La Cámara Penal de Rosario confirmó ayer la prisión preventiva del hombre acusado de privar de su libertad y reducir a la servidumbre a una mujer durante 22 años. En la misma resolución, fue liberado el padre del agresor, acusado como partícipe. "Para esta Fiscalía, el relato de la víctima es la prueba fundamental. No tengo las cadenas y candados que usó", dijo la fiscal Luciana Vallarella, quien dio detalles de cómo el acusado sometía a la víctima de 42 años. "La hacía rezar arrodillada y pedir perdón por lo puta que había sido", aseguró. El camarista Javier Beltramone cuestionó la figura de reducción a la servidumbre, pero planteó que deberá tratarse en una audiencia de revisión de la prisión, en primera instancia. Para la fiscal "se requiere perspectiva de género. Partimos de que las leyes fueron hechas por hombres, sin tener en cuenta la situación de las mujeres", expresó sobre el trabajo que realiza para encuadrar el caso en las figuras penales existentes.

La audiencia en la Alzada fue pedida por la defensa de los imputados luego de que la fiscal imputara a Oscar Racco el delito de privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre (esta figura se achacó una semana después que la primera), por lo que enfrenta una pena de entre 4 y 15 años de prisión. Cuando amplió la acusación al agresor, Vallarella también imputó a su padre, de 85 años, por entender que no podía desconocer la situación ya que todos vivían en la misma casa. "Los primeros dos años, la dejaba encadenada a la cama y ella tenía que golpear el piso del altillo con un palo si quería ir al baño", aseguró. El padre del hombre estuvo en prisión domiciliaria, pero ayer recuperó la libertad aunque sigue ligado a la causa.

La defensa llevó a la audiencia fotos de las redes sociales de la mujer que no era conocida con su nombre real. Eso, para la fiscal, es prueba de que el acusado tenía control sobre su vida y su identidad. "Hace unos años estuvo rapada y usaba ropa de varón para salir a la calle, siempre acompañada por él", dijo Vallarella. El abogado de los imputados también planteó que hay dos expedientes civiles, uno por la tenencia del hijo de la mujer, que le fue otorgada al padre; y otro por una presentación que hizo el padre de la víctima. El magistrado preguntó si la familia de la mujer había hecho una denuncia penal.

Vallarella hizo un relato de cómo empezó la privación de la libertad y de las pocas herramientas que tenía la familia. La víctima tenía un hijo de dos años y medio y estaba separada cuando conoció a Racco. "La relación fue violenta y controladora desde el principio: el la llamaba unas 20 veces por día a la casa donde ella vivía con su familia. El 6 de mayo de 1996 se la llevó y la aisló. La había visto en el trabajo hablando con un hombre. La fue a ver y la entró a golpes a la casa cuando ella salió", relató. "Yo siempre estaba a su alcance. El controlaba todo lo que hacía y decía, cuándo me levantaba y cuándo me iba a dormir", dijo la mujer que pudo escapar el 8 de mayo pasado a una estación de servicio donde la ayudaron a contactar a su familia. También fue acompañada por el área de asistencia a las víctimas de violencia de género de la Municipalidad.

Para mostrar el aislamiento en el que mantenía a la mujer, la fiscal dijo: "Buscamos registros en el sistema de salud y tiene solo una consulta, de principio de este año, donde fue con él y dieron un domicilio falso". También agregó que el acusado la mantenía amenazada con que algo le pasaría a su hijo y a su familia si ella no obedecía. En ese tiempo, el padre del chico tramitó la tenencia. Y si bien su familia insistió para verla, también era amenazada, hasta con armas. "Encontramos municiones en el allanamiento", dijo la fiscal.

Además, cuestionó las dudas con respecto a la calificación penal. "Los expedientes civiles no son prueba que permitan demostrar las figuras que imputamos, sino justificar cuestiones que parten de prejuicios, como ser una buena madre y que los padres de la chica no insistieron para contactarla. Tenemos muchos elementos que contextualizan el relato de la víctima y la familia. El imputado anuló su posibilidad de autodeterminarse y por eso se da el delito de reducción a servidumbre", aseguró la fiscal.