En el juicio contra el prefecto Daniel Stolfd, por no haber puesto fin al tiroteo entre dos bandas narco en el que fue asesinado Kevin Molina, de 9 años, la querella pidió “la ínfima pena máxima que podemos pedir y que prevé el Código Penal para el incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La pena tiene un máximo de dos años de prisión o en su defecto, la aplicación “de una multa que es una burla”, le dijo a PáginaI12 el abogado de la familia, Luciano Ortiz Almonacid.
El querellante agregó que en el juicio se solicitó “la extracción de testimonios para investigar la participación criminal de Stolfd, que no ha sido analizada en este proceso donde no se tuvo en cuenta el asesinato de Kevin, porque el prefecto podría haberse representado la posibilidad de que hubiera una muerte, en el marco de un enfrentamiento a balazos” como el ocurrido el 7 de septiembre de 2013 en el barrio Zavaleta de Barracas.
“En el juicio quedó probado que oficiales de la Gendarmería, que también concurrieron al lugar del hecho sin intervenir, dicen haber escuchado los disparos que los prefectos afirman no haber oído”, aunque fueron más de cien. En el cierre “la propia defensa de Stolfd dijo que la responsabilidad de la no intervención le cabe a la Gendarmería y también se hizo mención al prefecto Manuel Lee, que tenía un grado mayor que Stolfd”. Ortiz Almonacid sostuvo que la fiscalía “acompañó la solicitud de la querella”.
