La defensa del general Alfredo Arrillaga, único imputado en el juicio por el asesinato de uno de los militantes que participó de la toma del cuartel de La Tablada en 1989, culminó ayer su alegato en la última audiencia previa a la sentencia, que el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín dará a conocer el 12 de abril. 

“Reforzó lo que ya había planteado, que ya fue contestado por la abogada de nuestra parte, Liliana Mazea, y pidió una nulidad por un presunto cambio del sustento fáctico respecto de los hechos por los cuales fue indagado, pero es todo un invento esa pretendida incongruencia”, resumió ante PáginaI12 Ernesto Lombardi, uno de los abogados del equipo querellante que representa a los familiares de las víctimas. 

El militar, que tiene cinco condenas en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, dirigió el operativo de recuperación del cuartel, en el que los militantes del Movimiento Todos por la Patria fueron víctimas de torturas, fusilamientos y desapariciones. En su alegato, el abogado de Arrillaga volvió a rechazar las acusaciones al tiempo que consideró a su defendido como una “víctima”.

El juicio oral y público –que había comenzado en diciembre por el asesinato de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos del MTP tras el cruento operativo de recuperación del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 el 23 y 24 de enero de 1989– pasó a un cuarto intermedio hasta el 12 de abril, cuando Arrillaga tendrá la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes del veredicto. La querella estima que, en caso de hacerlo, no sería una larga alocución porque el represor ya formuló una extensa ampliación de su declaración indagatoria, en un intento de reflotar la teoría oficial de que los desaparecidos del MTP se habrían fugado.

El abogado Hernán Silva, a cargo de la defensa, dedicó largos párrafos a cuestionar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dio por probadas las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía bonaerense durante el gobierno de Raúl Alfonsín, para sofocar la toma del cuartel de La Tablada iniciada por el MTP con la intención de frenar un supuesto golpe de Estado.

Respecto de la sentencia, los familiares de Díaz, junto a los de Francisco Provenzano, Iván Ruiz y Carlos Samojedny, en su alegato pidieron la prisión perpetua en una cárcel común, que los hechos sean declarados crímenes de Estado, y que se produzca una reparación simbólica con la realización de un audiovisual con la participación de los familiares y los sobrevivientes para plasmar la “verdad histórica” de lo sucedido. En su fuero íntimo, también esperan que Arrillaga diga dónde están los cuerpos de los desaparecidos.