Los resultados del nuevo estudio sobre identidades políticas e imaginarios sociales realizado por el equipo del Centro de Estudios Metropolitanos nos acercan conclusiones muy interesantes. Particularmente en momentos de campaña electoral, momentos en donde se busca construir nuevas mayorías. 

Un primer acercamiento a estos resultados nos permite hablar de una sociedad donde la mayoría le asigna al Estado una fuerte centralidad, y donde la justicia y la igualdad se consolidan como valores fundamentales para el desarrollo del país; una mayoría donde las desigualdades son vistas como un problema a resolver, que valora un Estado presente pero que, en paralelo, espera más de una dirigencia política y social en deuda.

En estos años de gobierno macrista, donde desde el oficialismo se insistió en resaltar el papel central del sector privado y la inversión externa, en cómo asignar ventajas a este sector redundaría en beneficios colectivos, esas ideas parece no haber prendido. Cuatro años después, y en medio de una crisis que no termina nunca, la mayoría de la sociedad es refractaria a esa idea al sostener que el actor más importante para el desarrollo del país y para disminuir la pobreza continúa siendo el Estado. Un Estado que es visualizado por esa misma mayoría como un generador de igualdad de oportunidades y como un freno a los poderosos; como un instrumento nivelador. A contramano de lo que circula en medios y redes sociales, las miradas punitivistas y los modelos de Estado mínimo son claramente minoritarios en la sociedad argentina actual. 

Se observa una mayoría consolidada, donde los valores más importantes para el desarrollo del país son la justicia y la igualdad, por sobre el orden y la libertad. Ni siquiera la idea de orden se compone de valores punitivos: seis de cada diez entrevistados consideran que una sociedad más ordenada es una sociedad más igualitaria y con mayor bienestar. Una sociedad plebeya donde las jerarquías y diferencias no son festejadas, donde el horizonte de ascenso y justicia social forma parte de un sentido común de décadas. Precisamente contra este sentir, contra esta construcción, se enfrenta un oficialismo que ha emprendido una batalla cultural. Estas ideas son los famosos “setenta años” de los que tanto se habla.

Esta mayoría no naturaliza las desigualdades, las observa como una injusticia. Por eso valora positivamente las acciones estatales que coadyuven a disminuir esa brecha social y fortalezcan la igualdad de oportunidades: alrededor del 60 por ciento tiene buena imagen de la asignación universal por hijo, menos del 20 tiene mala opinión de la moratoria de inclusión jubilatoria, y ocho de cada diez valora positivamente la universidad pública gratuita.  Sin embargo, esto dista de ser lineal y homogéneo. Al interior de esta mayoría hay fuertes tensiones.

Los “planes sociales” generan contradicciones: en primer lugar, son considerados necesarios, incluso predomina la opinión de que la cobertura debiera ampliarse (apenas dos de cada diez sostiene que la cobertura de la asistencia social debiera ser menor a lo que es ahora); sin embargo los “planes” tienen peor valoración que la AUH y una porción muy grande de los entrevistados tienen una muy mala imagen de los beneficiarios. En una sociedad, como decíamos antes, muy comprometida con la problemática social, donde el Estado es visto como actor central de esa lucha, la relativa mala imagen de los “planes” nos debiera llevar a repensar su instrumentación. Sobre todo porque los planes (o la idea que tiene de ellos) son vistos por un sector importante de la población como instrumentos socialmente injustos y desigualadores. 

Como se ve en el estudio los alineamientos político-partidarios se vinculan con distintas -y también reconocibles- miradas sobre cada una de estas ideas. Los ciudadanos se identifican con los planteos e idearios que surgen de distintos sectores políticos de una manera relativamente ordenada y reconocible en términos político-ideológicos.

Otro punto a considerar es que los resultados anteriores conviven con un alto nivel de desconfianza hacia la dirigencia política y social y una alta valoración de la honestidad. Las imágenes del funcionamiento del Estado, de los empresarios y sindicalistas son negativas. Hay una demanda social no acompañada, huérfana. Hay una mayoría que no quiere menos Estado, que quiere mejor Estado. Una mayoría que se puede quejar de los “planes” pero que considera que es necesario una mejor protección social, una redistribución que genere una sociedad más igualitaria, con mayor bienestar, y por ende, más ordenada. Hay una mayoría dispuesta a escuchar una propuesta electoral que retome ideas muy establecidas en la sociedad argentina como las de justicia, igualdad y bienestar, pero con propuestas de políticas públicas más eficientes y eficaces. El desafío es construir esa oferta política.

Matías Barroetaveña: Director del CEM.