ABORTO
Salud feminista para todes
En una trama que cumplió cuatro años y ya cuenta con miles de especialistas en todo el país garantizando el acceso a acompañamientos seguros de abortos legales por causales, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir se propone la enorme tarea de seguir construyendo una salud integral feminista, antipatriarcal y anticapitalista para que mujeres, lesbianas y personas gestantes puedan decidir sobre sus propios cuerpos.
Imagen: Ximena Talento

Hace casi exactamente cuatro años, en el marco de una actividad organizada por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, surgió la “Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir”, una organización que nuclea trabajadores y trabajadoras de distintas disciplinas del sistema de salud de toda la Argentina y que tiene como uno de sus principales objetivos poder garantizar el acceso a acompañamientos seguros de abortos legales por causales en los distintos territorios. Creció exponencialmente en los últimos años al ritmo vertiginoso de la marea verde, cuenta con miles de profesionales en todo el país y día a día se propone la enorme tarea de convertir la letra del Código Penal y de los protocolos de la ahora devenida Secretaría de Salud en práctica concreta y acción feminista. “Decidimos conformar una mesa nacional, de consenso transversal, porque no es que simplemente queremos dar una prestación de servicio, sino que tenemos y queremos dar una mirada política sobre lo que significa una verdadera construcción en términos de salud integral”, anunció una de sus integrantes, María Fernández Lorea. A esta altura, Red de Profesionales es una trama inclusiva y combativa que se pronuncia en contra del silencio, la clandestinidad, la estigmatización y los maltratos y torturas sufridos por distintas mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestro sistema de salud capitalista heteropatriarcal, y que lucha para que cada día más mujeres y personas puedan decidir sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas: un derecho que ya lleva casi cien años de vigencia legal en nuestro país pero que, en la práctica diaria, la mayoría de las veces no se cumple. 

De la teoría a la práctica 

Todas las jurisdicciones del país deberían garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo por causales, según el Código Penal, que abarca lo conocido como “causal de violación” y  “causal de salud”, entendida esta última, y según la definición de la Organización Mundial de la Salud, como el bienestar psicobiosocial de la persona. Esa causal incluye los tres aspectos en todo lo que a salud mental se refiere: no necesariamente quien quiera abortar debe constatar un riesgo físico (por caso, sufrir de hipertensión y que el embarazo ponga en riesgo su vida físicamente), sino que están contemplados casos en los que, por ejemplo, un embarazo angustia de tal forma a la persona gestante que le genera un sufrimiento psíquico; eso también correspondería a una causal dentro de lo que se considera salud integral. Y el informe de un/x profesional de la salud que avale. Sin embargo, en la práctica diaria apenas diez de las veinticuatro jurisdicciones han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. Otras seis provincias del total (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Río Negro) dictaron protocolos con requisitos que dificultan el acceso al servicio y las otras ocho jurisdicciones restantes (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) no cuentan con normas locales que garanticen un acceso seguro a la ILE. 

En este escenario, el margen de acción para las interrupciones depende del territorio donde se lleve a cabo, entre otros aspectos. “Si bien la ILE existe en el Código Penal desde 1921, recién después del fallo FAL, en 2012, nosotras empezamos a avanzar en la garantía de las interrupciones a mayor escala. También es cierto que el margen de acción depende mucho de decisiones políticas, porque la realidad es que sin el acceso al misoprostol de manera gratuita, el acceso a una ILE es mucho más compleja, especialmente estos últimos años en los que el tratamiento aumentó en un 500 por ciento”, explicó Estefanía Cioffi, otra de las integrantes de la Red. “En los municipios donde el acceso al misoprostol está garantizado desde los centros de salud de los hospitales, ese margen de acción es mucho mayor, y en los que eso no sucede ese margen claramente es bastante menor.” La correlación de fuerzas dentro de las distintas localidades es un punto clave: “Ya vimos cómo en Tucumán, por ejemplo, es mucho más complejo poder garantizar interrupciones legales, mientras que en otros territorios como puede ser Rosario, esto ya es una política pública desde hace varios años, y por ese mismo motivo allí no tienen personas muertas por abortos”.

Cómo juegan los hospitales públicos y los centros de atención primaria en el acceso a la ILE, es también una cuestión que varía según la provincia, la región o el municipio, y según los recursos existentes en los diferentes espacios, ya que el sistema de salud actual en Argentina es federal. Pero según Cioffi, “lo que resulta muy llamativo es que en los centros de atención primaria nos encontramos con mayor accesibilidad, porque en general ahí atienden profesionales de salud que están insertxs en los territorios, y por eso mismo suelen tener mucho más vínculo a nivel longitudinal y de seguimiento con las familias en cada uno de los barrios, entonces la concepción de salud es en términos más integrales, lo que posibilita que sea una trinchera para el acceso a los derechos en términos generales de salud, pero también en términos de la ILE”. 

Un ejemplo de esto son las estadísticas más recientes en zonas como CABA, donde en 2008 se realizaron 4.800 interrupciones, dentro de las cuales 4.136 fueron acompañadas desde los centros de salud. Cioffi afirmó que eso tiene que ver con la práctica en sí misma de las interrupciones, porque hasta casi las trece semanas de embarazo no es necesaria la atención hospitalaria ni la internación. El procedimiento se realiza de forma ambulatoria y es suficiente con el seguimiento de la profesional de un centro de salud, ya que este tipo de interrupciones se hacen con medicación y en el domicilio. 

Jaque al sistema 

Las distintas formas que desde hace algunos años están empezando a surgir para atender la complejidad del aborto es otro de los numerosos avances del feminismo. Esto, sumado a que el país se encuentra en pleno año electoral, lleva a cuestionar y reflexionar sobre el actual sistema de salud y de educación, dos ejes que Las12 abordó junto con las profesionales de la Red el viernes 24, durante la celebración del cuarto aniversario de la organización en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). 

¿Qué modificaciones creen que deberían hacerse en el sistema de salud y de educación si en este año o el próximo se llegara a despenalizar el aborto? 

María Victoria Simón: –El año pasado se incrementó muchísimo la cantidad de profesionales que formamos parte de la Red con todo el movimiento de la marea verde, y eso habla también de una necesidad de que la temática del aborto empiece a formar parte de las universidades. Ya se han organizado cátedras libres sobre aborto legal, como una necesidad más de que profesionales de la salud estén capacitados en la temática sobre el marco legal, sobre los procedimientos para poder acceder, y también para que puedan empezar a enmarcar la salud con un enfoque feminista.

¿Les parece que los hospitales y los centros de atención primaria están preparados? ¿El acceso a la ILE mejoraría o seguiría teniendo los mismos impedimentos que tiene ahora? 

Antonella Peluso: –La mayor parte de lxs profesionales que garantizamos interrupciones estamos en el primer nivel de atención, y hay un gran déficit en el segundo nivel, es decir en los hospitales. Eso lo vemos también a la hora de tener que derivar, lo cual representa un problema porque muchas veces algunas situaciones son rechazadas y hay que pelear caso por caso; a veces hasta hay que acudir al Programa de Salud Sexual y Reproductiva como para que presionen y se acepten esos casos. Por un lado, si la IVE llegara a legalizarse los hospitales van a estar menos sobrecargados, en el sentido que van a recibir menos complicaciones por abortos inseguros y, por otro lado, habrá que fomentar y capacitar más a lxs profesionales del segundo nivel para que puedan estar a la altura de las circunstancias y dar prácticas seguras que no terminen en legrados o en situaciones que no son de calidad para las usuarias. Es decir que va a haber que hacer un trabajo profundo desde lo educacional y también desde la formación profesional.

¿Cómo sería una salud pensada en términos feministas?

Estefanía Cioffi: –El aborto pone en jaque a todo un sistema de salud que está basado en una disparidad asimétrica de poder dentro del consultorio y dentro también de las instituciones de salud donde, en general, lxs que deciden son lxs profesionales de salud y no les usuaries. En cambio, en la situación particular de este tipo de prácticas, una está acompañando lo que sea que decida la otra persona. Además, en este tipo de procedimientos se empieza a ver mucho más esto de que la información es poder, y me parece que también es parte del aprendizaje de una nueva salud en términos feministas: el poder de empezar a hacer más consciente quién tiene la información, cómo se distribuye y cómo esa información nos da la capacidad para decidir.

María Fernández Lorea: –Aunque tanto personas como profesionales empiecen a vincular el aborto con algo legal, de todas formas hoy sigue siendo muy escasa la información; y sí, frente a esta problemática es indispensable empezar a pensar una salud en términos feministas. En ese sentido, en la Red de Profesionales hace poco conformamos una mesa nacional con la idea de apuntar a una conformación política, porque nuestra función no es simplemente brindar el acceso a la ILE sino además tener una mirada particular sobre la salud y sobre la construcción de territorios, de movernos también políticamente entre nosotras, y una forma no verticalista de consenso, por eso estamos armándonos en eso, porque no es que simplemente queremos dar una prestación de servicio, sino que tenemos y queremos dar una mirada política sobre lo que significa una verdadera construcción en términos de salud integral.  

Desde sus inicios, la Red situó como uno de sus objetivos fundamentales la militancia por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para replicar también, de manera militante y hasta el cansancio, la principal diferencia con la ILE. Mientras  que en esta última debe justificarse el porqué de la práctica y quien toma la decisión de esa justificación es el o la profesional de salud, en la IVE se trata de lograr que la decisión sea tomada únicamente por la persona gestante. Significa una clara búsqueda de autonomía de los cuerpos como de la relación directa con el sistema de salud, sostienen desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto con la propia Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y otras agrupaciones feministas. Precisamente eso trata uno de los apartados del nuevo proyecto de Ley de IVE que presentó la Campaña este 28M en el Congreso, y que en esta versión incluye el derecho al acceso universal a la Educacioìn Sexual Integral (ESI) y a la anticoncepcioìn. Como en 2018, miles en una sola marea verde volvieron a manifestarse en las calles y las plazas de todo el país por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito en los hospitales y en cualquier lugar. A la ansiosa y persistente espera de que por fin, en 2019, sea ley.

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