Víctimas de abuso por parte de religiosos argentinos llevarán adelante en el país acciones colectivas de difusión y concientización junto a las organizaciones internacionales Ending Clergy Abuse (Fin al Abuso del Clero, ECA) y BishopAccountability.org (Rendición de Cuentas para los Obispos), cuyos integrantes viajarán especialmente de España, Italia, Jamaica y Chile. Entre estas actividades se destaca la conferencia de prensa a desarrollarse hoy, a las 10 de la mañana, frente a Condarco 581, sede del Hogar Sacerdotal de Buenos Aires Monseñor Mariano Espinosa.

Las actividades se desarrollan dos meses después de la primera cumbre vaticana sobre el tema y en simultáneo con la reunión de obispos argentinos con el papa Francisco, que se extenderá hasta el 18 de mayo.

“Hablamos de ‘verdadera tolerancia cero’ porque vemos que nuestros abusadores siguen en contacto con niños y adolescentes vulnerables que es lo que más nos preocupa. Queremos que los curas y monjas denunciadas sean separados del ejercicio y entregados a la Justicia”, dijo Julieta Añazco, integrante de la ONG Iglesia sin abusos.

Para Añazco, “la tierra de Francisco debería ser un ejemplo al mundo”, en el cumplimiento de los compromisos papales en cuanto a lucha contra los abusos, pero aquí, como en otros lugares “estaría faltando la verdadera tolerancia cero”. “Nosotros lo que queremos es que se inicien investigaciones sobre los obispos en actividad que encubren a monjas y curas que no sólo abusaron de nosotros y están sin castigo sino que están en condiciones de abusar de otros chicos”, insistió Añazco.

Durante las acciones públicas y de protesta, los líderes de los grupos “resaltarán el ‘papel clave’ de Argentina para resolver la crisis mundial de abuso en la Iglesia Católica”, informarán sobre los casos de abuso sexual en el país y exigirán a las autoridades eclesiales el cese del “encubrimiento”.

Además, identificarán a los “obispos argentinos que deberían ser investigados por no proteger a los niños”, enumerarán “medidas urgentes” que la Iglesia debería tomar y explicarán “por qué requieren que Francisco regrese a su país de origen”. Entre las medidas imprescindibles, Añazco destacó “la necesidad de derogar el concordato de 1966. Por este tratado, firmado entre el Vaticano y el Estado argentino, las autoridades eclesiásticas mantienen en secreto los expedientes y sus investigaciones (cuando las hay) y no nos permiten el acceso a nuestras propias denuncias. Esto es un gran impedimento para luchar contra la impunidad de los abusadores”. Y también dijo que reclamarán contra la duración excesiva de las investigaciones. Si tenemos en cuenta que luego de la protesta que el cura Paco Olveira y otros hicieron en los actos por la beatificación del obispo Angelelli, en menos de 48 horas ya había sido castigado por el obispo de Avellaneda y tenía prohibición de celebrar misa y brindar los otros sacramentos, es obvio que la cúpula eclesiástica puede actuar con velocidad cuando así lo decide. La protesta consistió en levantar una bandera por la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti, por considerar que las políticas de su gobierno son similares a aquellas contra las que peleó Angelelli, lucha por la que fue asesinado en un accidente fraguado.

Entre los casos pendientes de investigación, Añazco mencionó a “Eduardo Lorenzo, capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense; Héctor Giménez, que lleva la cuarta denuncia penal (aquí se logró que la Justicia ordenara tomar muestra de ADN para que Giménez entre en el registro de agresores sexuales) y está en un asilo de ancianos, con acceso a los chicos y chicas que van a visitar a sus abuelos; las Carmelitas Descalzas de Entre Ríos y de Córdoba...”.

“Ninguna de nuestras acciones es en contra de la Iglesia. Entre nosotros, sobrevivientes del abuso sexual eclesiástico, algunos seguimos perteneciendo a la Iglesia y otros no, pero todos tenemos el mismo objetivo: defender a los niños y obtener castigo para nuestros abusadores”, concluyó Añazco.