En las boletas largas de las elecciones nacionales, los diputados al Parlasur están entre el Presidente y los gobernadores. En Buenos Aires estuvieron entre Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Desesperado por su imagen (la figura de Vidal también cae, pero menos que la suya), Macri quiere que en octubre nadie se interponga entre él y la gobernadora. Y para eso debe liquidar las diputaciones al Parlasur, que el Gobierno ya desprecia hasta el punto de no concederles sueldo y proponer que los argentinos no elijan más a sus representantes.
El problema con las instituciones es que funcionan. Hoy habrá reunión en Montevideo, por ejemplo. Según pudo establecer PáginaI12, uno de los temas de conversación será el de las sospechas de espionaje regional protagonizado por Marcelo D’Alessio. El asunto preocupa a los diputados argentinos como Oscar Laborde, quien viene haciendo un seguimiento detallado de las menciones a maniobras de espionaje fuera de la Argentina, y también a los uruguayos. Un oriental, Daniel Caggiani del Frente Amplio, preside el cuerpo. El fantasma del Plan Cóndor, que coordinó a los torturadores de las dictaduras, preocupa a los dirigentes democráticos de hoy.
En el auto de procesamiento del juez Alejo Ramos Padilla figuran comunicaciones entre D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli. En una, del 28 de diciembre de 2018, D’Alessio le pregunta a Stornelli: “¿Te interesa un caso de terrorismo?”. Ante la respuesta afirmativa, D’Alessio menciona una supuesta “embajada paralela de Irán que está en Montevideo” y advierte sobre ventas de cemento que pondrían en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Los parlamentarios podrían intercambiar información sobre la presencia de agentes reconocidos (una práctica habitual entre Estados) o de agentes encubiertos (habitual en casos de conflicto, que no es el caso de las relaciones entre la Argentina y Uruguay). Según consultas de este diario, también podrían realizar consultas formales a los gobiernos.
La Comisión Provincial por la Memoria, un ente público que presidente el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, evaluó a requerimiento de Ramos Padilla que D’Alessio “desplegó en territorio nacional y extranjero actividades de inteligencia y contrainteligencia”. Y agregó: “Al menos en dos operaciones habría desplegado tareas de inteligencia con alcance internacional en territorio uruguayo y venezolano”.
Uno de los blancos de D’Alessio, como se sabe, fue el intento de penetración en el corazón de Petróleos de Venezuela, la estatal PDVSA, un órgano neurálgico para el país con la mayor reserva petrolera y gasífera del mundo. Un uruguayo, el ex directivo de PDVSA Alfredo Brusa Dovat, ya detalló ante Ramos Padilla las extorsiones a las que fue sometido.
Para la Comisión, lo grave es que “el sistema de inteligencia nacional no detectó tareas de inteligencia ilegales desplegadas a nivel nacional e internacional en comunicación cotidiana con los restantes imputados en la causa y con otros contactos a nivel nacional e internacional”.
Según el informe de la CPM, firmado por Pérez Esquivel, Roberto Cipriano García y Ernesto Alonso, una hipótesis es que las tareas de inteligencia se desarrollaron “bajo la órbita o a requerimiento de agencias o representantes de agencias estatales”. En este caso habrían sido ilegales no solo por la metodología sino por “la ausencia o deficiencia en la formalización del marco”. Si no hubiera existido pertenencia estatal D’Alessio y su grupo habrían violado la prohibición de formar asociaciones, instituciones o redes de inteligencia al margen del sistema de inteligencia nacional.
