El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia se le plantó al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación Jorge Baclini y lo obligó a dar marcha atrás con un operativo para nombrar 195 agentes de la Policía Judicial "por la ventana", según denunció el gremio en la edición del domingo último en Rosario/12. La resolución del escándalo es la número 23, que Baclini firmó el 7 de febrero, pero que ayer "suspendió provisoriamente" tras reunirse con los líderes sindicales en medio de una escalada de protestas en el Poder Judicial. A la misma hora de la audiencia, un centenar de trabajadores recorría los pasillos y el hall de Tribunales entre batir de palmas y cánticos ("¡Se va a acabar, se va a acabar, el acomodo judicial!"). Y poco después, arrancaba una ronda de asambleas en las Fiscalías de primera instancia (para exigir que se derogue la resolución 23), que seguirá hoy en el Juzgado de Trabajo y mañana, en las Fiscalías de Cámaras, en la sede de calle Urquiza. La reacción se entiende por quién es quién en la lista de los propuestos.  

La polémica atravesó la apertura del año judicial en la Corte Suprema, donde su presidenta María Angélica Gastaldi leyó su discurso ante el gobernador Miguel Lifschitz e invitados de los tres poderes. Baclini asistió el acto, pero esquivó a la prensa que lo esperaba afuera y sólo mandó al vocero de la Corte para decir que se remitía al comunicado oficial del MPA ("Acerca del traspaso de personal del Poder Ejecutivo al Organismo de Investigaciones"). La nota confirma el anuncio de Baclini a los cuatro dirigentes del Sindicato de Judiciales que lo visitaron ayer: que "suspendió provisoriamente" la resolución 23. En la audiencia, participaron el líder del gremio: Jorge Perlo, el secretario ejecutivo Juan Pablo Langella y sus compañeros Alejandro Nucci (prosecretario general) y Cristian Bustamante (prosecretario de Asuntos Gremiales).

En realidad, al salir de la entrevista, Perlo dijo que Baclini había "dado marcha atrás" con la resolución 23. Luego Langella aclaró que la había "suspendido". Y después, el comunicado del propio Baclini explicó que la suspensión era "provisoria".

Baclini recibió a los sindicalistas en su oficina de la Fiscalía, frente a la plaza San Martín y el Ministerio de Seguridad. Mientras a diez cuadras de allí, y a la misma hora, los judiciales se manifestaban en los pasillos y el hall del Palacio contra la resolución 23. Uno de los estribillos pedía que Baclini la derogue: "¡Concurso para todos, no al acomodo!", cantaban. Y el otro era más directo. "¡Se va a acabar, el acomodo judicial!".

Después de la apertura del año judicial, le preguntaron a la presidenta de la Corte si tenía una opinión sobre la protesta de la mañana, pero se desligó del asunto. "Me enteré que hubo una manifestación, pero no la ví", se excusó. La marcha fue en la planta baja y Gastaldi tiene su despacho en el primer piso. El alboroto se escuchaba desde el segundo.

Ya por radio, Perlo y Langella advirtieron que la resolución 23 "no se ajusta a derecho". "Quienes tienen que bregar por la legalidad incumplen la ley. Con esta resolución, Baclini se apartó de la ley", dijo Langella. Y explicó que el gremio había impugnado la medida no sólo ante el propio Baclini, sino ante la Corte a la que reclamó una medida cautelar. "Le hemos pedido a la Corte que se aboque para solucionar este tema. Si no sucede, seguiremos en protestas permanentes para estas cosas se reviertan", agregó por LT9.

Langella explicó que "de los 195 designados, alrededor de 40 prestaban servicio en 2015. El resto ingresó después". Y volvió a Baclini, que "le hace meter la pata al gobernador Lifschitz. Y ahora, el gobierno tiene que salir a dar explicaciones de algo que está muy mal", expresó.

-¿Influye que éste sea un año electoral?

-Creo que el tema político interfiere. En su momento, dijimos que la manera de conformar la Policía Judicial no era la correcta porque violaba la carrera judicial -cerró Langella.