“Tenemos gran expectativa de que este nuevo pedido de enjuiciamiento ésta vez prospere, es muy clara la gravedad del espionaje ilegal, hoy Argentina está conmovida por una investigación al respecto porque estas tareas han penetrado todas las instituciones del Estado democrático”, dijo a PáginaI12 Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, luego de la conferencia de prensa con otros organismos de derechos humanos en la que presentaron las nuevas pruebas de delitos de lesa humanidad contra el ex agente de inteligencia y actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Uriel Fernández Garello. “El dirige la política criminal en esa ciudad y fue un agente de la dictadura militar, esta conexión entre Justicia y espionaje ilegal que vemos en el presente tiene sus antecedentes, por eso es inadmisible que Fernández Garello siga siendo parte del sistema judicial actual habiendo tenido plena participación en los crímenes del terrorismo del Estado. Los partidos, la Corte y el Ministerio Público, además del Gobierno, deben entender que es prioritario desplazarlo de su cargo en forma definitiva”, agregó. 

La CPM había impulsado el jury contra el jefe de los fiscales marplatenses, quien está imputado en la Justicia federal por la persecución, secuestro y torturas contra militantes del Partido Comunista durante la dictadura. En noviembre, el Jurado de Enjuiciamiento archivó el pedido de destitución con los votos de los legisladores de Cambiemos Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli y del Frente Renovador Hernán Albisu y Lisandro Bonelli, sumados a los de los abogados Alicia Cristina Racig y Horacio Enrique Hernández. 

Las nuevas pruebas provienen de un hallazgo en el archivo de la antigua Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (Dippba), acervo documental que la CPM tiene bajo custodia desde 2001, que vinculan a Fernández Garello en dos nuevos delitos cometidos durante la dictadura.

El primer hecho da cuenta del accionar represivo sobre el ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, secuestrado por la Policía bonaerense el 9 de febrero de 1979, en su casa del asentamiento de Villa Pineral y frente a sus hijos. Luego fue trasladado a la comisaría 1ª de Tres de Febrero y ese mismo día, la delegación de San Martín de la Dippba elaboró un informe  sobre su militancia en el Partido Comunista de Paraguay. Ese memorando de inteligencia está rubricado por el comisario Federico Capurro, 2° jefe a cargo de la Dippba San Martín y el entonces oficial ayudante Fernández Garello. Mario Ramírez Medina continúa desaparecido.

El segundo hecho ocurrió entre 1978 y 1981, cuando la delegación San Martín de la Dippba coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre una familia chilena. Esas acciones fueron reconocidas por el propio Fernández Garello en sus declaraciones ante la Justicia, minimizándolas como un simple censo de ciudadanos extranjeros. “Mi tarea ha sido el relevamiento de ciudadanos chilenos, alrededor de cinco mil por la sola circunstancia del conflicto internacional en trance”, había declarado el actual fiscal general. Sin embargo, los documentos de la Dippba revelan el verdadero motivo de esa intervención: un minucioso trabajo de inteligencia, seguimiento y persecución político-ideológico de ciudadanos chilenos, que fueron considerados “peligrosos para la seguridad nacional” y permanecen desaparecidos. Fernández Garello admitió estas tarea porque no tuvo opción: en su legajo policial consta la distinción que le otorgó por ese trabajo su jefe, comisario Roberto Bustos, condenado por crímenes de lesa humanidad. La CPM se presentó en la causa del juzgado criminal y correccional 2 de San Martín por los crímenes cometidos en el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Fernández Garello y otros miembros de la Dippba ya están denunciados por su participación en la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro en 1982.

Los organismos reclaman la suspensión del fiscal y reabrir su juicio político. En la CPM estuvieron representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (LF), CELS, LADH, APDH, Serpaj y otras organizaciones.