El juez en lo comercial fijó los honorarios. A los síndicos 182.000.000 de pesos. Ciento ochenta y dos millones de pesos. A los interventores y enajenadores (sic) 176.000.000 de pesos. A otros abogados, 45.591.000 pesos. En total, en honorarios, 403.591.000, cuatrocientos tres millones de pesos. La maniobra destinada a vaciar las empresas de Cristóbal López y Fabián De Souza registró este asombroso episodio de fijación de honorarios a síndicos e interventores que, en verdad, se dedicaron a descuartizar el grupo empresario, principalmente entre mayo y noviembre de 2018, aunque sus funciones continuaron hasta este año. La justicia, alineada con Cambiemos, enhebró así una sucesión de hechos que pintan la jugada de fondo puesta en marcha contra muchos empresarios: anularles los planes con los que estaban pagando los impuestos adeudados, denunciarlos por fraude, meter presos a los dueños argumentando que hubo corrupción y vínculo con el gobierno anterior, apretarlos y extorsionarlos, obligarlos a vender a precio vil y descuartizar las empresas. La AFIP, que jugó todas las cartas a destruir el grupo Oil, cobrará apenas el 13 por ciento de lo adeudado y de lo comprometido en los planes de pago, cuando el objetivo de un ente recaudador debe ser cobrar la totalidad y lograr que las empresas sobrevivan. En el terreno del empleo, la caída de Oil produjo una verdadera masacre: se perdieron 400 puestos de trabajo directos y otras 500 familias se quedaron sin sustento porque eran proveedores chicos de insumos y servicios.
Honorarios
Es difícil entender el monto de 403 millones de pesos en honorarios si no se tiene a la vista la estrategia de hundir, vaciar la empresa, quitársela a los dueños y casi regalarla a precio vil.
Desde el punto de vista judicial se fijó el valor del grupo Oil en 4.600 millones de pesos. Hubo primero un concurso de acreedores para lo que se fijó un uno por ciento de honorarios para abogados, síndicos e interventores. Estos últimos se llevaron la bonita suma de 35 millones de pesos. Pero luego se subió nada menos que al 8 por ciento la fijación de honorarios por la actuación en la quiebra. El proceso abarcó centralmente desde mayo a noviembre del año pasado, aunque todavía actúan síndicos e interventores, con muy poca actividad. Pero el núcleo del trabajo se hizo en apenas seis meses.
“La regulación a los interventores es escandalosa y debe ser revocada”, señala la apelación presentada por el abogado que representa a los dueños originales de Oil, Eduardo Duvois. El letrado explica que los interventores –que se llevan 162 millones de pesos–, fueron designados a dedo, sin sorteo de ningún tipo. Cumplieron una pequeña función y actuaron apenas unos meses. Pero, además, se acusa a alguno de los interventores de jugar a favor de quien se quedó con la petrolera, YPF-Dapsa, con la cual estaban relacionados de antemano. Se señala que se tomaron licencias injustificadas, presionaron al personal y filtraban decisiones judiciales a los medios. Una auténtica versión de “durmiendo con el enemigo”.
Respecto de los síndicos, se cuestionó que se les fijara como honorarios la increíble suma de 182 millones de pesos, utilizando el 8 por ciento del valor de la empresa como referencia. La ley permite fijar honorarios entre el cuatro y el ocho por ciento, pero el juez Javier Cosentino argumentó que los síndicos habían actuado muy bien y se inclinó por el 8 por ciento, cuando lo habitual en quiebras de semejante magnitud es que se otorgue el porcentaje más bajo, dado que la cifra es descomunal.
En resumen, el gran negocio, el más increíble monto, se lo terminan llevando los encargados de desguazar el grupo empresario: interventores y síndicos.
El modelo
Como se publicitó en su momento, el grupo Oil –dueño de la petrolera, del canal C5N, Radio 10 y cinco emisoras FM– debía unos 8.000 millones de pesos en impuestos, cifra sobre la cual tenía acordados distintos planes de pago con los que estaba cumpliendo. Esos planes fueron otorgados a otras empresas y acaban de producir una rebelión en la AFIP, porque hay gerentes procesados y embargados que justamente marcan que los otorgamientos de planes a Oil fueron, no sólo legales, sino parecidos a los que se dieron en casos similares (ver aparte). Además, la empresa cumplía con las cuotas, es decir la deuda se iba a pagar.
El proceso político puesto en marcha consistió en derogar esos planes de pago, considerarlos un fraude, y arrancar con el proceso para quitarle la empresa a Cristóbal López y Fabián De Souza. En principio la idea era que amigos del gobierno compraran el grupo empresario a precio vil, incluyendo los medios de comunicación.
Un punto clave para la estrategia del desguace consistió en meter presos a los dueños, es decir, mantenerlos extorsionados en la cárcel. Con ese objetivo se dibujó el falso argumento de que vendieron la empresa a escondidas, como una forma de burlar a la justicia y borrar pruebas. El expediente sobre esa supuesta maniobra lo instruye el juez federal Ariel Lijo, que ya tiene sobre su escritorio un informe de expertos que sostiene, de forma tajante, que no hubo tal venta, algo obvio porque no se podía disponer de los bienes sin la aprobación del juzgado. Es decir que el argumento para tener presos a los dueños de Oil se probó falso.
La desesperación que hubo por mantener en prisión a López y De Souza se verificó con la insólita ofensiva del propio presidente Mauricio Macri quien dijo “no fue lo convenido”, cuando se le otorgó la libertad a los empresarios. Los dos camaristas que firmaron aquel fallo fueron apartados y López y De Souza enviados nuevamente a la cárcel.
La siguiente jugada fue instalar en la empresa a amigos del gobierno, propuestos como compradores. En principio se habló del grupo Terranova y luego del grupo Rosner. Este último administró mal las empresas durante el tiempo que estuvo, no encontraron ninguna solución, pero el golpe mortal fue que la AFIP no les aprobó el plan de rescate. El órgano recaudador jugó el partido pensado originalmente: rematar la empresa a precio vil.
Las cosas derivaron finalmente en el concurso de acreedores y con la AFIP rechazando todas las propuestas, o sea apostando a la quiebra. No hubo procedimiento de salvataje que pasara el filtro. Dictada la quiebra de Oil se dedicaron a despedazar el grupo empresario, es decir se procedió a la liquidación de todos los activos.
Hubo, por ejemplo, una valuación privada de 280 millones de dólares. Sin embargo, la justicia le dio el poder de tasar a un abogado, cuando lo que correspondía era que el estudio lo hiciera un ingeniero, teniendo en cuenta que Oil tenía una refinería, estaciones de servicio y un puerto.
La valuación oficial de la parte petrolera de Oil terminó siendo de 42 millones de dólares y se vendió finalmente –con las estaciones de servicio, la refinería y el puerto–, a YPF-Dapsa en 80 millones de dólares. Quedó patentizada así la operación de descuartizamiento.
A esto deben agregarse los 403 millones de pesos en honorarios a lo que se suma el IVA: la resolución del juez dice que el impuesto sobre los pagos a los síndicos e interventores los paga “la fallida”, como se denomina técnicamente al grupo originario.
Hundir
En el recurso presentado ante la justicia, el abogado del grupo detalló las jugadas de la AFIP para hundir a Oil:
* Desplegó una conducta legal y dolosa orientada a producir la quiebra.
* Se opuso reiteradamente al concurso preventivo
* Protagonizó una fuerte ofensiva penal destinada a producir desprestigio y deterioro del crédito bancario y comercial.
* Embargó todas las cuentas lo que impidió un ya difícil funcionamiento. Se negó a aceptar otros bienes en lugar de las cuentas.
* Se opuso a un acuerdo con Lukhoil (una de las más grandes petroleras del mundo, de origen ruso) de provisión de combustibles. Fue otra forma de trabar el funcionamiento. Nunca más se pudo activar la red de estaciones de servicio.
* Se opuso a cualquier cobro por fuera del embargo, obstruyendo cualquier posibilidad de seguir operando.
* Se apropió de fondos depositados por terceros.
“En definitiva las acciones persecutorias, ilegales y dolosas de la AFIP contra Oil llevaron a destruir su valor y, por ende, a imposibilitar el repago de la deuda concursal de Oil”, concluye el escrito presentado por los abogados del grupo empresario.
Según los cálculos realizados por los expertos, la AFIP cobrará en el desguace nada mas que el 13 por ciento de la deuda actual de Oil. Pero eso no le importa a la administración macrista: lo fundamental fue la estrategia de descuartizamiento, intentaron que se la queden amigos del gobierno y, sobre todo, consiguieron quitarle la empresa a sus dueños, presos y extorsionados.
El gran negocio lo hicieron síndicos e interventores. Se llevaron 403 millones de pesos por un trabajo de desmantelamiento hecho en apenas seis meses. En paralelo, 900 personas, entre trabajadores directos e indirectos, se quedaron sin trabajo.
