Mientras el fiscal Carlos Stornelli acumula faltazos a las citas para declarar como imputado, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunió ayer por primera vez desde que ingresó la denuncia del Gobierno contra el juez federal Alejo Ramos Padilla por supuesto mal desempeño, fundado en su exposición ante la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados sobre la causa por espionaje ilegal y extorsiones. Los consejeros consensuaron medidas de prueba que pedirán en los próximos días, primer paso de un largo proceso en el que todo indica que el oficialismo no tiene los votos para destituir al juez de Dolores, ya que se necesitan dos tercios de los consejeros para removerlo.
La denuncia contra el magistrado que investiga a la asociación ilícita paraestatal que tiene por cara visible al falso abogado Marcelo D’Alessio la presentó el 18 de marzo el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Juan Bautista Mahiques. Con la misma eficacia que el azar de Comodoro Py, por el cual las causas sensibles para el gobierno recaen en Claudio Bonadio, el sorteo para elegir al responsable de instruir la investigación contra Ramos Padilla implicó su adjudicación a Pablo Tonelli, diputado de Cambiemos. “Ahora no me importa el juicio político, me importa el concurso”, le dijo el juez el lunes, al ingresar al Consejo para la entrevista personal en el marco del concurso para ocupar el juzgado federal y electoral de La Plata, en el que salió primero.
De la reunión en la Comisión que preside el senador Miguel Pichetto surgieron las primeras medidas de prueba, destinadas a avanzar o no en el pedido de juicio político. Los consejeros dispusieron el pedido de “una copia de la causa (por espionaje), la versión taquigráfica de la exposición del magistrado en la comisión, si pidió asistencia del Ministerio de Justicia para su exposición, el reglamento del Congreso y la competencia que tiene como para invitar al juez”, entre otras.
