“Terminar
con la desocupación...”
Por
Roberto Navarro
 Víctor
De Gennaro, líder de CTA, es uno de los principales referentes
del Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo). La agrupación,
que reúne a sindicalistas, políticos, empresarios,
asociaciones de defensa de los derechos humanos y otras organizaciones
no gubernamentales, tiene como lema y como objetivo fundamental
que no haya ningún hogar pobre en la Argentina. En medio
de una crisis terminal, que empujó a la pobreza al 40 por
ciento de la población, el Frenapo propone la instrumentación
de un seguro de empleo y formación para todos los jefes de
hogar desocupados, una asignación universal para todos los
menores de 18 años y otra para los mayores de 60 años
sin cobertura previsional. Para impulsar su propuesta llamaron a
una consulta popular para los días 13, 14 y 15 de diciembre.
Entrevistado por Cash, el dirigente aseguró que la consulta
tiene que servir para presionar al sector político para que
modifique el modelo económico. De Gennaro responsabilizó
al viejo sindicalismo de “ser cómplices del proceso
de concentración de la riqueza y del empobrecimiento de los
argentinos”.
¿Por qué la propuesta del seguro de empleo logró
unir a organizaciones con intereses tan diversos?
–Arturo Jauretche dijo dadme un punto de coincidencia
y construiré una patria. Ellos, los que están en el
poder hace más de dos décadas, construyeron convocando
a la timba; nosotros lo vamos a hacer convocando al trabajo. Esta
idea es un punto de coincidencia. Están las asociaciones
de derechos humanos, los empresarios, la Federación Agraria,
los religiosos, los políticos. Grupos que tienen otras prioridades,
pero que entienden que terminar con la pobreza es lo fundamental.
¿Cómo llegó un país que se caracterizaba
por su clase media a tener que pensar en redistribuir por ley?
–La aplicación de la apertura, las privatizaciones,
el libre movimiento de capitales, la desregulación y la inserción
pasiva en la globalización trajeron como mayor consecuencia
visible el desempleo y la pobreza. Sobre ese punto debemos trabajar.
La crisis no fue como una inundación que nos afectó
a todos por igual: tuvo ganadores y perdedores. La corrección
pasa porque los ganadores aporten ahora para paliar la situación
de los perdedores. La principal causa fue la altísima rentabilidad
de algunos sectores. Por ejemplo, el de servicios. Se les aseguró
una renta excepcional, en detrimento del aparato productivo y de
la gente.
¿Y esta propuesta puede revertir esa situación?
–Llegamos a esta situación por la corrupción
y la entrega del patrimonio nacional. Al principio de los 90 hubo
muchos compatriotas que creyeron que la propuesta de Menem era el
camino. Ahora la mayoría de nuestro pueblo dijo basta. Los
que se sentaron en el Ministerio de Economía todos estos
años tenían sus intereses, defendían a los
que se enriquecían. La única manera de defender la
vida de nuestros pibes es que estemos nosotros peleando por ellos.
Pelear el futuro, comprometernos. Necesitamos que todos participen.
También para defender un interés: el que decidamos
entre todos. Seguramente terminar con la desocupación y la
pobreza será lo que nos una.
¿Hay espacio político para que prospere la propuesta?
–El repudio que hubo el 14 de octubre hacia el plan del
poder que nos gobierna fue total. Es un problema de relación
de fuerzas. Martínez de Hoz no vino a preguntarnos si nos
gustaba el plan; organizó un genocidio. Ahora lo están
completando con estas políticas. Las propuestas no son técnicas,
son políticas. Si la consulta es una expresión débil
y muy poca gente se expresa a favor, la posibilidad de que sea tenido
en cuenta es mínima. Pero por lo que estamos viendo es que
va a haber un aluvión de votos que va a convencer a los políticos
de que esto es lo quiere la gente.
Los políticos no siempre hacen lo que quiere la gente.
–Pedirle a Telefónica, que gana en Argentina cuatro
veces lo que gana en España, que aporte algo no creo que
esté mal. Es un problema político. Hay más
de 100 concejos deliberantes que apoyan la consulta popular. La
Comisión de Legislación Laboral aprobó el seguro.
La consulta está reglamentada, pero el Gobierno no la convoca.
Lo que hay que elegir en una crisis es una prioridad. La nuestra
es que no haya más pobres.
¿Por qué piensan que la propuesta ganó adeptos
entre muchos economistas, que ahora dicen que si no se le da dinero
a la gente no habrá reactivación?
–Me parece muy valioso que haya economistas que estén
tomando la idea. Pero hay economistas y economistas. Están
los que trabajan para los grupos hegemónicos y los que abren
su técnica para trabajar en el campo popular. La idea surge
de los técnicos y la toman las organizaciones sociales. La
propuesta equivale al 4 por ciento de lo que se produce en el país.
Riqueza sobra, lo que hay que hacer es distribuirla. Apunta a solucionar
la preocupación central de todos los argentinos.
¿Qué efectos tendría sobre la sociedad la
concreción del seguro en los términos en que está
presentada?
–Tendría múltiples efectos positivos. Los
que tienen la vocación de resolver la conflictividad con
represión les damos esta solución: los piqueteros
piden trabajo, los que cortan las rutas piden trabajo, esto es ir
al centro de la mayor cantidad de problemas. Tendríamos una
sociedad mejor, porque el empleo dignifica. Está demostrado
que los países que tienen mejor distribución de la
riqueza son los que tienen menor delito. Como Suecia y Noruega.
Mejoraría la educación, la salud. Además, el
desempleo no es un problema sólo de los desocupados, porque
reduce los salarios de todos. La propuesta es ningún pobre
en la Argentina. Quién puede dudar que va a ser maravilloso.
|
“La
deuda
es
ilegítima”
¿Cómo
se debe resolver el problema de la deuda pública?
–La deuda es inmoral, es ilegítima
y ha sido una forma de financiar la desindustrialización
del país. La deuda es el eje de este modelo. La generó
Martínez de Hoz y la estatizó Cavallo. Hay en
ella una parte financiera y una parte política que
nos condiciona. El Gobierno habla de lo social, del mercado
interno y de la deuda. Pero sólo se ocupa de asegurar
el pago de la deuda. Nosotros planteamos arreglar lo social,
recuperar el mercado interno y, con esa fuerza política
que significa encontrarnos todos los argentinos, discutir
en serio esta inmoralidad de la deuda externa. Cada peso que
se pague es más pobreza para el pueblo y eso es intolerable.
|
Críticas
al viejo sindicalismo
“Son
empresarios”
¿Qué
responsabilidad tuvo el viejo sindicalismo en la actual crisis?
–Hay sindicalistas que no sólo piensan como empresarios,
sino que se transformaron en empresarios. Crearon una estructura
que maneja acciones de empresas privatizadas, ART y todo tipo
de negocios. Fueron una opción dentro del modelo y
se convirtieron en cómplices del plan que hundió
en la pobreza a los argentinos. Pero también estamos
los que actuamos de otra manera.
¿La gente los diferencia?
–La mayoría de nuestro pueblo tiene dudas.
Y existen quienes diferencian. Y no sólo en el campo
sindical. Hay una crisis de dirigentes, pero no es lo mismo
Guillermo Alchouron, de la Sociedad Rural, que Eduardo Bussi,
de la Federación Agraria. No son lo mismo los periodistas
comprometidos con la verdad que los que trabajan de voceros
del poder económico. No son lo mismo los religiosos
que bendijeron los negocios de los grupos de poder que los
obispos que van a las marchas por los derechos humanos. Hay
de todo y hay que aprender a diferenciar.
|
La propuesta
del Frente Nacional Contra la Pobreza
“Ningún
hogar pobre en la Argentina”
Por
R.N.
La
propuesta del Frenapo para que no haya ningún hogar pobre
en Argentina consiste en implementar un seguro de empleo y formación
mediante el cual todos los jefes de familia desocupados reciban
un ingreso mensual de 380 pesos. Además, el plan incluye
una asignación universal de 60 pesos por mes para todos los
menores de 18 años y otra de 150 pesos para todos los mayores
de sesenta años que no tengan cobertura previsional. La idea
fue lanzada por CTA durante la campaña electoral de 1999
y fue cosechando adhesiones de distintas organizaciones no gubernamentales
hasta llegar a conformar el Frenapo en julio último.
Cuando CTA presentó la propuesta hace dos años ninguno
de los partidos mayoritarios la tomó en cuenta. En la actualidad,
cada vez más economistas concuerdan en que, si no se implementa
un plan de redistribución de ingresos, la economía
no se va a reactivar. Como adelantó Cash hace dos semanas,
según el relevamiento realizado por el Indec, la distribución
del ingreso es la peor de la historia. El diez por ciento más
rico de la población gana, en promedio, 29 veces más
que el diez por ciento más pobre. Y el 50 por ciento de los
trabajadores gana menos de 400 pesos.
Aunque la consulta no es vinculante, porque no la organiza el Estado,
la intención de los organizadores es instalar el tema en
la agenda política. Para financiar el proyecto, que supone
una erogación estatal de 12.200 millones de pesos anuales,
se propone un menú de opciones: la eliminación de
las exenciones al impuesto a las ganancias, que puede recaudar 5700
millones de pesos; la restitución de los aportes patronales
de las empresas del sector financiero y de servicios, que significaría
una recaudación de 1500 millones; la restitución de
impuestos internos a bienes suntuosos sumaría 1000 millones
y la eliminación de subsidios a empresas privatizadas le
ahorraría al fisco 487 millones anuales. Además, el
proyecto contempla utilizar todos los recursos que destina el Estado
a subsidios sociales. Entre todos los planes suman 3700 millones.
Por último, los economistas que elaboraron el plan calculan
que el aumento de la demanda que provocaría la nueva distribución
de ingresos se reflejaría en un aumento de la recaudación
impositiva superior a los 5700 millones de pesos. El Frenapo va
a instalar puestos de votación en todo el país. Las
mesas estarán en las veredas, plazas, sindicatos, cooperativas,
fábricas y distintos puntos en más de 1000 ciudades
argentinas. El frente está constituido, entre otros, por
CTA, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, Apyme, Federación Agraria,
Attac, el Centro de Estudio Legales y Sociales y la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos.
|
