Entrevista a la investigadora Mariana Galvani
“Qué mensaje envían a las fuerzas”

"El Gobierno se apoya en una frase que genera confort entre las fuerzas de seguridad para generar una cortina de humo", advierte la especialista en políticas de seguridad Mariana Galvani tras la creación por parte de la ministra Patricia Bullrich de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. "Los derechos humanos son para todos y hasta hoy las fuerzas estaban excluidas", es la frase con la que el director de Violencia Institucional, Daniel Barberis, anunció la creación de la unidad, que quedará bajo su órbita. La integrante del Grupo de Estudios sobre el Gobierno de la (In)Seguridad del Gino Germani señala que detrás de esa "cortina de humo", "el Gobierno está defendiendo un modelo de exterminio" y recuerda que dentro de las fuerzas hay derechos vulnerados que ni siquiera son mencionados en la resolución publicada en el Boletín Oficial. 

-¿Cuál es el mensaje que da el Gobierno con esta resolución?

-La resolución se monta sobre una frase que suena amable entre los policías, aquella sobre que "los derechos humanos son para todos menos para la Policía". Los derechos humanos son universales, no pueden ser sectorizados a una parte de la población y otra no, y es el Estado el que tienen el deber de hacerlos cumplir. No hay derechos humanos para la institución, pero sí derechos para cada policía. El ruido entre los integrantes de la fuerza surge a partir de que son los ejecutores de la violencia legítima del Estado y, en ese rol, pueden usar esa fuerza de manera ilegítima. En ese punto, ven en los organismos de derechos humanos al enemigo porque son quienes ponen en tela de juicio esas violaciones por parte del Estado. El Gobierno se apoya en una frase que genera confort entre las fuerzas para generar una cortina de humo. La resolución no tiene sustento, lo que hay que ver es qué mensaje la están enviando a las fuerzas.  

- ¿Qué política de seguridad termina de diseñar esta resolución encadenada al protocolo de uso de armas de fuego que reglamentó la "doctrina Chocobar"? 

-La resolución no se comprende, no cuenta con una sola definición sobre qué son los derechos humanos, porque si lo hacen tienen que dar marcha atrás. Si se repasa el artículo que apunta a sensibilizar a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, uno pensaría en una política de uso adecuado de las fuerzas, pero no es lo que ocurre. En la resolución sobre el uso de armas de fuego existe una contradicción legal porque en la Argentina no está legalizada la pena de muerte, un policía no puede ejecutar por la espalda a una persona, al menos, hasta que se cambia el Código Penal. Por eso, cuando un policía sea juzgado por un caso ilegítimo de uso de la fuerza letal, va ir preso. El Gobierno lo que está defendiendo es un modelo de exterminio que excede a los policías individualmente, porque si lo aplican terminarán presos. Es un modelo que va de la mano con la baja de la edad de imputabilidad, con sostener que una parte de la población puede ser eliminada.  

- El director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad habló de "proteger a los ciudadanos con uniforme", pero en la resolución solo se habla de "acciones", "iniciativas" o "fortalecer la cultural del respeto", ¿cómo se traducirían en la práctica? 

-En ninguna parte de la resolución se describe cómo un integrante de la fuerza podría defenderse de la institución, que es la que más violenta sus derechos humanos. Los castigos legitimizados pero ilegales, la vulneración del derecho a la sindicalización, a la reunión y a peticionar, son ejemplos. Si un policía quisiera denunciar una red de narcotráfico o de coimas no puede hacerlo sino es ante su superior y de manera individual, amén de la represalia que traiga, porque hacerlo de manera colectiva es una falta. Está el caso de la Red Nacional de Mujeres Policías que públicamente están dando cuenta de cómo tenían que denunciar abusos ante el mismo superior que lo generaba. Si un jefe da una orden injusta, si hace tapar un delito, podría ser denunciado por violencia institucional, pero la relación jerárquica impide que ocurra. En todos esos casos, el Estado vulnera derechos humanos que no están contemplado en esta resolución. 

- ¿Qué experiencias se podrían recuperar o ensayar para conseguir fuerzas democráticas? 

- El sindicato sería un arma democratizadora en la Policía y para el poder político sería una manera de tener un termómetro de lo que ocurre dentro de las fuerzas porque solo lo saben a través de los superiores, que son los mismos que vulneran los derechos. La idea de un sindicato de policías genera resquemores, pero hay distintas figuras que se pueden ensayar, como en el caso de los médicos que tienen particularidades para realizar huelgas o la creación de espacios asamblearios a los que llevar las denuncias. En algún momento se pensó en crear la figura del Defensor de la Policía para defenderse frente a faltas institucionales pero no se avanzó. Hacer lugar a organizaciones sería una forma de los policías para denunciar o defender derechos, como el caso de la mujeres que sufrieron abusos dentro de la institución, y permitiría al poder político tener un control de las fuerzas de seguridad.

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