La fiscalía federal general de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, analiza aún la competencia para actuar en la denuncia del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) de Salta contra la empresa Transporte de Energía Eléctrica por distribución Troncal del Noroeste Argentino (Transnoa SA) por defraudación, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos.

El presidente del ENRESP, Carlos Saravia, ya había adelantado el 21 de septiembre último que presentaría esta denuncia, tras el corte de energía que afectó a casi dos mil familias de Rivadavia Banda Sur y La Unión, en el norte salteño, luego de la salida de servicio de un transformador en la planta ubicada en el paraje La Estrella.

En la denuncia se pone el eje sobre el hecho de que la falla de este transformador, dado que, según reseñó el ENRESP, había sido adquirido en 2017 y tendría que tener al menos 25 años de duración, que, con un buen mantenimiento, podía llegar hasta 50. De allí la duda por las inversiones realizadas.

Mientras, la transportadora se excusó ante el ENRESP en que tendría hasta 45 días para reponer transformadores. Para el Ente provincial, esta es una interpretación contractual al menos “maliciosa”. “No puede sino calificarse como un absurdo, y que la real intención de la transportista es retacear la inversión en logística, devaluar las responsabilidades de operación y mantenimiento y ahorrar costos”, sostuvo el organismo en la presentación. 

Mientras tanto, la consecuencia más preocupante es el riesgo que corre “todo el padrón de electro-dependientes que reside en la zona afectada”. Esta zona se encuentra, sobre todo, en los departamentos de Anta, Orán, San Martín y Rivadavia, que registran temperaturas más altas del país durante el verano. 

En estos lugares el agua apta para consumo humano se saca de pozos profundos, para lo que se usan bombas eléctricas. Al cortar el suministro, el ENRESP advirtió que hay un entorpecimiento de este servicio público. “Priva a los salteños de agua potable en los lugares en los que la provisión se corresponde con la captación que exige el uso de bombas eléctricas”, detalla la denuncia.

Una concesión de 95 años

En la privatización que signó la época menemista de los 90, el servicio que brindaba Agua y Energía Eléctrica fue vendido a manos privadas y en ese proceso el transporte de alta tensión en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja quedó en manos de Transnoa.

La concesión se concretó en 1994 y los pliegos indican que se extiende por 95 años, hasta 2089.

Como la empresa se queda con el 5 por ciento de las facturaciones anuales, solo por lo aportado por consumidores salteños factura cerca de 25 mil millones de pesos al año.

La denuncia sostiene que Trasnoa incumple con el con el plan de inversiones. Para atender las seis provincias cuenta con una estructura de 336 empleados para operar unos 52 mil kilómetros de líneas eléctricas, 90 estaciones transformadoras, 150 transformadores de potencia y 564 puntos de conexión distribuidos en el área de su concesión.

La situación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a cargo de controlar las empresas, no es mejor. La denuncia indica que el organismo “no cuenta con personal suficiente”. A ello se suma que las sumas de los viáticos resultan insatisfactorias para que se puedan cubrir los mínimos gastos de los inspectores. Ante ello, “se ha optado por sacrificar la potestad del control intencionadamente”, sostiene el ENRESP. 

A ello sumó que, según el último informe del mismo organismo nacional, de 2022, concentra sus actividades en el control de la distribución de Edenor y Edesur.

En la actualidad el ENRE cuenta con 411 empleados, de los cuales el 70 por ciento es profesional o técnico, “a todas luces insuficiente para cumplir con las funciones encomendadas por la normativa que lo rige”, afirma el ENRESP en su denuncia. 

Además, indica que en cinco años no hay antecedentes de inspecciones o auditorías en las instalaciones de Transnoa.