizio Macrì. Entre 2009 y 2015, Millón trabajó en la Auditoría General de la Nación, con el auditor radical Alejandro Nievas, uno de los testigos de Morales en el primer juicio contra Milagro, cuya condena fue fundamentada el viernes. El jueves 2, el Superior Tribunal, con la firma de los jueces de la Sala Penal Laura Nilda Lamas González, José Manuel del Campo y Federico Francisco Otaola, concedió los recursos extraordinarios interpuestos por Milagro Sala en las causas por la prisión preventiva y por sus fueros como parlamentaria del Mercosur. Ahora tiene la palabra la Corte Suprema de Justicia, donde espera otro de los protectores de Millón Quintana.