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Roggio contra la reforma de Erman: "NO SIRVE PARA NADA”

  Por Raúl Dellatorre  

Aldo Roggio, titular de la Cámara Argentina de la Construcción y miembro del poderoso nucleamiento empresario Grupo de los Ocho, no dudó: “Habrá otra reforma laboral”. Como se sabe el G-8 rechaza la propuesta de Antonio Erman González, que comenzó a debatirse la semana pasada en el Senado, y Roggio, en una entrevista exclusiva con Cash, no disimula su oposición. “No servirá para nada”, la descalifica. No se quiere jugar sobre la re-reelección, pero adelanta que el G-8 se pronunciará sobre el tema.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) desafió al gobierno de Carlos Menem al lanzarle sobre la mesa un programa de obras públicas que no sólo contradice el plan de autopistas que el Presidente apañó, sino que excede largamente el rol que la actual administración le asigna al Estado. Detrás del Plan Fundacional, se dibuja claramente la mano de Francisco Macri, vicepresidente de la CAC, un partidario de las políticas industriales tipo Brasil, posición que en más de una oportunidad lo llevó a confrontar con el Ministerio de Economía.

Pese a repartir el negocio a un universo más amplio de empresas que el Plan Laura, el proyecto de la CAC no concitó el apoyo del resto de las cámaras integrantes del Grupo de los Ocho. La “intervención” del Estado sigue asustando al grueso del establishment. “Lo que está en juego es un nuevo rol del Estado; si hablo de planificación me pueden malentender, pero está claro que el Estado va a tener que intervenir para hacer obras que se necesitan socialmente y que el mercado no va a resolver, porque no tiene un retorno de la inversión suficiente”, explicó Aldo Roggio. A falta de apoyos locales, Roggio busca respaldo en las políticas de fomento a la infraestructura del Banco Mundial, cuyos parámetros de inversión en la materia “no cumplimos ni remotamente”, asegura.

-¿La discusión sobre la reforma laboral está agotada?
-El Grupo de los Ocho ya ha definido que la reforma laboral que envió al Congreso el Ejecutivo no significa ningún avance, ni servirá para nada. Pero no descartamos que haya una segunda reforma, en la que se alcance un consenso entre todos los sectores, que será necesaria para tener una relación más moderna entre el capital y el trabajo.

-Ya sea esta o una futura reforma más afín a la propuesta por los Ocho, ¿cree que por sí misma puede garantizar la creación de empleo?
-Cualquier reforma laboral debe tener como destino final la generación de empleo. Pero ninguna reforma va a lograr mágicamente más empleo. En todo caso, lo que hace es mejorar el marco para generar inversiones.

-¿Con la rebaja de aportes patronales no sucede otro tanto?
-Tampoco es mágico, pero mejora el contexto.

-Hablando del contexto, ¿qué opinión tiene sobre el proyecto de otorgarle la posibilidad de una nueva reelección a Menem?
-Creo que nos tomó por sorpresa a todos. Hoy no tenemos una opinión. Pero la vamos a tener y dar más adelante.

El amigo Estado

-El plan de obras de infraestructura que elevaron al Ejecutivo se parece más a un programa de gobierno que a una propuesta sectorial...
-No es nuestra misión, pero hay falencias serias de infraestructura que arrancan desde hace tiempo. En los ‘80 se relegaron por la inestabilidad y la inflación y en los ‘90 fueron dejadas de lado por otras urgencias. Dentro del Gobierno, no hubo estudios del stock de obras ni de las prioridades a desarrollar. Ahora, cuando empieza a sentirse la necesidad de obras de infraestructura, cuando se ve que la producción y las exportaciones pueden verse afectadas, surgen los proyectos de los iluminados (aludiendo, sin mencionarlo, a Guillermo Laura y el plan de autopistas). La CAC ofrece su colaboración no para reemplazar al Estado, sino para dar su opinión.

-¿Podrán convencer a la opinión pública que están pensando en el interés general y no defendiendo, meramente, sus propios negocios?
-Podemos no ser lo suficientemente objetivos porque estamos involucrados comercialmente. Pero estamos pensando en todo el país y en las empresas de todos los tamaños, no sólo las grandes. El país necesita eso, obras que atiendan a la necesidad social de todo el territorio y no sólo obras gigantescas. Hay que buscar un equilibrio, no sólo pensar en grandes extensiones de autopistas que dejen al lado pueblos y ciudades con un mínimo porcentaje de población con agua corriente.

-¿Están replanteando el actual rol del Estado?
-Si hablo de planificación se puede malentender. Pero va a ser necesaria una coordinación por parte del Estado. Nadie piensa distinto en este punto. El sector público va a tener que intervenir para asegurar la realización de determinadas obras.

-¿Nadie? ¿Usted cree que Economía comparte este criterio del rol interventor del Estado?
-Pensar en hacer caminos exclusivamente en función de la rentabilidad del sector privado es una concepción puramente económica. Porque hay obras que el privado no va a hacer porque no le garantizan el retorno suficiente a la inversión. Hay obras que son socialmente necesarias, y en ellas el Estado va a tener que intervenir.

Haciendo lobby

-El Ejecutivo señaló, a través del jefe de Gabinete, que el proyecto Laura es el “proyecto Menem”. ¿Con quién esperan contar como aliado en el Gobierno para su proyecto alternativo de infraestructura?
-No entramos en ese tema. Pero pensamos que, además de autopistas, hay que hacer otras cosas. Hemos hablado y presentado el proyecto ante el Presidente de la Nación, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete. En el Congreso, en las comisiones de Obras Públicas de ambas cámaras, e iremos a las de Transporte. Estamos en la tarea de enterar a los gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad y a los partidos políticos. Por ahora, es simplemente informarlos. Después, supongo, vendrá un intercambio de opiniones y ahí sabremos qué piensa cada uno.

-Pero ante la explícita oposición del Gobierno, ¿no intentaron buscar apoyo en otros sectores?
-Estamos haciendo un planteo profesional. No queremos partidismo. Además, valoramos todo el esfuerzo del Ejecutivo en la transformación lograda y el hecho de haber presentado un proyecto que pone en debate el tema de la infraestructura. Por otra parte, el Gobierno viene de una serie de frustraciones en la materia, por burocracia, límites al endeudamiento y otra serie de problemas.


Textuales

“La reforma laboral del Gobierno no significa ningún avance.”

“Si hablo de planificación se puede malentender. El sector público va a tener que intervenir para asegurar la realización de determinadas obras.”

“Hay obras que el privado no va a hacer porque no le garantizan el retorno suficiente a la inversión.”

“Pensamos que además de autopistas, hay que hacer otras cosas.”

“El Gobierno viene de una serie de frustraciones en el tema de infraestructura.”

“La re-reelección nos tomó por sorpresa a todos. Hoy no tenemos una opinión. Pero la vamos a tener y dar más adelante.”


Plan para cruzar a Laura

La propuesta “Infraestructura para el crecimiento” que impulsa la Cámara Argentina de la Construcción contempla un programa de obras de corto plazo por 10 mil millones de dólares (en vías terrestres y navegables), de 19.500 millones de dólares en el mediano plazo (infraestructura, medio ambiente, transporte, viviendas, agua potable y control de inundaciones, entre otras) y la creación de un fondo fiduciario de 7800 millones en obras de infraestructura provinciales y municipales.

El ambicioso plan, que excede ampliamente al Plan Laura de autopistas, apoyado por el gobierno nacional, se financiaría en su faz de corto plazo, con fondos recaudados por peaje, adelantos de la privatización del Banco Hipotecario, un impuesto a los combustibles de 7 centavos por litro (el Laura exige 10 centavos) más un crédito de corto plazo de 4300 millones de dólares. El gravamen a las naftas no sería recaudado por el fisco, sino que pasaría a un fondo fideicomisario que lo asignará a los constructores o los acumulará, generando así un recurso prestable para otros emprendimientos. Además, mantendría el sistema de concesión por peaje de las rutas más rentables, pero renegociando los actuales contratos para derivar fondos a la construcción de caminos y banquinas.

El proyecto asume que el programa genera menor presión tributaria que el Plan Laura, descomprime el plan anual de inversiones financiado por el presupuesto nacional y dejaría un saldo disponible, al finalizar el período total del proyecto (25 años) un saldo disponible de 17.800 millones de dólares: 10.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos y 7800 millones del fondo fiduciario mixto.