Presentación de abogados y organismos de derechos humanos
La Corte Interamericana escuchó sobre retrocesos
El tribunal internacional, que está sesionando en Argentina, recibió un reclamo por la falta de garantías y la persecución a opositores.
Representantes de distintos organismos de derechos humanos se reunieron con la Corte IDH.Representantes de distintos organismos de derechos humanos se reunieron con la Corte IDH.Representantes de distintos organismos de derechos humanos se reunieron con la Corte IDH.Representantes de distintos organismos de derechos humanos se reunieron con la Corte IDH.Representantes de distintos organismos de derechos humanos se reunieron con la Corte IDH.
Representantes de distintos organismos de derechos humanos se reunieron con la Corte IDH. 

Organismos de derechos humanos solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “adopte las medidas que estime pertinentes” frente a “la gravedad del problema de los presos políticos” en Argentina y “la violación de derechos humanos fundamentales” que esa situación acarrea. También plantearon ue existe un retraso en las causas por delitos de lesa humanidad, un agravamiento en la represión a la protesta social y un aumento de casos de violencia institucional.   

Los organismos de derechos humanos aprovecharon la presencia de la Corte IDH en el país, que por estos días lleva a cabo en Buenos Aires su período de sesiones número 61, para reunirse con el presidente del tribunal internacional, Eduardo Ferrer Mac Gregor y los jueces Eduardo Vio grossi, Elizabeth Odio Benito y Ricardo Pérez Manrique. También estuvo presente Raúl Zaffaroni. 

La delegación de los organismos estuvo integrada por la Liga Argentina por los derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e Iniciativa Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Polìticas,  Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicio Paz y Justicia e H.I.J.O.S. Capital

Según informaron los asistentes, un punto importante del encuentro fue el planteo sobre las intromisiones del Poder Ejecutivo y los grupos hegemónicos de medios de comunicación en el Poder Judicial. Se denunció “la presecución de dirigentes y militantes opositores al gobierno y también por sus hijos”.     

 “Es una situación que nos parece grave porque implica una violación a garantías constitucionales, al debido proceso, y que refleja la política de este Gobierno de usar causas judiciales para perseguir opositores”, resumió la abogada Luz Palmás Zaldua, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que, junto al Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos, entregó una carta  especial sobre ese tema al secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri. 

Esas agrupaciones advirtieron al organismo internacional que la situación de decenas de personas encarceladas “sin haberse fundamentado” tal decisión judicial “hace peligrar la vigencia de las garantías fundamentales de las personas consagradas en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.

La iniciativa de la Liga no es una denuncia en los términos estrictos –no es de manera directa que la Corte IDH toma casos en los que luego interviene, sino que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien debe remitirlos–. Es, más bien, una “puesta en autos” en la que, no obstante, le piden a la Corte que “adopte las medidas que estime pertinentes”. En la carta, informan que en Argentina “se ha privado de la libertad ambulatoria a decenas de personas sin haberse podido fundamentar cuál sería la necesidad de tal injerencia en sus derechos fundamentales, sin poder predicar fundada y objetivamente que su permanencia en libertad podría implicar -ni siquiera en grado hipotético- algún tipo de riesgo para la continuidad del proceso penal que se les sigue”. 

“Nuestra preocupación es grande ya que no encontramos período democrático en Argentina en el que un Gobierno haya estado dispuesto a intervenir con tanta virulencia en la disputa política”, postuló Palmás Zaldua. Según el análisis de los organismos remitentes del informe destinado a la Corte IDH, esa “virulencia” radica en la utilización por parte de Cambiemos y el Ejecutivo liderado por Mauricio Macri, del Poder Judicial para “perseguir y disciplinar a militantes y dirigentes opositores, para tratar de desactivar organizaciones y proyectos contrapuestos al oficialismo”. 

En ese sentido, vislumbran ese patrón no solo en las investigaciones judiciales iniciadas a partir de denuncias del Ejecutivo en contra de militantes, dirigentes y ex funcionarios de gobiernos anteriores, sino sobre todo en el encarcelamiento, bajo el régimen de prisión preventiva y sin fundamentos, de aquellos que son investigados sin fundamentos.

En el recuento que llevan los abogados y abogadas integrantes de los organismos que trabajan en sus defensas y que los acompañan figuran los ex funcionarios de gobiernos kirchneristas, pero también los militantes detenidos durante las protestas en contra de la reforma previsional de diciembre de 2017, los presos en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, trabajadores y sindicalistas de distintas vertientes de izquierda, militantes anarquistas.

“La estrategia es contra todo aquel que se pronuncie en contra del modelo aplicado por este Gobierno, sin miramientos”, sostuvo. 

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