El presidente Mauricio Macri recibirá hoy a empresarios del sector alimenticio con los que el Gobierno negoció la lista de más de 60 productos del denominado “Precios Esenciales”, uno de los pilares de las medidas económicas lanzadas para tratar de detener la escalada inflacionaria. De la reunión participarán representantes de 16 empresas y también el ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, justo ahora que comenzó a regir el congelamiento de precios por 180 días acordado para esos productos. El encuentro se concretará, además, en momentos en que arrecian los cuestionamientos empresariales al decreto que reforma la ley de Lealtad Comercial 22.802 y representantes de la oposición ponen en duda la efectividad de las nuevas medidas económicas anunciadas la semana pasada. También hay temor oficial por la reacción de los mercados luego de la fuerte suba que el jueves registró el riesgo país al llegar a 854 puntos, record de la administración Cambiemos. 

Los dirigentes industriales plantean objeciones contra el decreto que firmó Macri para reformar la ley de Lealtad Comercial, que será publicado en el Boletín Oficial, y prevé duplicar sanciones sobre conductas que, según el sector privado, ya están incluidas en la Ley de Defensa de la Competencia. En la nueva norma sobre Lealtad Comercial se busca evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas anticompetitivas de grandes empresas. La iniciativo recibió críticas del presidente de la UIA, Miguel Acevedo, quien advirtió que a la norma “le falta el diálogo con el sector privado, esto no se ha hecho”. Además, criticó que la medida incluya contraposiciones con otras normas, y está regulando las relaciones comerciales entre privados sin posición dominante. “Eso es meterse en el comercio entre privados; es de lo que menos me gusta”, dijo Acevedo. En el gobierno subrayan que se complementará con las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor. El sector empresarial también mostró preocupación porque las multas previstas son “altísimas” –llegan hasta los 200 millones de pesos– y “con gran poder de discreción, el producido de las multas entran al presupuesto del órgano administrativo que las aplica, por lo que los incentivos y el poder puestos en la administración son muy preocupantes”.

La norma penaliza “actos de confusión” sobre el origen empresarial de la actividad; “violación de normas”; “abuso de situación de dependencia económica”, o explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora. También objeta la “obtención indebida de condiciones comerciales”; “venta por debajo del costo”; “explotación indebida de la reputación ajena”; “actos de imitación desleal y denigración” y “violación de secretos”.

El presidente Macri buscará remarcar ante los empresarios que la iniciativa no se utilizará para perseguir a las firmas sino para aportar más transparencia a las relaciones de mercado. Desde el sector privado, en cambio, temen que quienes adhirieron al acuerdo de precios, presentado como un “pacto de caballeros” terminen siendo multados por cifras millonarias si no cumplen durante los próximos seis meses. El acuerdo se limita hay muy pocos productos y solo incluye segundas y terceras marcas, pero la inestabilidad económica es tan grande que las empresas temen que un nuevo desborde del dólar les haga difícil cumplir incluso ese débil compromiso asumido ante el Poder Ejecutivo. 

Otro foco de atención estará puesto en los mercados financieros donde el Jueves Santo el riesgo país volvió a dispararse encendiendo las alarmas en el Palacio de Hacienda. Desde el oficialismo dejaron trascender el fin de semana que la suba fue en respuesta a la aparición de una encuesta que le da ventaja a Cristina Fernández de Kirchner en un eventual ballotage frente a Macri, pero son pocos los funcionarios que creen seriamente en esa explicación. El temor es que no haya más crédito por parte de los inversores y que una acelerada liquidación de los títulos públicos argentinos termine acelerando una debacle que se quiere postergar como mínimo hasta después de las elecciones.