Para intentar subsanar la instalación ilegal del enrejado de la Plaza de Mayo, la Legislatura porteña aprobó, en segunda lectura y con todo el arco opositor en contra, una modificación especial al Código Urbanístico aprobado a fines del año pasado, que convalida el cerco de seguridad que divide la histórica plaza. Sin embargo, Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que impulsaron el amparo por el montaje que efectuó el Ejecutivo porteño sin las autorizaciones correspondientes, sostuvo que “es un blanqueo parcial. Siguen siendo ilegales porque la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos las había rechazado. Y su posición es vinculante”.
Con 33 votos a favor y 22 en contra, los legisladores aprobaron el proyecto remitido por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para legalizar las rejas levantadas desde Avenida Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista.
El 28 de diciembre, el juez de primera instancia Osvaldo Otheguy hizo lugar al amparo presentado y declaró ilegales las rejas porque no se respetó el mecanismo legal para su instalación en la plaza, donde sólo se permiten trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes y todo proyecto modificatorio debe ser aprobado por ley. El magistrado le dio un plazo de 90 días al gobierno para solucionar el tema.
A pesar de la ley aprobada, Baldiviezo sostuvo que “no lograron subsanar todas las irregularidades. Tenían que haberle dado intervención previa a la Comisión de Monumentos y no lo hicieron. Cuando se la dieron, la comisión rechazó la instalación. Otheguy resolvió teniendo en cuenta la falta de ley, no la negativa vinculante de la Comisión. Por eso apelamos a la Cámara”.
