Cambiemos busca avanzar con el financiamiento de los partidos
El proyecto que desvela al macrismo en Diputados
El oficialismo intentará aprobar esta semana en comisión la propuesta para habilitar el aporte de empresas para la campaña electoral, ya aprobada por el Senado.
Los diputados de Cambiemos cuentan con el apoyo del peronismo dialoguista a la iniciativa.Los diputados de Cambiemos cuentan con el apoyo del peronismo dialoguista a la iniciativa.Los diputados de Cambiemos cuentan con el apoyo del peronismo dialoguista a la iniciativa.Los diputados de Cambiemos cuentan con el apoyo del peronismo dialoguista a la iniciativa.Los diputados de Cambiemos cuentan con el apoyo del peronismo dialoguista a la iniciativa.
Los diputados de Cambiemos cuentan con el apoyo del peronismo dialoguista a la iniciativa. 
Imagen: Leandro Teysseire

El oficialismo buscará avanzar esta semana en la Cámara de Diputados con el tratamiento en comisión de la media sanción que modifica la ley de financiamiento de los partidos políticos y que le abre las puertas al aporte económico de las empresas –hasta ahora prohibido– a las campañas presidenciales –incluidas las de este año–. Se trata de uno de los escasos proyectos parlamentarios que desvelan a la Casa Rosada y para el que cuenta con el acompañamiento del peronismo dialoguista, tal como ocurrió la semana pasada en el Senado.

Como un gesto hacia la oposición, ante los reclamos de la “clausura” del debate parlamentario por fuera de los proyectos del Gobierno, Cambiemos acordó una sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, con proyectos no conflictivos de todas las bancadas partidarias.

Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el macrista Pablo Tonelli, el oficialismo ya tanteó a la oposición dialoguista para arrancar el debate esta semana (aunque aun no se conoce si el giro parlamentario incluye a otras comisiones legislativas). Todo estaría dispuesto para que así suceda.

Estos son algunos de los ejes centrales del proyecto que la Casa Rosada quiere como herramienta para la campaña electoral en la que busca la reelección de Mauricio Macri:

  • Empresas. Los partidos políticos “obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”, indica el proyecto que incorpora el aporte económico de las personas jurídicas (empresas), hasta ahora prohibido. 
  • Límites. También establece un límite para ese aporte de las empresas –igual que para las “personas humanas”–: su monto no podrá ser superior al 2 por ciento de los gastos permitidos para la campaña que establece la Cámara Nacional Electoral (CNE). Pero no fija ninguna regla para el caso de los holding, por lo que estos grupos económicos podrían aportar un 2 por ciento por cada una de sus empresas.
  • Módulo electoral. Es la fórmula con que la CNE establece los gastos permitidos para la campaña, de acuerdo a lo fijado por el Ejecutivo a través del Presupuesto. En el presupuesto 2019 se estableció el módulo electoral en 8,50 pesos (mucho menor que el habilitado para las elecciones de 2017: era de 9,43 pesos), a pesar de la devaluación y el contexto altamente inflacionario. Los gastos máximos para la campaña se fijan por la multiplicación de ese módulo por la cantidad de empadronados. Según el padrón de la última elección presidencial, son 32 millones de electores: el gasto total permitido sería de 272 millones de pesos, por lo que una persona humana o jurídica podría aportar hasta 5,5 millones.
  • Bancarización. Los aportes en dinero solo podrán efectuarse con transferencia o depósito bancario; ya no habrá aportes en “efectivo” ni donantes “anónimos”. Los partidos estarán obligados a presentar ante la Justicia Electoral la lista completa de las personas humanas y jurídicas que hayan realizado aportes, su identificación personal y tributaria, el monto y fecha del aporte. Una modificación con la que el Cambiemos busca redimirse políticamente del escándalo de los “aportantes truchos” en la provincia de Buenos Aires.
  • Especie. El proyecto incorpora los aportes en especie. Por lo que permite donaciones a la campaña como la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita a los partidos políticos.
  • Prohibiciones. Quedan prohibidos los aportes económicos o donaciones de organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, incluso los descentralizados. Tampoco podrán hacerlo permisionarios, concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores del Estado; explotadores de juegos de azar; y Estados extranjeros. Pese al tibio intento de un sector del PJ federal de habilitar los aportes de gremios y asociaciones profesionales, los sindicatos también quedaron inhabilitados.
  • Campaña. Se estiran todos los plazos para la actividad proselitista. La campaña electoral comenzará 50 días antes de los comicios (hasta hora era de 35 días antes), mientras que la publicidad privada electoral en medios de comunicación arrancará 35 días antes de la elección (hasta ahora era 25 días antes).
  • Publicidad. El proyecto reduce a la mitad la publicidad audiovisual gratuita y proporcional (de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en la anterior elección) a los partidos, con el argumento de evitar la “saturación” del electorado. Se reducirá del 10 al 5 por ciento el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales. Ante el reclamo de los medios audiovisuales, el proyecto establece que a partir de 2020 la mitad de este porcentaje será cedido gratuitamente y la otra mitad será tomada como pago a cuenta de impuestos nacionales.
  • Digital: A pesar de la resistencia del oficialismo, la oposición impuso que del total de los recursos para publicidad digital al menos un 35 por ciento deberá destinarse a sitios periodísticos digitales de producción nacional, y otro 25 por ciento a sitios a nivel provincial. En cambio, las redes sociales y los llamados “agregadores” (como Google News) quedarán casi fuera de control por su característica internacional.
  • Encuestas: La CNE tendrá un Registro de Empresas de Encuestas. Quienes no se inscriban no podrán difundir sus sondeos por ningún medio. Desde ocho días antes de cada elección y hasta tres horas después de su cierre, ningún medio podrá publicar o difundir encuestas. Quienes no lo cumplan, tendrán sanciones, que hasta hora no existían.

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