Según los considerandos del nuevo decreto, las modificaciones introducidas tienen como objetivo “compatibilizar, en forma razonable, las disposiciones legales con la realidad y el dinamismo intrínseco y propio del sector de la Medicina Prepaga”. La Fundación Soberanía Sanitaria consideró que “si bien son bienvenidos los cambios que buscan introducir mayor dinamismo a la burocracia pública”, el “espíritu” de la ley de 2011 era ejercer la regulación de las empresas de medicina prepaga evitando abusos contra sus afiliados. Por consecuencia, cualquier cambio en la reglamentación de la ley “debería fortalecer ese objetivo”, teniendo en cuenta, además, que “las empresas de medicina prepaga han hecho, con frecuencia, caso omiso a la legislación vigente”.

La Fundación, presidida por Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, puntualizó que “los cambios realizados” por decreto del gobierno de Mauricio Macri “pueden ser comprendidos por el fuerte poder de lobby que tiene el sector de la medicina prepaga en Argentina”. Y también “por la permeabilidad del actual gobierno” a la presión de esos sectores. En ese sentido, se resaltó que “un claro ejemplo es el cambio en el artículo 17 de la reglamentación que invierte el objetivo de la ley y blanquea la situación ilegal en la cual incurrían frecuentemente las Empresas de Medicina Prepaga”. 

Esa modificación “consiste en flexibilizar esta regla permitiendo que las prepagas realicen cambios en las cuotas por plan o grupo etario si esto está previamente previsto en el contrato”. Además de “legalizar una estafa, este tipo de maniobra rompe con la independencia de los poderes del Estado, ya que el Ejecutivo no puede producir cambios (mediante modificación de la reglamentación) en una ley aprobada por el Congreso Nacional”. 

La Fundación puntualizó que “si el gobierno quiere flexibilizar la regulación de las empresas de medicina prepaga, debería llevar el tema a un debate público en el Congreso Nacional y proponer los cambios que crea pertinente para la aprobación de una legislación nueva”. En cambio, a siete años de la sanción de la Ley 26.682, que pretendía “crear una regulación que permita la generación de ganancias por parte del sector de la medicina prepaga sin que sean vulnerados los derechos básicos de sus usuarios, resguardando el cuidado y la atención sanitaria como un derecho, el Poder Ejecutivo engendró una maniobra que invirtió el sentido original y los damnificados son sus más de 6 millones de afiliados”.