El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, que el 2 de abril de 2017 interrumpió un aborto no punible sin siquiera informarlo a la paciente, una joven de 19 años que había sido violada y había tomado misoprostol para desencadenar la interrupción del embarazo, declaró que lo hizo “para evitar que el cuadro se complique”. Lo dijo ayer en la primera audiencia del juicio que se le sigue por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que entre la mañana y media tarde se desarrolló en el tribunal unipersonal conformado por el juez Alvaro Meynet, en la 4ta Circunscripción de Cipolletti. En las puertas del edificio donde se encuentra el tribunal, los activistas antiderechos rionegrinos –entre quienes se encuentran allegados a sectores locales de Cambiemos e integrantes del ecléctico grupo federal que reúne a evangélicos con sectores ultraconservadores (y no tanto) de la Iglesia católica– montaron un gazebo bajo el cual instalaron, con velas, estatuita de una virgen, una bandera argentina y una biblia, un altar. Por entre ellos tuvieron que pasar la joven, su madre y su hermana para declarar ante el juez.
El juicio continuará esta mañana, y se preve que declaren alrededor de diez testigos. Mañana está agendada la última audiencia, en la que declarará, entre otros, la diputada provincial Marta Milesi, quien radicó la denuncia contra el ginecólogo.
Luego de la declaración del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, quien también reconoció que solicitó a la joven estudios “psiquiátricos” como requisito para acceder al aborto (algo que la ley no establece), declaró la joven a quien forzó a continuar con la gestación. Lo hizo a puertas cerradas, en resguardo de su privacidad; fuentes judiciales contaron a este diario que la joven -ahora de 21 años– estuvo fuertemente angustiada durante toda su exposición, y que ratificó, una vez más, que había pedido acceder a su derecho al aborto legal. Sin embargo, una vez que fue internada en el hospital Pedro Moguillansky, la joven quedó a merced de Rodríguez Lastra, que era jefe de Ginecología allí; sólo volvió a salir una vez que la gestación llegó a su fin y parió un niño, que fue dado en adopción.
Fuentes rionegrinas que conocen de cerca el caso contaron a este diario que la chica nunca pudo hablar del embarazo como tal: se refería a la gestación y al feto como “coso”; “yo no quiero tener este coso”, “quiero que me saque el coso”, dijo, según testigos, al médico que terminó forzándola a seguir adelante.
Ayer, la joven declaró durante más de una hora, durante la cual respondió preguntas de la fiscal Annabela Camporesi. La funcionaria judicial, al repasar la cronología de lo sucedido, detalló que Rodríguez Lastra suministró a la joven, sin su consentimiento, medicación para detener las contracciones producidas por el misoprostol y “puso trabas en un proceso ya iniciado”.
El médico Rodríguez Lastra, poco antes, había declarado siguiendo las preguntas planteadas por uno de sus abogados, Damián Torres, quien en realidad forma parte de una defensa colegiada en la que además participa Diego Breide, secretario de Hacienda del municipio de Bariloche, ex concejal y uno de los organizadores de la “Marcha por la Vida” realizada a principios de abril en esa ciudad. Breide es, también, el abogado que en 2006 intentó frenar judicialmente la venta de las píldoras de anticoncepción de emergencia, una denuncia que llegó al Supremo Tribunal de la provincia, que en 2013 rechazó el planteo.
La presencia de Breide es sólo un aspecto del armado que el activismo antiderechos puso a jugar en este caso, que sus representantes consideran casi testigo y laboratorio de argumentos político-legales. El año pasado, mientras buscaba evitar el juicio, la defensa de Rodríguez Lastra aseguró, por ejemplo, que el proceso judicial demuestra que hay “persecución ideológica contra los médicos que se atrevan a negarse a realizar este tipo de prácticas abortivas”.
Ayer, el frente del edificio donde funciona el tribunal tenía aire de kermesse gracias a los con trapos celestes, pintados con consignas antiderechos, colgados en sus paredes y en árboles cercanos, además del sucedáneo de altar montado bajo un gazebo azul, junto a la puerta. Estaba, también, la activista antederechos local Nadia Márquez, a quien reconoce como referente en Cipolletti el espacio político “Valores para mi país” (el sello del viejo partido político liderado por la evangélica y ex diputada Cynthia Hotton, resucitado hace semanas, de la mano de Cecilia Pando, el ex cura Alejandro Geyer, el carapintada macrista Juan José Gómez Centurión, entre otros). Márquez, hija de un pastor con fuerte peso político en la provincia, está vinculada al colegio privado evangélico AMEN, cuyo referente nacional más visible es el diputado nacional por Neuquén David Schlereth (Cambiemos), quien el viernes pasado entregó al médico Rodríguez Lastra un “reconocimiento” por el episodio que lo llevó a ser juzgado. Lo hizo, contó el diputado Schlereth, “en nombre de casi 30 diputados nacionales que representan a 16 provincias”.
