Desde Santa Fe
Cuarenta y dos años pasaron desde que fuerzas conjuntas de la dictadura acribillaron un edificio de tres pisos en el barrio Candioti y convirtieron en ruinas un departamento del primero, donde cayó la última cúpula de Montoneros, en enero de 1977. Durante décadas el operativo era una insignia del Ejército, hasta que el Tribunal Oral de Santa Fe juzgó a los autores ideológicos de la masacre de Ituzaingó y Las Heras -como se la llama- y descubrió la verdad histórica. Las pruebas revelaron que la "versión oficial" del "enfrentamiento" era falsa, dice la sentencia. El primer juicio terminó en abril de 2016. El segundo comenzará el martes, ahora a los autores materiales de lo que ya está probado que fue un crimen de lesa humanidad: la ejecución sumaria de cuatro militantes del peronismo revolucionario, a quienes ni siquiera "le dieron la oportunidad de rendirse" y de una docente que vivía en el departamento de al lado, que resultó la primera víctima del ataque.
El Tribunal juzgará a 14 imputados por lo que el Ministerio Público Fiscal calificó como un "plan criminal". Tres de ellos son militares: el coronel del Ejército, Ramón Abel Recio (prófugo casi un año hasta que cayó en Rosario en 2016 por una recompensa de 500 mil pesos), el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez. Uno, abogado y ex oficial del Departamento Informaciones (D-2), Oscar Cayetano Valdez. Y los otros seis policías que operaban en el Comando Radioeléctrico: Rodolfo Antonio Reible, Abel Antonio Romero, Carlos Héctor Albornoz, Mario Daniel Aquino, Ricardo Amancio Brunel y Rolando Martínez.
Todos están acusados, con distintos grados de participación, por el supuesto "homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas" de los cuatro montoneros: Jorge Luis Piotti y su esposa, Ileana Esther Gómez y los compañeros de ambos, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio. Los únicos sobrevivientes fueron los dos hijos del matrimonio: el mayor de un año y el menor que era un bebé de un mes.
En el juicio están citados a declarar 79 testigos en un debate que se extenderá hasta fines de agosto. El juez de Santa Fe, Luciano Lauría, presidirá el Tribunal que estará integrado por sus colegas de Rosario, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci. La acusación será compartida por el fiscal general Martín Suárez Faisal y las abogadas querellantes Lucila Puyol y Soledad Sánchez Jeanney del equipo jurídico de Hijos.
La investigación de la masacre de Ituzaingó y Las Heras ya lleva más de diez años. En agosto de 2009, el Ministerio Público imputó a cuatro coroneles: el ex jefe del Area 212, Juan Orlando Rolón; a su segundo y jefe del Centro de Operaciones Tácticas (COT), Adolfo Ernesto Alvarez; al ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Domingo Manuel Marcellini y al subjefe, Jorge Roberto Diab. Rolón falleció tres meses después, en noviembre de 2009. Alvarez nunca fue indagado. Y Marcellini murió en marzo de 2010. El único que llegó al juicio fue Diab, pero el Tribunal lo apartó del proceso en la primera audiencia por "razones de salud" y falleció al mes siguiente, en mayo de 2015.
Los cuatro coroneles comandaron el operativo. El propio Rolón reveló -en un sumario militar- que él estaba "en su puesto de Comando", donde dirigía las acciones como jefe del Area 212 y comandante de Artillería 121. Los cuatro quedaron impunes.
Sin embargo, la sentencia del primer juicio es histórica. Las pruebas son tan "contundentes" que "echan por tierra" -y así lo dice- la "versión oficial" del "enfrentamiento". Por el "estado de destrucción en que quedó el edificio". Porque "no se hallaron armas en poder de las víctimas", ni "huellas de disparos en los edificios de enfrente", ni "heridos" entre los militares y policías que participaron en el operativo. Y porque la primera que murió fue la vecina de los Piotti, que era "ajena a las personas buscadas". La conclusión: "el ataque provino, inicial y exclusivamente, del Ejército y las fuerzas conjunta, que abrieron fuego durante tres horas contra el departamento del primer piso y el edificio en general, donde sabían que habitaban las víctimas". Las pruebas "echan por tierra la versión del 'enfrentamiento', como pretendían hacer creer los comunicados militares publicados por los diarios de la época". "Esta versión 'oficial' ha sido totalmente desvirtuada y desacreditada con la contundencia de las pruebas". La orden era que nadie saliera vivo.
